La fiebre verde: Cómo la agricultura extensiva está parcelando África para explotar industrialmente terrenos agrícolas

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5-2-2013, UMOYA
Photo: AFP/Jenny Vaughn
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Richard Schiffman

La fiebre del oro ha llegado a Etiopía, pero esto no guarda relación alguna con el metal amarillo. Es la búsqueda del oro verde: tierras agrícolas fértiles. Una nación que se asocia más con la hambruna frecuente y una malnutrición infantil grave que con la prodigalidad agrícola, está arrendando millones de hectáreas (una extensión del tamaño de Bélgica) a empresas extranjeras, que quieren cultivar y exportar comida a lugares como Arabia Saudí, China, India y Europa.

Por ejemplo, una tercera parte del suelo fértil en Gambela (en el oeste de Etiopía) se ha arrendado durante los próximos 50 años a la empresa alimenticia Karuturi Global. Los bosques se están deforestando, los pantanos drenando, los ríos desviando y pueblos enteros se están trasladando para dejar sitio a cultivos florales y plantaciones de aceite de palma y arroz. Karmjeet Shekhon, el gerente de proyectos de Karuturi, comentó a The Guardian poco después de llegar a un acuerdo sobre el arrendamiento en 2011: «Es una tierra muy buena y barata... No tenemos este tipo de tierra en la India».

El gobierno en Addis Abeba comunicó que se necesitan empresas extranjeras como Karuturi Global para fomentar la creación de empleo, aumentar los ingresos en Etiopía gracias a la exportación de alimentos y desarrollar tecnologías e infraestructuras agrícolas, para conseguir que este país empobrecido se introduzca en la corriente principal de la economía global de mercado. La exención de impuestos y el bajo coste de las tierras (solo $1(0,74 €) por hectárea al año) ha atraído a los inversores.

Pero, ¿a qué precio? ¿Qué pasa con los derechos sobre las tierras, la salud de las personas, el medio ambiente y la estabilidad nacional?

Esta es una pregunta recurrente no solo en Etiopía, sino en toda África. Tal y como denuncio en la edición actual de la publicación Ética y Asuntos Internacionales (The journal Ethics and International Affairs), muchos otros países están abriendo sus puertas a grandes proyectos agrícolas financiados por inversores extranjeros, que tienen como objetivo el envío de alimentos fuera del país. Liberia ha firmado, supuestamente, concesiones que conciernen a casi un tercio de su territorio nacional durante estos últimos años. Liberia, como muchas otras naciones africanas, reivindica la propiedad por parte del gobierno de todas las tierras agrícolas.

La mitad de las tierras agrícolas de la República Democrática del Congo se están arrendando para cultivar cosechas como el aceite de palma con el objetivo de producir combustibles biológicos. Es posible que el proyecto más ambicioso hasta la fecha sea el Proyecto ProSavana en el norte de Mozambique, donde un área aproximadamente del tamaño de Suiza y Austria juntas se ha arrendado a empresas brasileñas y japonesas para que cultiven soja y maíz para la exportación.

Los críticos señalan la falta de sentido que tiene la producción de alimentos para su exportación, en regiones donde muchas personas pasan hambre, sobre todo cuando se producen acuerdos sobre las tierras para desalojar a los campesinos locales de las mismas.
En Mozambique, donde más del 80% de la población total depende del cultivo familiar, las autoridades reclaman que las tierras asignadas a ProSavana no se utilicen. Pero los estudios del Instituto Nacional de Investigación muestran que es un área de agricultura migratoria y pastoreo. La organización sin ánimo de lucro GRAIN estima que millones de campesinos están perdiendo sus tierras como resultado de los planes impuestos de reasentamiento. Mientras tanto, en Etiopía, se ha desplazado a 1,5 millones de agricultores y pastores de sus tierras para abrir paso a nuevas explotaciones agrícolas industriales.

De acuerdo con Oliver de Schutter, enviado especial de la ONU en relación con el derecho a la alimentación, la transferencia inversa de la riqueza agrícola es una nueva forma de colonialismo. Poderes extranjeros, con ayuda de los gobiernos locales, reivindican que están ayudando a que estos países se desarrollen, informa de Schutter, cuando su motivación real es la explotación de los recursos para asegurarse su propia reserva de alimentos. De Schutter sostiene que «la mayor parte de las personas sin recursos que viven en un medio rural depende de la agricultura familiar a pequeña escala, y esta se está viendo amenazada por los cultivos extensivos, la agricultura basada en la exportación y la producción de mercancías, en vez de alimentos».

Para empeorar aún más la situación, el fenómeno de la expropiación de tierras también amenaza con fomentar la inestabilidad y el conflicto sobre la escasez de productos, el desplazamiento de la población y la mejor manera de alimentar a los países en vías de desarrollo. La falta de acceso a los alimentos y a las tierras de cultivo conllevará probablemente a la agitación social en los años venideros, advierten los investigadores del estudio académico independiente del Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra (New England Complex Systems Institute). Señalan que «las condiciones de amenaza generalizada para la seguridad están presentes, sobre todo cuando la comida es inaccesible para la población en general. En [estos casos] incluso la amenaza de muerte no disuade de las acciones que se puedan tomar en oposición al orden político».

