Más de 30.000 personas de España, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica han firmado hasta este lunes una petición para exigir al Estado paraguayo que entregue a familias campesinas la tierra donde ocurrió la masacre de Curuguaty en junio de 2012.

Las principales organizaciones y asociaciones campesinas de distintos países de Latinoamérica exigieron hoy a los mandatarios de Paraguay y Guatemala, que restituyan las "tierras despojadas de forma ilegal y con violencia" a las comunidades de labriegos.

Como los países vecinos, el Paraguay debe adoptar medidas nacionalistas sobre la propiedad de la tierra.

El gobierno paraguayo debió aceptar hoy ante una reunión con dirigentes de las más importantes organizaciones campesinas la gravedad de la desaparición de la agricultura familiar en el país y la creciente extranjerización de la tierra.

Precios competitivos y favorables condiciones impositivas son el principal foco de atracción. Se estima que hay entre 1,8 y 2 millones de hectáreas en Paraguay que son propiedad de uruguayos.

El día 15 de junio de 2012, 17 personas—once campesinos y seis policías—murieron durante un operativo fiscal-policial con fines de desalojo, efectuado contra familias campesinas sin tierra que habían ocupado un predio conocido como Marina Kue, en el distrito de Curuguaty de Paraguay.

A dos años del golpe parlamentario que expulsara al gobierno de Fernando Lugo, el Frente Guasu sostiene que esta medida se llevó a cabo básicamente por el litigio de las tierras y las políticas públicas de dicho gobierno.

La Laguna S.A. justificó la violencia en Y’apo. El fiscal Lorenzo Lezcano advirtió hoy que la empresa actuó sin orden judicial.

Señaló que en Paraguay "luchar por la tierra puede costarte la vida" y que el acaparamiento de tierras expulsó a más de 500.000 jóvenes del campo.

En esta ocasión, la fiesta está enfocada en el "acaparamiento de tierras". Por ello, exposiciones y carteles recuerdan la situación que están viviendo numerosos jóvenes en Paraguay, en concreto en Curuguaty, personas "que han perdido su tierra y su medio de vida por la operación fraudulenta de una empresa productora de soja".

Las mismas se habían construído en los terrenos recuperados por el Estado, y que eran explotados por brasiguayos, que tenían cultivos extensivos (mecanizados).

En los últimos diez años, denuncia la ONG, más de 900.000 personas han sido expulsadas del campo, 585.000 de ellas, jóvenes menores de 30 años.