7-4-2020, E-Consulta
Ven presiones para que la empresa pueda extenderse en el municipio de Cuyoaco
Por Laura Ruiz
El Movimiento para la Defensa del Agua y la Tierra (MODAT) acusa que la empresa Granjas Carroll de México S. A de C. V. (GCM) y autoridades estatales amenazaron a ejidatarios de Cuyoaco como una forma de presión para que liberen y vendan tierras.
Mediante un comunicado recordaron que en 2017 la empresa comenzó a comprar terrenos en el ejido de Guadalupe Victoria con miras a ampliar sus instalaciones.
Sin embargo estas compras se hicieron de manera irregular pues no respetaron lo previsto por la ley agraria, afectaron los intereses de otros ejidatarios de la comunidad y ellos han impedido la ocupación de los predios comprados y nuevas ventas.
Con los gobiernos previos, recibieron presiones de las autoridades estatales para liberar las tierras y vender otras más. Del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta esperaban un cambio, pero no ha sido así.
El 13 de marzo citaron a uno de sus representantes para pedirle facilidades y al negarse, hacia finales de mes se registró un enfrentamiento verbal en el ejido.
Los hechos ocurrieron el 30 de marzo cuando representantes de la empresa se presentaron acompañados por policías ministeriales y agentes de la fiscalía estatal.
Los funcionarios y representantes de la empresa, acusan, amenazaron con que denunciarían a los representantes e inconformes y temen que se les señale por haberles secuestrado.
Ven presiones para que la empresa pueda extenderse en el municipio de Cuyoaco
Por Laura Ruiz
El Movimiento para la Defensa del Agua y la Tierra (MODAT) acusa que la empresa Granjas Carroll de México S. A de C. V. (GCM) y autoridades estatales amenazaron a ejidatarios de Cuyoaco como una forma de presión para que liberen y vendan tierras.
Mediante un comunicado recordaron que en 2017 la empresa comenzó a comprar terrenos en el ejido de Guadalupe Victoria con miras a ampliar sus instalaciones.
Sin embargo estas compras se hicieron de manera irregular pues no respetaron lo previsto por la ley agraria, afectaron los intereses de otros ejidatarios de la comunidad y ellos han impedido la ocupación de los predios comprados y nuevas ventas.
Con los gobiernos previos, recibieron presiones de las autoridades estatales para liberar las tierras y vender otras más. Del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta esperaban un cambio, pero no ha sido así.
El 13 de marzo citaron a uno de sus representantes para pedirle facilidades y al negarse, hacia finales de mes se registró un enfrentamiento verbal en el ejido.
Los hechos ocurrieron el 30 de marzo cuando representantes de la empresa se presentaron acompañados por policías ministeriales y agentes de la fiscalía estatal.
Los funcionarios y representantes de la empresa, acusan, amenazaron con que denunciarían a los representantes e inconformes y temen que se les señale por haberles secuestrado.