Los países ricos siempre han establecido horizontes lejanos para encontrar tierras ricas en recursos con vistas a la exportación de alimentos. Europa estableció plantaciones en lugares de todo el mundo durante el siglo XIX, y las multinacionales alimenticias han hecho lo mismo en la era poscolonial. Sin embargo, actualmente la apropiación de tierras se hace de manera distinta, y no solo porque el objetivo es distinto: en el pasado, la mayor parte de las exportaciones agrícolas se centraban en productos que no se podían cultivar en los países a los que se exportaban (plátanos, cítricos, café, cacao). No obstante, hoy en día generalmente se cultivan alimentos básicos como la soja, el trigo y el arroz, así como aceites para los combustibles biológicos.

La apropiación de tierras africanas comenzó seriamente después de la crisis global de alimentos en 2008. El comienzo de la Primavera Árabe, que fue, en gran parte, una respuesta al incremento del precio del trigo, al subir su precio más del doble en menos de un año, constituyó una llamada de atención que se oyó en todo el mundo; especialmente en países como los Estados del Golfo y las economías de los tigres asiáticos con capacidad limitada para cultivar sus propios alimentos. Las corporaciones de estos países comenzaron adquiriendo tierras en África, el continente con el mayor porcentaje de tierra agrícola disponible, tomando esto como una póliza de seguro contra la volatilidad extrema de los precios en el mercado mundial. Y los gobiernos africanos, desesperados por obtener inyecciones de capital y tecnología, fueron socios dispuestos.

Las Naciones Unidas han propuesto algunas normas básicas para regular estos acuerdos sobre las tierras, pero no son vinculantes y generalmente no se obedecen, lo que da lugar a una situación caótica. José Graziano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, comentó que «parece ser como en el Salvaje Oeste. Necesitamos un sheriff y leyes en esos sitios».

Esta falta de una regulación eficaz amenaza la subsistencia y los derechos básicos de millones de africanos. En un reportaje mordaz de 2012 sobre la región etíope de Gambela, Human Rights Watch documentó arrestos arbitrarios, violaciones, palizas y asesinatos de aquellos que se resistieron a dejar sus pueblos para dar paso a proyectos extranjeros, así como hambruna entre los que ya habían abandonado sus tierras. Esta hambruna está causada, en parte, porque los terrenos agrícolas se están dejando de utilizar para la producción local de alimentos, y esto ha provocado que los precios de estos alimentos aumenten. Graham Peebles, director de Create Trust, una ONG británica que desarrolla proyectos de educación en Etiopía, comenta que el arrendamiento de los terrenos que se usaban con anterioridad para el cultivo de teff (cereal básico para la elaboración de pan en Etiopía) es en gran medida responsable del precio actual del mismo.

En cuanto a la seguridad, las transacciones de tierras generan polémica y ya han llevado a la violencia. En Etiopía, los miembros de la tribu Suri han tomado las armas contra los militares, tratando de detener el desvío del río Koka para regar un proyecto de plantaciones de una empresa malasia, que amenaza con expulsarlos de sus pueblos en una planicie aluvial fértil. Y cuando el gigante industrial de Corea del Sur Daewoo llegó a un acuerdo para arrendar la mitad de toda la tierra cultivable en Madagascar para la producción de maíz y biocombustibles, un sangriento levantamiento llevó a la destitución del presidente del país, Marc Ravalomanana. El primer mandato de su sucesor en el cargo fue revocar el impopular el acuerdo.

Puede que en el futuro haya problemas también en Liberia. Un artículo de opinión, publicado el año pasado en el New York Times por dos activistas de los derechos de la tierra, sostenía que las transferencias masivas de tierras amenazan la frágil estabilidad de Liberia. Silas Kpanan'ayoung Siakor y Rachel Knight escribieron: «estas concesiones llegan en un momento delicado, debido a que los conflictos de carácter violento están todavía muy extendidos en Liberia, tanto entre pueblos como entre los propios ciudadanos de un mismo pueblo». Emmanuel Jangebah, un jefe tribal en Totoquelle, un pueblo seleccionado por una empresa de Malasia para su desarrollo, es decir, para la producción de aceite de palma, lo dice claramente: «Si vemos las excavadoras en la montaña, cogeremos nuestros machetes y correremos a su encuentro», comentó a la revista OnEarth.

