8-6-2018, Río Negro
Magdalena Odarda
Valiosas propiedades rurales están hoy en manos de pocas firmas extranjeras. La ley 26737 fijó un límite, pero tiene falencias. Un fallo ordenó investigar varias ventas de tierras rionegrinas.
La acumulación por desposesión es una fase del neoliberalismo que en la actualidad se manifiesta, entre otras formas, a través del empobrecimiento, desplazamiento y posterior privación de las tierras de las poblaciones campesinas a favor de, generalmente, empresarios nacionales o foráneos que acumulan tierras para distintos fines. Este proceso puede relacionarse a la concentración de tierras en pocas manos, por lo general de grandes firmas de capitales extranjeros, lo que refuerza la otra cara de la acumulación: la extranjerización del territorio.
Claro está que los conflictos y controversias están a la orden del día si poderes extranjeros o concentrados tienen el control de los recursos propios de cualquier país.
En el nuestro, esto es así y puede verse en los reclamos territoriales más notables de las comunidades originarias en la Patagonia, como así también en el norte del país.
La soberanía nacional debería ser uno de los temas centrales en la realidad política y socioeconómica de la Argentina.
Las tierras productivas, el agua, la biodiversidad, los recursos energéticos, las reservas minerales, son tesoros de cuya eficaz protección y administración depende la supervivencia de las poblaciones presentes y futuras.
La extranjerización se expresa como un fenómeno de concentración de la tierra en manos extranjeras, superando un mínimo legal establecido.
El total de hectáreas en manos de extranjeros en nuestro país es 16.253.279, es decir el 6,09% de las tierras totales, según el Registro Nacional de Tierras Rurales en su Informe Oficial del 2015.
La ley nacional 26737 del 2011 estableció el límite a la extranjerización de las tierras rurales en el 15%, pero no aplica retroactivamente y no investiga a las sociedades anónimas conformadas por dueños foráneos. Por esta razón, presenté en el Senado de la Nación un proyecto para modificar esta ley estableciendo el tope en un 6%.
Empeorando la situación, el actual gobierno nacional flexibilizó los alcances de esta ley a través del decreto 820/16, eliminando algunas restricciones que se habían establecido para los compradores extranjeros.
La concentración de tierras puede ser también un fenómeno que consiste en la compra de grandes extensiones de tierra con fines de conservación de ecosistemas por parte de empresarios, lo que se observa mayormente en la Argentina y Chile.
El caso Lago Escondido es paradigmático en cuanto a la extranjerización de la tierra. Y también lo es en la apropiación de costas vulnerando el derecho de acceso al agua. El empresario inglés Joseph Lewis, dueño de la empresa Hidden Lake SA, posee unas 11.000 hectáreas, aproximadamente, que rodean el lago Escondido cerca de El Bolsón e impide desde hace varios años el ingreso por el camino público más accesible, el Tacuifí, del paraje El Foyel. Todo ello, pese a la existencia de un fallo judicial del 2009 que los gobiernos provinciales, y ahora el nacional, prefieren desconocer. Días atrás, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal intervino revocando el sobreseimiento de los funcionarios imputados que, entre 1996 y 1997, se vieron implicados en la adquisición irregular de las tierras que hoy son parte de la Estancia Hidden Lake, violando normas de defensa de la seguridad nacional. Esto es una buena noticia y se relaciona con lo que vengo exponiendo. Para la transacción, se realizaron maniobras solicitando autorizaciones en calidad de personas jurídicas nacionales y, en paralelo, se transfirieron las acciones a manos extranjeras. Una vez obtenidas las autorizaciones, la transferencia de las tierras se efectivizó a favor de los extranjeros. Lewis sería propietario además de la pista aérea situada en la costa atlántica, en cercanías a Sierra Grande. En ambos casos las propiedades se encuentran en Zonas de Seguridad de Fronteras.
La tierra es un bien social básico, insustituible e indispensable para el desarrollo humano, no una mercancía. El ejercicio de la soberanía nacional sobre nuestro principal bien común y estratégico sigue siendo una deuda de los sucesivos gobiernos hacia la población toda.
