Preparan la ley para limitar la venta de tierras a extranjeros

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En la actualidad, según la Federación Agraria Argentina, el 7% de las tierras son propiedad de personas extranjeras.

Noticias del Congreso Nacional |  2010-09-06

La comisión de Legislación General de Diputados planea sacar el 16 un dictamen contra la “extranjerización de tierras”. En la actualidad, el 7% de las tierras no están en manos argentinas.

En el año 2002 la Federación Agraria Argentina (FAA) le entregó a Elisa Carrió un borrador de un proyecto de Ley que apuntaba a poner límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, en momentos en que el país soportaba una de sus crisis más profundas y una gran iliquidez en materia económica, con valores inmobiliarios realmente devastados.

A partir de allí, la diputada de la Coalición Cívica (CC) Susana García, metódicamente fue presentando la iniciativa cada dos años, sin lograr el apoyo necesario.

En este 2010 y con los federados Ulises Forte y Pablo Orsolini en el Congreso, la FAA hizo su propia presentación (muy similar a aquella que le llevaron a la CC), y parece que esta vez alguien se ocupará del tema.

El que encendió la mecha fue el ministro de Agricultura Julián Domínguez, quien al cierre de un seminario organizado por la FAA, dijo que su gestión se ocuparía de poner coto a la extranjerización. Rápida de reflejos, Carrió, enarbolando el proyecto, le pidió a sus pares del oficialismo que fueran coherentes con la política ministerial; el propio Carlos Kunkel le solicitó a la presidenta de la comisión de Legislación General, Vilma Ibarra, que le diera prioridad a este proyecto. Así, el jueves pasado se llegó a un acuerdo para sacar en dos semanas un dictamen conjunto en base a los diez proyectos existentes. También se decidió invitar para este jueves al ministro Domínguez y al secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, para conocer la posición del Poder Ejecutivo.

Más cerca del anhelo que de los tiempos parlamentarios, quienes proponen poner freno a las personas o capitales extranjeros que quieran adquirir tierras “agrícolas” en el país, consideran que antes de fin de año el tema podría bajar al recinto y el año próximo ponerlo a consideración del Senado, aunque según dicen los propios legisladores “el debate es de una amplitud enorme”.

En manos de Dios

De hecho, ya en 2006 los obispos de la Pastoral Social se expresaron respecto a la situación.

Encabezados por monseñor Jorge Casaretto, presentaron en el episcopado el libro “Una Tierra para todos”, resultado de dos años de estudios sobre la problemática de la tierra y el hábitat, que consideraron “acuciante”.

Los obispos afirmaban que "se evidencia actualmente una elevada concentración de las tierras productivas" y citaban que, según el último Censo Nacional Agropecuario de 2002, el 10% de las explotaciones agropecuarias más grandes del país concentraba en ese año el 78% del total de las hectáreas registradas, en tanto que el 60% de las explotaciones más pequeñas no llegaba a reunir un 5% de aquéllas.

Señalaban que la extranjerización "no es una novedad en el país ni en América latina", y que se trata de un proceso de "pérdida de soberanía y de recursos naturales" originado en el "endeudamiento de los pequeños y medianos productores con el extranjero favorecido por la falta de ordenamiento legal por parte de la Nación y las provincias en lo referente a la legislación sobre tierras".

Asimismo, ya denunciaban que “los proyectos de ley dirigidos a restringir la adquisición de tierras por parte de extranjeros no fueron tratados oportunamente y perdieron estado legislativo”.

Afirmaban además que “a fin de conservar el potencial productivo del suelo y evitar su degradación es necesario atender a la crisis del recurso del agua, la deforestación y expansión de la frontera agrícola y la explotación minera y sus efectos sobre el medio ambiente”.

Finalmente, instaban al Estado a ejecutar una política de largo alcance que contemple la situación de la tierra, políticas fiscales que favorezcan su uso racional y eficiente, garantizar el acceso y la seguridad jurídica de la tenencia, facilitar el traspaso de tierras a minifundistas y a la población carenciada que las ocupa, fomentando al mismo tiempo políticas y estrategias participativas que permitan planificar el recurso del agua y el cuidado del medio ambiente, apoyado también en procesos educativos.

En la actualidad, según la Federación Agraria Argentina, el 7% de las tierras son propiedad de personas extranjeras.

Globalización y estrategia

La legisladora Susana García, quien se ocupó durante ocho años de mantener “viva” la propuesta acompañó con su voto a los federados, en diálogo con NCN destacó que el proyecto, además, “permitirá crear un registro de productores (a cargo del MAGPyA) para conocer verdaderamente quiénes son, ya que muchas veces aparecen testaferros que nada tienen que ver con los dueños de la tierra”.

La santafesina remarcó que “la pelea por retenciones es una parte, pero en algún momento deberemos comenzar a mirar lo macro de la cuestión. Una mirada a futuro que abarque lo ambiental y la seguridad tanto alimentaria como en materia de defensa ya que hay intereses que vienen por nuestros recursos naturales. Nos debemos entre todos una discusión en serio”.

