México: Acaparamiento de tierras en la península de Yucatán

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23-8-2021, Nexos

Gabriela Torres-Mazuera

Desde hace dos décadas, la Península de Yucatán se ha convertido en un lugar atractivo para inversiones públicas y privadas que han provocado cambios de uso de suelo y procesos de privatización de las tierras ejidales, las cuales conforman el 60 % del territorio regional. Esta transformación es producto del acaparamiento de tierras y está vinculada al desplazamiento de capitales que han llegado a la Península a causa de una crisis hídrica, de seguridad pública y energética en otras zonas de México.

En contraste con otros países de América Latina donde capitales foráneos han logrado el control de superficies extensas de tierras agrícolas, en México el acaparamiento de tierras parecía inexistente. El pequeño porcentaje (menor al 5 %) de conversión de tierras ejidales a propiedad privada ponía en duda los presagios en torno a la privatización de las tierras ejidales a partir de la reforma del artículo 27 constitucional de 1992.1 No obstante, si analizamos lo que está sucediendo con las tierras de uso común ejidal, nuestra percepción se modifica.

Privatización de las tierras de uso común

Las tierras de uso común de los ejidos, “constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido” (Art. 73, Ley Agraria). En el sureste mexicano, son las tierras con mayor riqueza en términos de biodiversidad, ya que en ellas se encuentran bosques, selvas y fauna asociada (recordemos que, a nivel nacional, el 70 % de los bosques se encuentra bajo el régimen de propiedad social). También constituyen el principal patrimonio colectivo de los habitantes campesinos e indígenas quienes, con y sin derechos agrarios, históricamente las han usufructuado para hacer la milpa, practicar la apicultura y la cacería, y para abastecerse de leña y plantas medicinales.

Las tierras de uso común ejidal, concebidas por empresarios y gobierno como “improductivas” y disponibles para ser “explotadas”, están hoy gravemente amenazadas por proyectos de desarrollo económico de pequeña y gran envergadura. Entre 1994 y 2018, una superficie de 355 304 hectáreas de uso común en la Península de Yucatán fue parcelada y titulada individualmente; en el mismo periodo, 190 780 hectáreas fueron convertidas a dominio pleno. Desde la perspectiva de los ejidos, este proceso puede significar la privatización de más del 70 % de sus tierras de uso común.2

Parcelamiento ilegal, mafia agraria y acaparamientos

Los nuevos acaparamientos de tierras se caracterizan por el control que el capital ejerce para redefinir usos, significados y valores de la tierra agrícola y otros recursos, con fines de acumulación capitalista.3 Para el caso mexicano, proponemos concebir el acaparamiento como un proceso por el cual la tierra, bajo régimen de propiedad ejidal, es “extraída” de un modelo de economía campesina para ser incorporada a un mercado capitalista bajo un nuevo régimen de propiedad (privada) y uso de suelo (generalmente de forestal a agrícola o urbano). Lo interesante de este proceso, que supone un conjunto de “trámites” comenzando por el “cambio de destino” o parcelamiento de tierras de uso común, es que la sola conversión de la tenencia (de uso común a parcelada, o de parcelada a dominio pleno) genera valor. En efecto, el precio de un predio parcelado y titulado es mayor a la de un tramo de tierra comunal de la misma superficie.

En mis recorridos por varios ejidos de Yucatán me encontré, en numerosas ocasiones, con una práctica que, de inicio, me pareció incomprensible: empresarios que habían promovido los cambios de destino de tierras comunales de extensiones que variaban entre las 500 a las 2000 hectáreas y habían pagado a los ejidatarios con sus propias tierras, ahora parcelas y tituladas a su nombre.

Para comprender por qué los ejidatarios estaban dispuestos a recibir en pago sus propias tierras debemos considerar otra de las particularidades de estas transacciones. Los “cambios de destino” suponen un alto costo económico en la medida en que, por lo general, son procedimientos violatorios a la Ley Agraria, y otras legislaciones que regulan el ordenamiento territorial. Recordemos que la Ley Agraria define las tierras de uso común como inalienables, y prohíbe su parcelamiento cuando éstas tienen cubierta forestal (Art. 59 y 74).  Entonces, ¿cómo se consigue privatizarlas?

En un informe publicado este año por el Consejo civil mexicano por la silvicultura sostenible identificamos un conjunto de acciones agrarias concebidas para sortear las restricciones establecidas por la Ley Agraria respecto a la parcelación de tierras de uso común con cubierta forestal. Destacan la división en dos de un mismo ejido, lo cual permitió la entrada de empresarios y el parcelamiento del ejido recién creado; la conversión de las tierras de uso común a asentamiento humano, lo cual permitió evadir el dictamen de Semarnat para establecer si existía cubierta forestal y generar solares urbanos; los contratos de usufructo para diversos tipos de emprendimientos capitalistas que suponen el cambio de uso de suelo y el control total de las tierras de uso común por parte de empresarios. El análisis de estas transacciones nos permitió identificar anomalías sistémicas: en particular la celeridad con la que se realizaron los trámites entre 2012 y 2014, o la inclusión como ejidatarios de personas que no cumplían con los requisitos legales (en concreto, ser avecindados de los ejidos), en más de un ejido.4

A partir de la investigación de campo, y después de entrevistar a múltiples personas (ejidatarios, abogados, funcionarios agrarios), en 2018 logramos comprender que el aumento en los cambios de destino de tierras de uso común en Yucatán sucedió a la par del fortalecimiento de un pequeño grupo de intermediarios que, en algún momento, fueron funcionarios del Registro Agrario Nacional o de la Procuraduría Agraria. Estos forman parte de una red de actores con gran poder económico y político (empresarios, notarios, abogados) —una “mafia agraria”— que consiguió acaparar y privatizar las tierras de uso común localizadas en ubicaciones estratégicas para el desarrollo turístico, urbano, agroindustrial y energético.

Crisis socioambientales y expansión capitalista

En la actualidad, el acaparamiento de tierras se produce en contextos de crisis socioambientales. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) determina que dicho fenómeno ocurrió en países de América Latina, África y Asia derivado de la crisis provocada por el alza de precio en granos básicos de 2007-2008.5 Para el caso mexicano son, sin embargo, las crisis nacionales las que han dinamizado el acaparamiento.

En la década de 2010, la crisis de seguridad pública nacional provocó la reubicación de capitales y personas provenientes de estados como Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y la Ciudad de México, que invirtieron en proyectos inmobiliarios y turísticos en la Península de Yucatán. En las últimas tres décadas, la superficie urbana en los tres estados de la región creció 88 000 hectáreas; pasó de 33 900 hectáreas (339 km2) en 1990 a 122 000 hectáreas (1221 km2) en 2019. Si bien entre los años 1990 y 2000 el crecimiento urbano en los tres estados se realizó principalmente sobre propiedad privada, a partir de 2010 este proceso se ha revertido; en la actualidad, el 42 % de la mancha urbana se encuentra sobre propiedad ejidal, ya sea en parcelas, tierras de uso común o tierras de asentamiento humano. De estas últimas, es importante señalar que en 2018 sólo el 14.7% estaban urbanizadas de facto, lo que revela los fines especulativos de dichas conversiones de propiedad.6

Hoy en día, la Península de Yucatán es vista como un lugar seguro, con agua abundante (el acuífero maya es una de las reservas hídricas más importantes del país) y extensos ejidos con relativo potencial para la agricultura intensiva. Desde los años 2000, la región se ha vuelto atractiva para productores agrícolas de regiones del país asoladas por el narcotráfico como Veracruz y Tamaulipas; también atrajo productores de Chihuahua, Durango y Zacatecas, en particular granjeros menonitas, quienes llegaron en búsqueda de tierras cultivables y agua.

Diversos megaproyectos agroindustriales se han establecido generando un aumento en la producción de granos como la soya y el maíz, y la palma africana. Entre 1990 y 2018 la superficie sembrada en la Península de Yucatán aumentó 250 400 hectáreas. Este incremento sucedió particularmente en Campeche, donde la superficie sembrada se triplicó.7 La expansión de cultivos como la soya sobre tierras ejidales en Campeche y Quintana Roo ha provocado un proceso de privatización de facto de tierras de uso común, así como la progresiva expulsión de campesinos mayas que usufructuaban estas tierras. Al desarrollo agrícola se añade el crecimiento de la actividad porcícola y avícola a gran escala, en particular en Yucatán, donde la producción avícola aumentó cuatro veces y la porcícola se duplicó entre 1990 y 2018.8

La transición energética a nivel nacional también ha impactado a la Península de Yucatán concebida, ahora, como una región con gran potencial para los proyectos de energías renovables. En la actualidad existen unos 24 proyectos eólicos y 20 proyectos solares en la región; el total de superficie que ocupan esos proyectos es de 40 644 hectáreas para eólicos y 6532 hectáreas para solares en los tres estados, siendo que el 52.9 % y 18.7 % de estos, respectivamente, abarcan tierras ejidales.

Finalmente, hoy se encuentra en desarrollo en la Península uno de los proyectos prioritarios del gobierno Federal: el Tren Maya. Este proyecto requiere de extensas superficies de tierras de uso común para el desarrollo de las estaciones, las cuales se adquieren por diferentes procedimientos.

La reconfiguración territorial de la Península es tangible para los ejidatarios y campesinos mayas. Nuevas fronteras están surgiendo al interior de los ejidos y municipios, con áreas privatizadas para el desarrollo de variados proyectos productivos que, por lo general, implican más afectaciones socioambientales que beneficios para la población local. No es de extrañar, entonces, el surgimiento de nuevas batallas socio-legales contra emprendimientos que se perciben como extractivistas, las cuales están articulando a diversos sectores sociales de la región en torno a demandas por el medio ambiente sano, la defensa del patrimonio biocultural y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Gabriela Torres-Mazuera
Profesora-investigadora CIESAS, sede Peninsular

1 Véase, por ejemplo, Robles Berlanga, H. “(Trans)national agribusiness capital and land market dynamics in Mexico”, Canadian Journal of Development Studies, 33:4, 2012, pp. 529-551.

2 Por privatización comprendemos la concentración de más derechos (a usufructuar, transferir, heredar, enajenar) en un solo titular. Desde este enfoque existen diferentes grados de privatización de la tierra.

3 Véase Borras Saturnino, K., et al. “Land grabbing and global capitalist accumulation: key features in Latin America”. Canadian Journal of Development Studies, 33(4), 2012, pp.402-416.

4 Véase Torres-Mazuera Gabriela, con la colaboración de Madrid Sergio y Benet Raúl. 2021. Tres décadas de privatización y despojo en la Península de Yucatán. México, Consejo Civil Mexicano por la Silvicultura Sostenible.

5 Gómez S. Dinámica del mercado de la tierra en América Latina y el caribe. Summary Paper, Santiago, FAO, 2011.

6 Colectivo Geocomunes, et al. Expansión capitalista y propiedad social en la Península de Yucatán, Geocomunes, 2020.

7 Datos del Sistema de Información Agropecuaria.

8 Ibid.

9 Colectivo Geocomunes, et al., ob. cit.
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