9-7-2019, El País
El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque advierte que la extranjerización de la tierra ha alentado a un modelo agroindustrial que ha relegado a la agricultura tradicional.
Estudios de la Fundación Tierra afirman que el Gobierno dejó de cumplir la verificación de la función económico-social (FES) de la tierra, lo que está alentando la apropiación de tierras fiscales para la producción agroindustrial, con consecuencias depredadoras. La extranjerización de la tierra también ha profundizado el modelo del agronegocio.
En entrevista con ANF, el director ejecutivo de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque afirmó que ejemplo de este fenómeno es el caso de 7.000 hectáreas de tierras fiscales en manos de menonitas en el departamento de Beni que lo obtuvieron de manera ilegal y que nunca fueron revertidas a pesar de los anuncios del Gobierno. Un vasto bosque ya ha sido deforestado para la producción masiva.
Ya no son sólo brasileños, ahora también son argentinos, paraguayos y colombianos que están comprando tierras en el oriente de allegados políticos al régimen, consolidándose así un sistema extractivista y depredador del medio ambiente, ha denunciado la Fundación Tierra.
Una mayor “extranjerización de la tierra” está trayendo como consecuencia mayor preponderancia del agronegocio frente a la producción tradicional de alimentos que va perdiendo terreno, agravada, además, por una creciente migración rural hacia las ciudades, dijo Colque.
“Dos tercios de la tierra cultivada se usa para producir soya de exportación y no para alimentos; por eso la importación crece cada año y ahora importamos alimentos por 800 millones de dólares anuales”, dijo.
El caso más ilustrativo es el de la papa. Una arroba del producto cuesta 12 soles en Perú, un precio que no permite competir al productor local y el resultado es que muchos agricultores están dejando de serlo para convertirse en consumidores, según el investigador.
La paradoja, según Colque, es que el gran productor tiene incentivos y subvenciones como ocurre actualmente con la producción de biocombustible, “mientras el pequeño productor está condenado a sobrevivir en el mercado informal como proveedor barato de los pobres”.
Además, se ha perdido el “eslabonamiento en la producción”. “Lo poco que tenemos para industrializar son pequeños nichos de alimento orgánicos; en el resto se ha roto la conexión entre productores e industriales”, dijo.
“Lo único que parece estar en la mesa de negociación entre gobierno y agroindustriales, es que parte de la soya se quede en el país como alimento para pollos. Bajo ese argumento los agroindustriales dicen que aportan a la soberanía alimentaria”, sostuvo.
Otra situación crítica, se da con las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). A partir de la experiencia del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que fue negativa para el Gobierno en términos políticos, se ha suspendido la titulación de nuevas de TCO, según Colque, como es el caso del pueblo Tacana II en el norte de La Paz, que espera por casi dos décadas su titulación.
“El objetivo es explorar hidrocarburos en la provincia amazónica de Madre de Dios en Beni y Pando y si permite más TCO empoderará a los indígenas que después rechazarán sus planes de explotación extractivista. Esa la decisión política”, dijo.
Según el director de la Fundación Tierra, la situación ha dado lugar a un estancamiento de la producción alimentaria. “El pequeño y mediano productor ya no tiene un lugar en el sistema productivo y las consecuencias se verán cuando se desate una crisis en el país. En ese momento habrá desabastecimiento en el mercado con un sistema tradicional al borde la extinción”.
El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque advierte que la extranjerización de la tierra ha alentado a un modelo agroindustrial que ha relegado a la agricultura tradicional.
Estudios de la Fundación Tierra afirman que el Gobierno dejó de cumplir la verificación de la función económico-social (FES) de la tierra, lo que está alentando la apropiación de tierras fiscales para la producción agroindustrial, con consecuencias depredadoras. La extranjerización de la tierra también ha profundizado el modelo del agronegocio.
En entrevista con ANF, el director ejecutivo de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque afirmó que ejemplo de este fenómeno es el caso de 7.000 hectáreas de tierras fiscales en manos de menonitas en el departamento de Beni que lo obtuvieron de manera ilegal y que nunca fueron revertidas a pesar de los anuncios del Gobierno. Un vasto bosque ya ha sido deforestado para la producción masiva.
Ya no son sólo brasileños, ahora también son argentinos, paraguayos y colombianos que están comprando tierras en el oriente de allegados políticos al régimen, consolidándose así un sistema extractivista y depredador del medio ambiente, ha denunciado la Fundación Tierra.
Una mayor “extranjerización de la tierra” está trayendo como consecuencia mayor preponderancia del agronegocio frente a la producción tradicional de alimentos que va perdiendo terreno, agravada, además, por una creciente migración rural hacia las ciudades, dijo Colque.
“Dos tercios de la tierra cultivada se usa para producir soya de exportación y no para alimentos; por eso la importación crece cada año y ahora importamos alimentos por 800 millones de dólares anuales”, dijo.
El caso más ilustrativo es el de la papa. Una arroba del producto cuesta 12 soles en Perú, un precio que no permite competir al productor local y el resultado es que muchos agricultores están dejando de serlo para convertirse en consumidores, según el investigador.
La paradoja, según Colque, es que el gran productor tiene incentivos y subvenciones como ocurre actualmente con la producción de biocombustible, “mientras el pequeño productor está condenado a sobrevivir en el mercado informal como proveedor barato de los pobres”.
Además, se ha perdido el “eslabonamiento en la producción”. “Lo poco que tenemos para industrializar son pequeños nichos de alimento orgánicos; en el resto se ha roto la conexión entre productores e industriales”, dijo.
“Lo único que parece estar en la mesa de negociación entre gobierno y agroindustriales, es que parte de la soya se quede en el país como alimento para pollos. Bajo ese argumento los agroindustriales dicen que aportan a la soberanía alimentaria”, sostuvo.
Otra situación crítica, se da con las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). A partir de la experiencia del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que fue negativa para el Gobierno en términos políticos, se ha suspendido la titulación de nuevas de TCO, según Colque, como es el caso del pueblo Tacana II en el norte de La Paz, que espera por casi dos décadas su titulación.
“El objetivo es explorar hidrocarburos en la provincia amazónica de Madre de Dios en Beni y Pando y si permite más TCO empoderará a los indígenas que después rechazarán sus planes de explotación extractivista. Esa la decisión política”, dijo.
Según el director de la Fundación Tierra, la situación ha dado lugar a un estancamiento de la producción alimentaria. “El pequeño y mediano productor ya no tiene un lugar en el sistema productivo y las consecuencias se verán cuando se desate una crisis en el país. En ese momento habrá desabastecimiento en el mercado con un sistema tradicional al borde la extinción”.
