El abogado argentino que aparece en firmas ligadas a Lázaro Báez y en el negocio de la extranjerización de tierras

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11-1-0-2014, AIM

Sin actividad fiscal en la Argentina, este profesional del estudio Integritas Trust figura en los registros societarios de una multinacional saudí que se reunió con Cristina Kirchner y luego adquirió 12 mil hectáreas, 24 horas antes de que el Congreso de la Nación sancionara la Ley de Tierras.

A mediados de julio de 2011, Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, parte en un vuelo rumbo a España junto con Jorge Chueco, el apoderado de Helvetic Services Group –la empresa registrada en Lugano, Suiza, y vinculada a presuntas operaciones de lavado de dinero por cuenta del empresario sureño-. Aunque el fiscal Campagnoli confirmó en junio de 2013 que de la empresa Iberia nunca le informaron sobre si existieron escalas intermedias en aquel viaje, por los gastos de sus tarjetas de crédito, el fiscal logró acreditar el paso de ambos viajeros también por Suiza y, posiblemente, por la sede central de Helvetic Services Group en aquel país.

Europa fue uno de los destinos principales de los personajes que protagonizan esta trama judicial. El 28 de marzo de 2011, Martín Báez y Julio Mendoza (por ese entonces Presidente de Austral Construcciones) parten juntos rumbo a España en el vuelo 1132 de Aerolíneas Argentinas. Dos días después, Néstor Marcelo Ramos, titular de Helvetic Services Group, parte también desde Ezeiza pero rumbo a Italia y 24 horas más tarde hace lo propio el financista Federico Elaskar, rumbo a Francia.

Al siguiente viaje a España pierden todo disimulo y Martín Báez junto a Chueco y Pérez Gadín van y vienen en el mismo avión en un viaje de once días entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre de 2011, según datos confirmados en la misma causa. Recordemos que Pérez Gadín fue desde 2004 hasta 2013, el administrador del hotel Alto Calafate, perteneciente a la familia Kirchner.

Todos estos viajes se pueden contextualizar en los intensos días anteriores al complicado y violento traspaso que hizo Elaskar de su financiera SGI hacia el clan Báez. El mismo Elaskar luego denunciaría ante una cámara de TV que lo hizo bajo amenaza de muerte. Textualmente dijo: “No tengo nada que ver, me amenazaron de muerte y tuve que firmar la transferencia de las acciones de SGI. Vendí obligado y por muy poca plata.”

Las huellas del contador de Báez y el apoderado de Helvetic figuran en al menos tres sociedades registradas en España, información que salió a la luz a los pocos días de las durísimas confesiones televisivas de Fariña y Elaskar. Estas compañías son: Tusaleta Servicios y Gestiones SL, Mirabilia International SL y Felsan Global Investments SL. Fueron creadas entre el 27 y el 28 de julio de 2010. En todas ellas ingresan al directorio Pérez Gadín y Chueco varios meses después, entre el 7 y el 9 de diciembre de 2011.

Las tres sociedades fueron registradas en un mismo domicilio: Paseo de Gracia 63 – 1° Piso – Oficina 1. Coincidentemente, es el mismo en el cual tienen domicilio, un piso más arriba, Serbel Trade SL y Wodson International SL, dos sociedades españolas cuyo único accionista es Helvetic Services Group.

Un ubicuo abogado y la Ley de Extranjerización de Tierras

Pérez Gadín y Chueco no están solos en estas tres sociedades españolas. Estas tienen un denominador común, el abogado argentino Fernando Emiliano Córdoba, de 44 años y oriundo de San Fernando, quien está presente en la creación de todas ellas y figura en los directorios hasta el desembarco de Pérez Gadín y Chueco. Fernando Córdoba también es quien está en Temenos Hispania SL, en donde aparece Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Amado Boudou. Este abogado, graduado en el año 1993 en la Universidad de Belgrano, representa actualmente al estudio jurídico Integritas Trust, con sede en Suiza, en donde figura como Presidente, según los registros públicos de ese país.

Inversiones en tierras del grupo Almarai

Anteriormente, Córdoba prestó sus servicios en el bufete madrileño Gómez Acebo & Álvarez Giay. Este estudio jurídico se jacta en su portal web de haber prestado asesoramiento a una compañía energética estadounidense en la reestructuración y expansión financiera de sus operaciones en Argentina (proyecto integrado de prospección petrolífera y de gas) por un valor de U$S 68.700.000 y además de haber representado también a una compañía estadounidense en el área de recolección y tratamiento de residuos urbanos en licitaciones de diversas ciudades argentinas. A este bufete, y a Córdoba en especial, recurrieron los allegados a Báez para adquirir en España las tres sociedades antes mencionadas.

Los lazos de Córdoba trascienden el país ibérico y dicen presente también en el estado de Florida, USA, en donde el abogado argentino figura en los registros societarios del bufete Alfaro Florida Inc, junto a Luis Yravedra y Oscar Cousillas. Además tiene fluída actividad en el Reino Unido, en donde, también acompañado por Yravedra y Cousillas, forma parte del directorio de 3 sociedades radicadas en Dublín, Irlanda: Lazaar Public Limited Company, Greenabbey Limited y Rivaldo Enterprises Public Limited Company. Entre las tres empresas, conforman un patrimonio neto (Net Worth) de casi 400 millones de euros.

En Panamá, Córdoba es parte del directorio de Procorpore Investments SA, una compañía con fuerte lazos económicos con Perú a fines de la década de los 90, en la descontrolada gestión de Alberto Fujimori.