Reconoció asimismo que “el proyecto de extranjerización puede chocar con algunos tratados firmados en el marco del GATT (un acuerdo internacional sobre comercio y tarifas aduaneras), pero estamos buscando los resquicios necesarios para sortearlo”.

La globalización manifiesta en las últimas dos décadas, presentó una importante presión por parte de los países desarrollados hacia Latinoamérica, con el objetivo de alimentar un intercambio comercial, pero también para acceder a lo que en los tratados aparecen como simples “bienes” (tierra y el agua), aunque a la postre se constituyen en elementos insustituibles del ecosistema, por lo que debe propenderse hacia su sustentabilidad.

Según los datos de la FAA, a principios del año 2000 la cifra de territorios vendidos a extranjeros eran de siete millones de hectáreas; ahora, en cambio, el número asciende a los 21 millones y aún quedarían otros 15 millones de hectáreas que podrían ser adquiridas por extranjeros.

Para García, se trata de una situación desordenada ya que “la reserva de tierras que según la Organización Mundial de Comercio (OMC), cada país debe tener para vender a los extranjeros; en la Argentina, la mayoría se ubica en las zonas de frontera, lo cual se constituye en un grave error de estrategia”.

Al abordaje

Entre los fundamentos del proyecto que intentará poner límites a la posesión de tierras en manos extranjeras, se observa a los hermanos Luciano, Giuliana Gilberto y Carlo Benetton con la compra de mas de 900.000 has que comprenden las Estancias "Pilcañeu", "Alicura", "Lelequen", "El Maiten", "Coronel", "Cóndor"; al inglés Joe Lewis (ex propietario de Hard Rock Café y socio de Planet Hollywood, junto a Sylvester Stallone, Bruce Willis y Arnold Schwarzennegger) comprando 18.000 has en la zona de Lago Escondido; la estancia "La Primavera" de 4.400 has adquirida por Ted Turner (propietario de CNN), quien ya suma 55.431 has en la zona andina; estancia "San Ramón", de 35.000 has, del suizo Jacob Suchard (ligado a Nestlé).

Además actores cinematográficos como Christopher Lambert en Villa Arelauquen (Bariloche); Jeremy Irons en la zona de Esquel; la empresa italiana Nettis Impiante comprando 418.000 has en La Rioja con el pueblo de Jagüe en su interior; en Formosa y Salta la empresa australiana LAG; el grupo italiano Radici en San Luis o el conde alemán Zichy Thyseen en la misma provincia; Halderman Farm; el grupo Arauco de la familia Angelini (chilenos, pero sospechados de pertenecer a capitales europeos); el caso de Recreo, Departamento La Paz en la Provincia de Catamarca, comprada por una empresa estadounidense fabricante de helicópteros (Poquiteros S.A.) con una superficie de 117.000 has, con trescientas familias adentro; Fiambala con 1.800.000 has; los esteros del Ibera, y el acuífero Guaraní.

A ello debe agregarse el avance en inversiones del magnate George Soros, que a través de Cresud en ganadería y Adecoagro en lechería y granos, adquiere cada vez un mayor posicionamiento en el sector.

Según los diputados que firmaron el proyecto, esas tierras “no son compradas sólo por su destino agropecuario, sino también por su lugar estratégico, por sus reservas de agua potable, por sus riquezas mineras, por su enclave turístico y natural”.

Nada de ficción

Tanto las fuentes del Ministerio de Agricultura, como de la legislatura, coinciden en afirmar que “se avecinan nuevos tiempos” en la generación de políticas agropecuarias.

Por una parte se trata de recuperar la figura del sujeto agrario en desmedro de los grupos de inversión y que tendrá un papel preponderante en la estructura social de muchos pueblos del interior que están agonizando. En el gobierno creen que los proyectos de la FAA sobre tenencia de la tierra, arrendamientos y retenciones, son los más adecuados y los terminarán apoyando, mucho más aún si con ello logran un quiebre en la Mesa de Enlace que componen las cuatro entidades madre del agro (CRA, Coninagro, FAA y SRA)

Por otra parte, la mayoría de los dirigentes saben que los temas medioambientales tendrán que ser abordados con sapiencia y celeridad.

Algunos países desarrollados ya comenzaron a poner algunas alertas en esta parte del continente, Brasil y Uruguay encendieron luces amarillas y están analizando las adquisiciones.

Se ha despertado una fuerte preocupación política, a causa de la adquisición extranjera de tierras, debido a varios factores, entre ellos el mercado global de biocombustibles, la crisis de los precios, la participación de los productos alimenticios básicos en el comercio mundial, y las perspectivas de un crédito global del carbono.

Asimismo se deberían tomar en cuenta nuevas formas de control indirecto de las tierras, a través de la coordinación de las cadenas globales de valor por parte de nuevas empresas comerciales y minoristas mundiales. También la inversión extranjera en la producción forestal se ha acelerado especialmente en el Cono Sur, con tasas de crecimiento del doble de las del Hemisferio Norte.

Orsolini agrega un último dato relevante para justificar su proyecto: “Hay que imponer una regulación ya que los precios de la tierra en Argentina no superan los 20.000 dólares la hectárea en la mejor zona, mientras en la India, por ejemplo, el valor es de 200.000 euros".
Original source: NCN
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