Conflicto por tierras complica al presidente paraguayo

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30-3-2012, Diario Financiero

El gobierno ha enfrentado críticas por su manejo de un conflicto de terrenos, que además está afectando las relaciones con Brasil.

El gobierno de Paraguay ha estado enfrentando intensas críticas por su pobre manejo de un conflicto de tierras en Ñacunday, en el Alto Paraná. El conflicto involucró un terreno de 162.000 hectáreas que pertenece a Tranquilino Favero, un brasileño que es el mayor agricultor de soya en Paraguay. Esto ha impulsado tensiones políticas locales y amenaza con dañar las relaciones bilaterales con Brasil.

En noviembre de 2011 la Liga Nacional de Carperos, una asociación de agricultores sin tierra, invadió la propiedad de Favero diciendo que él había obtenido el título de la tierra ilegalmente y que el terreno debería ser distribuido entre las familias paraguayas sin tierras.

Después de meses de titubeo en el gobierno, y después de un desafío legal de Favero, se les prometió a 350 familias de carperos un terreno de 30.000 hectáreas y relocalizarlas cerca del Parque Nacional Ñacunday. Pero esto llevó a agudas críticas de las ONG ambientalistas.

Efectos políticos


El conflicto ha creado problemas políticos en Paraguay y Brasil. El presidente Fernando Lugo ha hecho declaraciones contradictorias e indecisas; por una parte, está cauteloso de alejar a su base de apoyo entre los pobres, y por otra, está bajo presión para mantener el imperio de la ley. Sin embargo, algunos de sus consejeros más cercanos ven el conflicto como una oportunidad para movilizar al apoyo político antes de las elecciones de abril de 2013 al aprovechar la hostilidad contra los agricultores de soya “brasiguayos”. El episodio También ha llevado a tensiones con el gobierno brasileño, el que ha entrado en un debate en defensa de sus agricultores.

El conflicto también ha revelado corrupción y mala administración en el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert, la agencia de reforma agraria). Los críticos apuntan a que el Indert no ha hecho nada para investigar los 8 millones de hectáreas distribuidas a civiles y militares en el período 1954-2003, de las que 64% fue ilegalmente adquirida bajo la apariencia de “reforma agraria”. Se cree que gran parte de estos terrenos fueron vendidos a inmigrantes brasileños con la complicidad del Indert.

En febrero, el gobierno reemplazó al encargado de la agencia en un intento por mostrar que se estaban tomando medidas, pero en la práctica nada puede hacerse hasta que un catastro determine los derechos de propiedad. 
Original source: Diario Financiero
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