Durante un bien documentado debate y con sólidas pruebas, el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo demostró cómo algunas empresas con la complicidad de poderosos bufetes de abogados se han apropiado ilegalmente de baldíos.
En la plenaria del Senado el pasado 13 de agosto, Robledo presentó las denuncias sobre la presunta violación de la ley por parte de un grupo de empresas que adquirieron y acumularon terrenos baldíos en el Vichada.
La principal denuncia del senador del Polo está relacionada con empresas como Río Paila Castilla, Cargill y Mónica Semilla.
Robledo demostró que esas compañías adquirieron miles de hectáreas en la altillanura y otras regiones mediante extrañas maniobras a pesar de que existían advertencias de la Procuraduría y la Contraloría y pronunciamientos jurisprudenciales por parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. En éstos, se deja clara constancia de que acumular tierras baldías no es legal en Colombia.
“Este no es un debate sobre el modelo económico del país, ni contra la producción empresarial, no es contra los ingenios azucareros ni sobre la altillanura. Este debate es sobre la violación a la ley, sobre la corrupción.
Sobre poderosas empresas y prestigiosos bufetes de abogados que actuaron de forma irregular para quedarse con tierras que están destinadas a los campesinos colombianos”, expresó el congresista del Polo.
En el debate se conoció que estas operaciones de adquisición de tierras eran conocidas por altos funcionarios del Estado y el mismo presidente Juan Manuel Santos, quien, según Robledo, desde su campaña a la Presidencia de la República señaló que “Hay que acabar con la trampa burocrática de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF)”.
Al mismo tiempo, recordó que Jorge Enrique Vélez, Superintendente de Notariado y Registro, afirmó que existen 65 modalidades de robo de baldíos.
Las principales denuncias recaen sobre Río Paila Castilla que adquirió 35.594 hectáreas de tierras baldías en la Orinoquía a través 27 Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS); y la multinacional Cargill que compró 61.862 hectáreas mediante 40 SAS
Robledo insistió en que la ley 160 de 1994 es clara en definir que ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos que inicialmente fueron adjudicados como baldíos si la extensión excede la UAF.
“Lo que está claro en estos casos es que estas empresas, asesoradas por grandes firmas de abogados, realizaron toda clase de maniobras no para volver legal lo ilegal sino para ocultar la ilegalidad de la operación”, añadió.
Dijo además que no se puede ignorar que varias de esas compañías implementaron acciones irregulares para apropiarse de los terrenos que actualmente explotan.
“Se inventaron un montón de empresas para acumular baldíos, algo que no podían hacer”, insistió Robledo, quien agregó que pareciera que “en Colombia es mejor ser extranjero”.
El congresista aseguró que “disfrazar la operación de extranjera es algo malintencionado”.
El senador Robledo demostró también que incluso la Secretaría de de Agricultura de Estados Unidos sabía de las limitaciones para inversión en grandes extensiones de tierra y de las maniobras que se empleaban para adquirirlas.
El documento señala que se está especulando con el precio de la tierra y que en ocasiones por falta de control estatal el costo llega a quintuplicarse.
Robledo cuestionó la estrategia de defensa del Ministerio de Agricultura para recuperar estas tierras, que está a cargo de una firma llamada “litigando.com” y que de doce demandas que ha hecho, diez han sido inadmitidas por falta de documentación.
Reiteró el congresista que este tema se ha convertido en la comidilla de los grandes medios de comunicación del mundo por cuenta de la vinculación del embajador Urrutia en el escándalo.
El Polo Democrático le pidió al Gobierno frenar la presentación de la denominada Ley Urrutia y buscar la forma de devolver estas tierras para los campesinos desplazados.
El debate del senador Robledo y las conclusiones del mismo en los siguientes videos:
