Argenpress | viernes 26 de junio de 2009
Jorge Enrique Robledo (MOIR)
Ante el aumento de compra de tierras por extranjeros, en especial en los países pobres, el gobierno del presidente Uribe explora mecanismos que permitan a conocidas firmas foráneas adueñarse de vastas zonas agrícolas del territorio nacional. Según el Contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero, y el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía, de adoptar ciertas medidas en la materia, el gobierno pondría en riesgo la seguridad alimentaria de los colombianos y el empleo rural.
La FAO y el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, señalan que la compra de tierras en países pobres puede ser extremadamente peligrosa para la seguridad alimentaria, pues aumenta la dependencia de las poblaciones locales de los volátiles e inseguros mercados internacionales. Desde 2006, entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierras de uso agropecuario han sido objeto de transacciones donde intervienen extranjeros. La FAO, en un informe publicado el 29 de mayo pasado, estima que la situación abocaría a los países pobres a quedar “desposeídos o [a que] se les impida el acceso a la tierra, el agua y otros recursos”.
En Argentina, por ejemplo, el 10 por ciento del territorio está en poder de extranjeros. En Madagascar, una multinacional oriental aspira a quedarse con 1,3 millones de hectáreas concesionadas a un siglo con el objeto de producir alimentos para la exportación. Tal extensión sale de los haberes agrícolas de ese país del África y aumenta la inseguridad alimentaria de su población. La compra de tierras se extiende también a Filipinas, Indonesia, Laos, Camboya, Marruecos, Sudán, Uganda, Etiopía, Yemen, Brasil, entre otras.
Convertir parte de las tierras cultivables del mundo y de Colombia en fuente de especulación las encarecerá en los mercados domésticos. La medida aumentará los costos de varios renglones de la producción y empeorará su ya ruinosa situación. Sembrar alimentos para proveer a las necesidades de los grandes conglomerados y de las potencias dejará aún más expósita la ya diezmada soberanía alimentaria de Colombia. Como lo establecen los TLC y en general el “libre comercio”, no se les imponen a las trasnacionales requisitos de desempeño, como por ejemplo, que vendan parte de su producción en el mercado local.
La inconstitucionalidad del mal llamado Estatuto de Desarrollo Rural dejó sin piso por el momento la posibilidad de que el gobierno pueda otorgar a extranjeros grandes extensiones de tierra. Ahora el Ministerio de Agricultura explora medidas que le permitan revivir otro ataque a la soberanía alimentaria, medidas que consulta a los “interesados”. Este es el modelo Carimagua, el de los Robin Hood al revés. En un país con una de las peores distribuciones de la tierra del mundo (Gini de 0,85) y con millones desplazados, es propicio abstenerse de adelantar políticas que tiendan a aumentar las carencias económicas del campesinado y el empresariado rural y a debilitar aún más la soberanía nacional. ¡No a tierras a los extranjeros!
