AFP | 27/05/2019
Los demandantes quieren que el grupo cumpla sus compromisos de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y residentes de las plantaciones de aceite de palma en Camerún.
Diez ONG y sindicatos demandan a Bolloré. Su objetivo: obtener la aplicación de medidas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y residentes de las plantaciones de aceite de palma en Camerún, gestionadas por una empresa de la que el grupo es accionista.
Sherpa, así como otras nueve asociaciones y sindicatos franceses, cameruneses, belgas y suizos, interponen una demanda ante el Tribunal Regional de Nanterre para solicitar la aplicación de un "plan de acción" concertado en 2013, según un comunicado.
Un expediente que se remonta al 2010
"Pedimos al juez francés que obligue al grupo Bolloré a cumplir con los compromisos contraídos en 2013 con las comunidades locales y los trabajadores de las plantaciones de Socapalm, una empresa de aceite de palma en Camerún directamente relacionada con el grupo", dice el comunicado.
Este caso se remonta al 2010: en ese momento, Sherpa y otras tres ONG lo habían remitido a un organismo de la OCDE, llamado Punto de Contacto Nacional (PNC), que había identificado "violaciones" de las directrices de la organización para las multinacionales.
Tres años más tarde, Sherpa y Bolloré habían iniciado una mediación que había dado lugar a un "plan de acción" para Socapalm, que desde entonces ha sido abandonado, según las ONG. "El impacto devastador de la explotación del aceite de palma sobre la salud, la contaminación, la deforestación o los derechos de los trabajadores es denunciado regularmente, pero ninguna acción parece haber logrado hasta la fecha cambiar las prácticas de los gigantes de la agroalimentación", dice la directora de Sherpa, Sandra Cossart. "Por lo tanto, nuestras organizaciones están recurriendo al poder judicial."
"No hay control operativo sobre las plantaciones"
Bolloré posee el 38,75% del holding luxemburgués Socfin, que a su vez posee, a través de otras dos empresas, una participación en Socapalm, según las ONG, que esperan "decisiones" en las asambleas generales de Socfin y Bolloré, previstas para el martes y el miércoles. "Es anormal y contraproducente que 10 asociaciones se reúnan para proceder de esta manera, en una protesta mediática concertada, para decir falsedades", reaccionó el abogado del grupo, Olivier Baratelli, al tiempo que precisó que desconocía los detalles de la citación.
"Bolloré sólo posee el 9,35% del capital de esta plantación camerunesa, mientras que el Estado camerunés es accionista del 27%", dijo, añadiendo que Bolloré "ha ejercido constantemente su influencia sobre Socfin, pero no tiene control operativo sobre sus plantaciones.
¿Un "contrato" no ejecutado?
El plan, que se puso a disposición de AFP, definió una lista de objetivos que el PNC hizo públicos el 17 de marzo de 2014. En particular, su objetivo era "garantizar" la seguridad en el trabajo para todos los trabajadores y mejorar "las condiciones de transporte y de vivienda" para que sean "dignas" y reducir el recurso de la subcontratación. El plan abogaba por la "solución amistosa de los conflictos" con los residentes locales después de la "violencia" por parte de los responsables de la seguridad de las plantaciones, así como por la resolución de los conflictos por la tierra, incluyendo un "sistema de compensación individual, justa y equitativa".
También tenía como objetivo "prevenir todo tipo de molestias existentes (gestión de residuos, ruido, calidad del aire y del agua)" y "apoyar a las autoridades sanitarias locales en sus esfuerzos por detectar enfermedades relacionadas con el daño medioambiental". Para Sherpa, Bolloré se ha "comprometido formalmente": por eso pide a los tribunales que reconozcan este plan como un "contrato" que no ha sido ejecutado.
La empresa considera que "nunca se ha comprometido con el seguimiento in situ", sino que "simplemente ha indicado que quiere asumir, como siempre ha hecho, sus responsabilidades y utilizar su influencia hacia sus socios", según una carta del Sr. Baratelli en noviembre de 2018.
Un documental contra Socapalm
El caso de Socapalm ha sido abordado en trabajo de investigación del periodista Tristan Waleckx, ganador del Premio Albert-Londres en 2017, con testimonios de subcontratistas, algunos de los cuales fueron presentados como menores de edad, remunerados por la tarea, trabajando sin ropa protectora y viviendo en condiciones insalubres. En un artículo de 2018, Vincent Bolloré habla de una "caza de brujas" sobre este tema. El grupo atacó el documental por difamación, la que fue rechazada dos veces y tuvo que apelar ante el Tribunal Supremo.
Socfin administra aproximadamente 187.000 hectáreas de plantaciones, principalmente de palma aceitera y caucho, en África y Asia. En noviembre de 2018, en un comunicado, dijo que fue acusada erróneamente de "acaparamiento de tierras, deforestación y rechazo al diálogo", denunciando "información inexacta de investigaciones parciales".