También es muy probable que haya violencia en la nación recién formada de Sudán del Sur, donde el gobierno no ha perdido tiempo para arrendar casi el 10 por ciento de su territorio a los inversores extranjeros. Según David Deng, director de investigación de South Sudan Law Society (organización sin ánimo de lucro, que presta asistencia jurídica en Sudán de manera gratuita para combatir injusticias), «es un desarrollo alarmante. Está bastante claro que las inversiones mal planificadas pueden contribuir a que haya conflictos, en particular en naciones frágiles donde ya ha habido enfrentamientos. Pero el conflicto también puede atraer la inversión, ya que las empresas oportunistas vienen a aprovecharse de los vacíos de poder, y en el caso de Sudán del Sur, de una transferencia masiva de riqueza a un gobierno burocrático débil», comentó Deng a The Guardian en 2012.

Estos son solo algunos de los lugares a los que puede llegar la inestabilidad, si las adquisiciones de tierras no se regulan y gestionan mejor. Sin embargo, es inquietante cómo algunos gobiernos africanos han expresado su descontento por la apropiación de tierras por otras razones distintas al posible brote de un conflicto o a la violación de los derechos humanos. En Etiopía, el proyecto Karuturi se ha retrasado debido a las inundaciones, la infraestructura deficiente y otros problemas. Addis Ababa, en respuesta, dice que va a conseguir apoyo y licencias para la utilización de las tierras de los proyectos que no se desarrollan tan rápidamente como se quiere. El ministro de Agricultura Tefera Deribew comentó a finales de noviembre en una entrevista con Bloomberg que «si el fracaso es culpa de las empresas, entonces nos veremos obligados a tomar medidas». La investigación ha estimado que algunas multinacionales también están esperando a que las condiciones de mercado sean las adecuadas antes de explotar las tierras que han obtenido, dejándolas mientras tanto en barbecho.

Nadie niega que la agricultura africana necesita mejoras, y pronto, si el continente tiene que alimentar a su creciente población. Por ejemplo, se espera que la población de Etiopía se triplique, de 90 millones de habitantes pasará a ser de más de 278 millones en 2050. Sin embargo, para garantizar el futuro de la seguridad alimentaria, se debe lograr un equilibrio justo entre el aumento de las exportaciones agrícolas y la certeza de que se cubran las necesidades locales. Stephen O'Brien, subsecretario parlamentario de Estado para el Desarrollo Internacional de Gran Bretaña, informa de que es de vital importancia que «los intereses de los grupos más pobres y marginados se tomen en cuenta, tanto en el proceso de toma de decisiones cuando se plantea la venta de terrenos agrícolas como en obtener su parte justa de los beneficios generados, ya sean estos originados de la producción económica o alimentaria».

Una manera en que se puede ayudar a los agricultores locales es compartiendo con ellos los conocimientos más recientes acerca de la agroecología a pequeña escala, o la agricultura sostenible de bajo coste, que no requiere agroquímicos caros, semillas modificadas genéticamente y maquinaria agrícola para tener éxito. Los agrónomos han desarrollado métodos de bajo coste para aumentar la productividad de las pequeñas explotaciones familiares, que pueden tener una producción similar y, en algunos casos, incluso superior que las grandes plantaciones.

El Instituto Oakland, un tanque de ideas con sede en California que se centra en cuestiones relacionadas con la agricultura y los derechos de la tierra, cita el Sistema de Intensificación de Arroz (SRI) a lo largo del río Níger en Malí como un modelo de trabajo. El SRI, un sistema de riego cooperativo de bajo coste, consiste en pequeñas parcelas con solo unas dimensiones de un tercio de hectárea. Sin embargo, produce un promedio de nueve toneladas por hectárea, más del doble de la producción de Moulin Moderne du Mali, un importante inversor multinacional, y sus agricultores son capaces de ganar $ 1. 879 al año, más del doble de la media del ingreso per cápita en Malí.

Estos proyectos en pequeña escala pueden mantener potencialmente un gran número de familias de agricultores, obteniendo beneficios y produciendo alimentos para los mercados locales, a la vez que conservan la tierra para las generaciones futuras. Además, la realización de estos proyectos no tiene por qué conllevar el abandono de la producción a gran escala de alimentos para los mercados extranjeros. Al fin y al cabo, la exportación de dólares es importante para la economía. Las multinacionales pueden ayudar a lograr ambos objetivos; a cambio de su concesión de licencias para cultivar alimentos para la exportación, las empresas deben estar contractualmente obligadas a invertir en la agricultura local y a ofrecer asistencia técnica y mejoras en la infraestructura para los pequeños propietarios.

No obstante, para que esto suceda, el campo de juego entre los intereses locales y los extranjeros se debe equilibrar. Los organismos internacionales deben establecer las normas vinculantes, de acuerdo con los gobiernos africanos y las corporaciones multinacionales, que protegerán los derechos de los campesinos indígenas y garantizarán la integridad del medio ambiente en África, del suelo y del agua. De lo contrario, los acuerdos negociados apresuradamente sobre las tierras seguirán restringiendo los intereses a largo plazo de millones de africanos, lo que conllevará más hambre, desplazamientos, e incluso caos.

Artículo en inglés: http://farmlandgrab.org/post/view/22949

Original source: UMOYA
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