2011-05-02, El Diario de Madryn
Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación, indica irregularidades en operaciones de compra y venta de tierras limítrofes patagónicas. El objeto de la auditoría era examinar el control ejercido por la secretaría de Seguridad Interior (SSI) del ministerio del Interior en la compra venta de tierras por extranjeros en áreas de frontera en la zona andino- patagónica, “a efectos de determinar su impacto en la gestión de los recursos naturales”. Chubut y Santa Cruz "son las provincias con mayor incumplimiento", dice el proyecto de ley que pondrá límites a la "extranjerización" de tierras en Argentina.
La iniciativa prevé poner límites a la compra por parte de personas residentes en el extranjero de tierras en nuestro país y apunta fundamentalmente a extensos terrenos patagónicos que son buscados por su alto potencial. Como tantos otros casos, el Poder Ejecutivo pretende impulsar su propia iniciativa, aunque ya hay otros en el Congreso.
La AGN manifestó que la mayoría de los expedientes de venta de tierras sobre la cordillera fueron aprobados por la vía de la “excepción”. Santa Cruz y Chubut son las provincias con mayor incumplimiento. Falta de documentación, formularios incompletos, dudas sobre la titularidad de los inmuebles y sobre la existencia de bosques nativos son algunas de las irregularidades comprobadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en operaciones de compra y venta de tierras limítrofes patagónicas que aprobó la secretaría de Seguridad Interior de la Nación.
En el período enero 2003 - junio 2007, se iniciaron en la secretaría de Seguridad Interior de la Nación, 428 trámites de “previa conformidad”, consistente en recibir la aprobación de ese organismo nacional para poder concretar la compra o venta de tierras en “Zonas de Seguridad”, puede leerse en la fundamentación del proyecto de ley, titulado "Restricciones a la adquisición de derechos reales por extranjeros; modificación del decreto ley 15385/44 modificado por Ley 23.554.
Según el informe la SSI aprobó 137 pedidos de conformidad para la compra o venta de tierras en zonas de seguridad, la mitad de ellos y allí detectó distintas irregularidades e incumplimientos como la falta de las copias de las escrituras de los inmuebles o de la intervención de la secretaría de Medio Ambiente de la Nación para determinar la presencia de bosques nativos en el lugar.
