Por Anne Chaon
L'AQUILA, Italia (AFP) — El G-8 espera regular con algún tipo de normas las grandes compras de tierras de labranza en países en desarrollo, que ya provocaron la transferencia de propiedad de 15 a 20 millones de hectáreas en detrimento de los agricultores y del abastecimiento de los mercados locales.
En los último cuatro años, de 15 a 20 millones de hectáreas, equivalentes a la quinta parte de las tierras arables en Europa, se vendieron o alquilaron a largo plazo, entre gobiernos del Sur, o entre inversores privados y gobiernos, según la ONU.
Este fenómeno en expansión "podría tener un impacto negativo en el derecho a la alimentación y los derechos humanos, al apartar a los usuarios habituales" de sus tierras, estimó la ONU, puesto que la gran mayoría de las cosechas son exportadas hacia los países explotadores.
En un momento en el que hay más de 1.000 millones de seres humanos que pasan hambre, los dirigentes de los ocho países más industrializados del planeta anunciaron esta semana en L'Aquila (centro de Italia) que por iniciativa de Japón propondrán un "código de buena conducta" que enumere "los principios y mejores prácticas en materia de inversión agrícola internacional".
Para el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, contactado el viernes por la AFP, lo importante ante todo es garantizar un poco de "transparencia" en las transacciones.
"Los inversores no tienen ningún apremio: se subastan millones de hectáreas mediante un contrato de tres páginas. Todo ocurre a espaldas de las poblaciones", subraya. El Africa subsahariana es el blanco preferido, pero ningún continente o país está al amparo, desde Madagascar hasta Indonesia pasando por Camboya, Ucrania y Brasil, según un informe que el relator publicó en junio.
En ese marco, China compró 2,8 millones de hectáreas en la República Democrática del Congo para crear la mayor plantación de producción de aceite de palma; Libia explota 100.000 hectáreas en Mali para producir arroz y Arabia Saudita espera alquilar 500.000 hectáreas en Tanzania.
En Madagascar, el contrato por 99 años negociado por la compañía surcoreana Daewoo en 1,3 millones de hactáreas fue suspendido luego de que el presidente Marc Ravalomamana fuera derrocado el pasado invierno boreal por el alcalde de Antananarivo, Andry Rajoelina, que denunciaba dicha transacción. En todo caso, 450.000 hectáreas fueron cedidas a una compañía india para producir arroz destinado a India.
"El G8 no puede imponerse en las discusiones entre los países del Sur. En cambio, sus gobiernos pueden influir en los fondos de inversiones occidentales, cada vez más numerosos, y que son los que a menudo gestionan los fondos soberanos de los Estados", destacó Schutter.
Según estimaciones, el 75% de las adquisiciones de tierras se hacen en el marco de inversiones privadas. Las tierras más codiciadas son las que están ubicadas cerca de cursos de agua, que permiten una irrigación más barata. Entre los principios que deberían imponerse, según el relator, destacan el empleo local y unas prácticas agrícolas sostenibles.
"Es indispensable asociar a las comunidades locales al contrato y prever una cláusula que garantice el abastecimiento local. Sobre todo, cuando los precios aumentan es necesario que una parte de la cosecha se quede en el lugar" de origen, afirmó.
En buenas condiciones, las inversiones extranjeras pueden suponer "una fuente de enriquecimiento para el campo", agregó. "El tema es delicado", estimó sin embargo Jean Denis Crola, experto en asuntos agrícolas para la organización Oxfam.
"¿El G8 está dispuesto a discutir con los países involucrados? Y una vez adoptado este código de buena conducta ¿cómo se hace para aplicarlo?", se preguntó. En su opinión, lo más importante es responsabilizar a los gobiernos. "Para ello, sería útil hablar de esto con los protagonistas y no solamente entre los miembros del G8", concluyó.