Traducción: GRAIN
Fuente: AFP
Los demandantes quieren que el grupo cumpla sus compromisos de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y residentes de las plantaciones de aceite de palma en Camerún.
Diez ONG y sindicatos demandan a Bolloré. Su objetivo: obtener la aplicación de medidas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y residentes de las plantaciones de aceite de palma en Camerún, gestionadas por una empresa de la que el grupo es accionista.
Sherpa, así como otras nueve asociaciones y sindicatos franceses, cameruneses, belgas y suizos, interponen una demanda ante el Tribunal Regional de Nanterre para solicitar la aplicación de un "plan de acción" concertado en 2013, según un comunicado.
Un expediente que se remonta al 2010
"Pedimos al juez francés que obligue al grupo Bolloré a cumplir con los compromisos contraídos en 2013 con las comunidades locales y los trabajadores de las plantaciones de Socapalm, una empresa de aceite de palma en Camerún directamente relacionada con el grupo", dice el comunicado.
Este caso se remonta al 2010: en ese momento, Sherpa y otras tres ONG lo habían remitido a un organismo de la OCDE, llamado Punto de Contacto Nacional (PNC), que había identificado "violaciones" de las directrices de la organización para las multinacionales.
Tres años más tarde, Sherpa y Bolloré habían iniciado una mediación que había dado lugar a un "plan de acción" para Socapalm, que desde entonces ha sido abandonado, según las ONG. "El impacto devastador de la explotación del aceite de palma sobre la salud, la contaminación, la deforestación o los derechos de los trabajadores es denunciado regularmente, pero ninguna acción parece haber logrado hasta la fecha cambiar las prácticas de los gigantes de la agroalimentación", dice la directora de Sherpa, Sandra Cossart. "Por lo tanto, nuestras organizaciones están recurriendo al poder judicial."
"No hay control operativo sobre las plantaciones"
Bolloré posee el 38,75% del holding luxemburgués Socfin, que a su vez posee, a través de otras dos empresas, una participación en Socapalm, según las ONG, que esperan "decisiones" en las asambleas generales de Socfin y Bolloré, previstas para el martes y el miércoles. "Es anormal y contraproducente que 10 asociaciones se reúnan para proceder de esta manera, en una protesta mediática concertada, para decir falsedades", reaccionó el abogado del grupo, Olivier Baratelli, al tiempo que precisó que desconocía los detalles de la citación.
"Bolloré sólo posee el 9,35% del capital de esta plantación camerunesa, mientras que el Estado camerunés es accionista del 27%", dijo, añadiendo que Bolloré "ha ejercido constantemente su influencia sobre Socfin, pero no tiene control operativo sobre sus plantaciones.
¿Un "contrato" no ejecutado?
El plan, que se puso a disposición de AFP, definió una lista de objetivos que el PNC hizo públicos el 17 de marzo de 2014. En particular, su objetivo era "garantizar" la seguridad en el trabajo para todos los trabajadores y mejorar "las condiciones de transporte y de vivienda" para que sean "dignas" y reducir el recurso de la subcontratación. El plan abogaba por la "solución amistosa de los conflictos" con los residentes locales después de la "violencia" por parte de los responsables de la seguridad de las plantaciones, así como por la resolución de los conflictos por la tierra, incluyendo un "sistema de compensación individual, justa y equitativa".
También tenía como objetivo "prevenir todo tipo de molestias existentes (gestión de residuos, ruido, calidad del aire y del agua)" y "apoyar a las autoridades sanitarias locales en sus esfuerzos por detectar enfermedades relacionadas con el daño medioambiental". Para Sherpa, Bolloré se ha "comprometido formalmente": por eso pide a los tribunales que reconozcan este plan como un "contrato" que no ha sido ejecutado.
La empresa considera que "nunca se ha comprometido con el seguimiento in situ", sino que "simplemente ha indicado que quiere asumir, como siempre ha hecho, sus responsabilidades y utilizar su influencia hacia sus socios", según una carta del Sr. Baratelli en noviembre de 2018.
Un documental contra Socapalm
El caso de Socapalm ha sido abordado en trabajo de investigación del periodista Tristan Waleckx, ganador del Premio Albert-Londres en 2017, con testimonios de subcontratistas, algunos de los cuales fueron presentados como menores de edad, remunerados por la tarea, trabajando sin ropa protectora y viviendo en condiciones insalubres. En un artículo de 2018, Vincent Bolloré habla de una "caza de brujas" sobre este tema. El grupo atacó el documental por difamación, la que fue rechazada dos veces y tuvo que apelar ante el Tribunal Supremo.
Socfin administra aproximadamente 187.000 hectáreas de plantaciones, principalmente de palma aceitera y caucho, en África y Asia. En noviembre de 2018, en un comunicado, dijo que fue acusada erróneamente de "acaparamiento de tierras, deforestación y rechazo al diálogo", denunciando "información inexacta de investigaciones parciales".
Traducción: GRAIN
Fuente: AFP
