Foto: Mink'a Comunicación
Mujeres indígenas denuncian la extranjerización de la tierra a través del DNU de Milei
Desde el Tejido de Profesionales Indígenas de Argentina expresaron que el reciente decreto de desregulación que envío el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación “vulnera la forma de vida de las comunidades indígenas”. Desde el colectivo compartieron un análisis de la reforma del DNU 70/2023 Art. 154 a la Ley 26.737. “Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”.
“Argentina es un país biodiverso y plurilingüe. Si bien existe un discurso homogeneizante, en la actualidad somos más de 39 pueblos y naciones indígenas con 20 lenguas originarias que todavía existimos“, sostuvieron.
Y afirmaron: “Las políticas de saqueo llevan varias décadas en nuestro país: agronegocios, mega minería metalífera. En la actualidad además estamos atravesando una crisis global que algunxs caracterizan como “crisis climática”, los pueblos hablamos de crisis civilizatoria, sistémica, que atraviesa todos los órdenes de la Vida a nivel planetario. El sistema capitalista extractivista especista eurocéntrico y heteropatriarcal saquea los cuerpos y territorios, sacrifica la vida (humana y de todas las especies) en favor de las ganancias de la minoría privilegiada del sistema/mundo. En ese contexto los pueblos y naciones indígenas somos la última frontera que resiste al saqueo que siempre viene disfrazado de promesas de progreso económico”.
¿Qué habilita la derogación de la ley de tierras con el DNI de Milei?
El Tejido de Profesionales Indígenas de Argentina sostiene que la derogación de la Ley de Tierras tiene las siguientes consecuencias:
- El suelo y subsuelo como bien de uso y de cambio para negocios extranjeros.
- La compra-venta de tierras denominadas ‘fiscales´ o ‘rurales’, que están bajo dominio provincial y de uso comunitario indígena sea vendidos a empresas extranjeras (Livent, Southern Coup, Hidden Lake SA, Yamana Gold, etc.) sin requerir la autorización de las provincias.
- La violación del derecho a la consulta, libre, previa e informada (Conv.169 OIT) de los pueblos indígenas. Rechaza de hecho los derechos colectivos al territorio indígena y la reproducción del modo de vida, garantizados en el Código Civil y Comercial (Art.18) referidos al Régimen Especial de Propiedad Comunitaria Indígena.
- El pago del agua y acceso a cuerpos de agua para sostener la vida humana y no humana en los territorios indígenas.
- El uso, explotación y contaminación del agua para la producción de insumos para la industria armamentística y nuclear (uranio, litio, hidrogeno verde, etc.)
- La eliminación del Registro Nacional de Tierras y Cuerpos de Agua.
- La negación del valor documental/estatal de los Informes Técnicos y Jurídicos del Programa de Relevamiento Territorial de comunidades Indígenas (900 comunidades y 39 pueblos originarios) que garantiza la ley 26160.
- La desaparición de la agrobiodiversidad adaptada por comunidades campesinas e indígenas.
En esta misma línea, añadieron: “El DNU o Decretazo pretende adaptar el marco legal jurídico-normativo de Argentina a los requerimientos del poder financiero global. En este 2023 ya sufrimos los embates de la democra-dura en Jujuy con la Reforma Constitucional y en Rio Negro con la reforma de la ley de tierras 279 y la reforma del Código Minero”.
“Nuestra ética del modo de vida nos invita a la organización política de las comunidades y a los consensos sociales con la ciudadanía argentina. Cómo argentinas queremos plantear la discusión del buen vivir y no del mal morir por los intereses extranjeros“, concluyeron.