Lo revelador del caso, es que Fernando Córdoba también fue parte inicialmente del directorio de Fondomonte Inversiones en España, en donde figuró como Administrador Único. Fondomonte es una multinacional dedicada a la explotación de campos y tierras en Argentina que fue creada en el año 2006 por los irlandeses Jim McCarthy y Mark McLornan.

En octubre de 2010, un grupo de empresarios árabes, encabezado por el ministro de Agricultura de Arabia Saudita, visitó nuestro país con el objetivo de cerrar negocios con productores locales. Este grupo se reunió con la presidenta Cristina Kirchner, en un encuentro en cuyo transcurso expresaron la necesidad de su país de ampliar el stock de alimentos.

A fines de 2011, cuando el kirchnerismo aceleraba en el Senado la aprobación de la flamante Ley de Extranjerización de Tierras (el total de las tierras que pueden estar a nombre de un mismo titular extranjero no podrá superar las mil hectáreas), el poderoso grupo económico Almarai anunció la adquisición de Fondomonte en una operación cercana a los 85 millones de dólares, precio que incluía unas 12 mil hectáreas de tierras de ubicación estratégica en cuanto a recursos naturales: Villaguay (Entre Ríos), General Villegas (Buenos Aires), y Tolderías (Sur de Córdoba).

El anuncio de la flamante compra por parte de este grupo de capitales saudíes fue realizado el 21 de diciembre de 2011 y tan sólo 24 horas después, casi como si fuese parte de un movimiento orquestado, el Senado aprobó la Ley de Tierras, sobre la noche del 22 de diciembre de ese año. Almarai compró justo a tiempo. De haberlo querido hacer un par de días después, la ley no se lo hubiese permitido.

Actualmente el grupo Almarai tiene una fuerte presencia agrícola en nuestro país a través de cuatro subsidiarias: Fondomonte El Descanso SA, Fondomonte Inversiones Argentina SA, Fondomonte Sandoval SA y Agro Terra SA.

Argentina es el único país del continente americano en donde invierte Almarai, que además está presente en Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Oman y Baréin.

Según un comunicado de la compañía, el interés por comprar tierras argentinas obedece a la necesidad de contar con alimentos para el ganado vacuno y las aves de corral. En las tierras que compró Almarai se cultiva principalmente soja y maíz, entre otros productos indispensables para alimentar el ganado. O sea, en este caso ya no les vendemos soja y maíz a países que carecen de condiciones naturales para la producción agrícola, sino que éstos directamente vienen por las tierras argentinas, compran o alquilan, siembran, cosechan y se llevan lo producido hacia su país. Actualmente, Almarai administra en Argentina más de 24 mil hectáreas: 13.700 propias y 10.600 alquiladas.

¿Hay beneficio para nuestro país? Si, tal como afirma la presidente Cristina Kirchner, Argentina es la nueva Arabia Saudita, no parece ser ésta la vía más ventajosa para aprovecharlo en beneficio del país. El caso del grupo Almarai no es el único. En muchas provincias del interior del país se repite el mecanismo y se dan este tipo de situaciones de cuasi-saqueo de recursos naturales. A fines de 2011, y también días antes de sancionada la Ley de Tierras, se supo que el magnate George Soros adquirió tierras en en la provincia de Santiago del Estero, en donde el millonario empresario ya contaba con tres campos, con los cuales superó así las 20 mil hectáreas.

En octubre de 2010, en una reunión con Jorge Capitanich, por entonces gobernador de Chaco, el Sheik Mohammed Al-Khorayef presentó una propuesta de proyecto producir alimentos para exportar a Arabia Saudita. En febrero de 2011 se firmó un acuerdo con el gobierno chaqueño, en donde se definió que el proyecto agrícola rondaría los US$400 millones en el cual a la compañía se le otorgarían derechos sobre 200 mil hectáreas de tierras en la región de El Impenetrable, para cultivo.

Algo similar pasó en Rio Negro, en donde Beidahuang, la compañía agrícola más grande de China, firmó con Miguel Saiz, por entonces gobernador de aquella provincia, un acuerdo comercial de 1500 millones de dólares que le entregaba a la compañía oriental el control exclusivo sobre las provisiones de soja y maíz por 20 años sobre 330 mil hectáreas. El caso se judicializó y a fines de 2011, la justicia rionegrina dictaminó la suspensión del proyecto por enormes irregularidades.

Volviendo a Fondomonte y Almarai, casi un año después de adquiridas estas tierras por el grupo de capitales saudíes, la presidente Cristina Kirchner volvió a recibir en su despacho, en noviembre de 2012, a los directivos del grupo Almarai. En aquella oportunidad estuvo presente el presidente de la compañía, Abdulrahman Al Fadley, y el asesor legal en Argentina del grupo árabe, Miguel Menegazzo Cané. Éste último aparece ligado a turbias operaciones inmobiliarias nuevamente en Rio Negro, a mediados de 2011, que comprenden más de 20 mil hectáreas de tierras, algunas de ellas de carácter fiscal, y que tuvieron como protagonistas y beneficiarios, transferencias mediante, al magnate inglés Joe Lewis y a Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y la hidroeléctrica Lago Escondido.

Las operaciones de Lewis y Mindlin habrían formado parte de una defraudación contra la provincia, ya que las tierras fiscales no pueden ser transferidas hasta cinco años después de la compra original, de acuerdo a lo que fija la Ley Provincial 279.

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