Magdalena Odarda
Valiosas propiedades rurales están hoy en manos de pocas firmas extranjeras. La ley 26737 fijó un límite, pero tiene falencias. Un fallo ordenó investigar varias ventas de tierras rionegrinas.
La acumulación por desposesión es una fase del neoliberalismo que en la actualidad se manifiesta, entre otras formas, a través del empobrecimiento, desplazamiento y posterior privación de las tierras de las poblaciones campesinas a favor de, generalmente, empresarios nacionales o foráneos que acumulan tierras para distintos fines. Este proceso puede relacionarse a la concentración de tierras en pocas manos, por lo general de grandes firmas de capitales extranjeros, lo que refuerza la otra cara de la acumulación: la extranjerización del territorio.
Claro está que los conflictos y controversias están a la orden del día si poderes extranjeros o concentrados tienen el control de los recursos propios de cualquier país.
En el nuestro, esto es así y puede verse en los reclamos territoriales más notables de las comunidades originarias en la Patagonia, como así también en el norte del país.
La soberanía nacional debería ser uno de los temas centrales en la realidad política y socioeconómica de la Argentina.
Las tierras productivas, el agua, la biodiversidad, los recursos energéticos, las reservas minerales, son tesoros de cuya eficaz protección y administración depende la supervivencia de las poblaciones presentes y futuras.
La extranjerización se expresa como un fenómeno de concentración de la tierra en manos extranjeras, superando un mínimo legal establecido.
El total de hectáreas en manos de extranjeros en nuestro país es 16.253.279, es decir el 6,09% de las tierras totales, según el Registro Nacional de Tierras Rurales en su Informe Oficial del 2015.
La ley nacional 26737 del 2011 estableció el límite a la extranjerización de las tierras rurales en el 15%, pero no aplica retroactivamente y no investiga a las sociedades anónimas conformadas por dueños foráneos. Por esta razón, presenté en el Senado de la Nación un proyecto para modificar esta ley estableciendo el tope en un 6%.
Empeorando la situación, el actual gobierno nacional flexibilizó los alcances de esta ley a través del decreto 820/16, eliminando algunas restricciones que se habían establecido para los compradores extranjeros.
La concentración de tierras puede ser también un fenómeno que consiste en la compra de grandes extensiones de tierra con fines de conservación de ecosistemas por parte de empresarios, lo que se observa mayormente en la Argentina y Chile.
El caso Lago Escondido es paradigmático en cuanto a la extranjerización de la tierra. Y también lo es en la apropiación de costas vulnerando el derecho de acceso al agua. El empresario inglés Joseph Lewis, dueño de la empresa Hidden Lake SA, posee unas 11.000 hectáreas, aproximadamente, que rodean el lago Escondido cerca de El Bolsón e impide desde hace varios años el ingreso por el camino público más accesible, el Tacuifí, del paraje El Foyel. Todo ello, pese a la existencia de un fallo judicial del 2009 que los gobiernos provinciales, y ahora el nacional, prefieren desconocer. Días atrás, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal intervino revocando el sobreseimiento de los funcionarios imputados que, entre 1996 y 1997, se vieron implicados en la adquisición irregular de las tierras que hoy son parte de la Estancia Hidden Lake, violando normas de defensa de la seguridad nacional. Esto es una buena noticia y se relaciona con lo que vengo exponiendo. Para la transacción, se realizaron maniobras solicitando autorizaciones en calidad de personas jurídicas nacionales y, en paralelo, se transfirieron las acciones a manos extranjeras. Una vez obtenidas las autorizaciones, la transferencia de las tierras se efectivizó a favor de los extranjeros. Lewis sería propietario además de la pista aérea situada en la costa atlántica, en cercanías a Sierra Grande. En ambos casos las propiedades se encuentran en Zonas de Seguridad de Fronteras.
La tierra es un bien social básico, insustituible e indispensable para el desarrollo humano, no una mercancía. El ejercicio de la soberanía nacional sobre nuestro principal bien común y estratégico sigue siendo una deuda de los sucesivos gobiernos hacia la población toda.
