Perú: El avance violento de la palma sobre una comunidad indígena

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21-10-2020, Mongabay
El último 17 de agosto, los comuneros de Santa Clara de Uchunya atraparon en flagrancia a un grupo de personas que talaban ilegalmente árboles dentro de su territorio.Foto: Iván Flores

Líderes shipibos relatan cómo es vivir bajo la amenaza de ataques de presuntos traficantes de tierra que continúan ingresando a sus territorios. En agosto de este año, sorprendieron a un grupo cuando talaba árboles de propiedad de la comunidad.

La comunidad nativa Santa Clara de Uchunya denuncia que estas invasiones se han agravado producto del avance de la palma aceitera en el distrito de Nueva Requena, en Ucayali.

“Las invasiones no paran, la deforestación no para y las amenazas no paran”, exclama Iván Flores Rodríguez por teléfono desde la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo en Ucayali. El dirigente shipibo resume así la historia de su comunidad desde el año 2012, cuando la empresa de palma aceitera Plantaciones de Pucallpa S.A.C. —hoy Ocho Sur P S.A.C.— se asentó al otro lado del río Aguaytía, a menos de cinco kilómetros de distancia de ellos.

Desde entonces, las amenazas y la incursión de traficantes de tierras en sus territorios han ido en aumento. Los habitantes de Santa Clara de Uchunya vinculan a la empresa palmicultora con cada uno de estos eventos de violencia. Aseguran que la transnacional alienta a terceros a invadir sus territorios ancestrales y tumbar sus bosques. Incluso han detectado que existe un patrón: los invasores se presentan primero como productores agrarios, luego solicitan constancias de posesión o títulos de propiedad a la autoridad regional y, finalmente, venden estos predios a la empresa para expandir la siembra del monocultivo.

Flores narra con claridad la incursión ilegal más reciente. Fue el 17 de agosto de este año. Ese día los comuneros de Santa Clara de Uchunya sorprendieron a un grupo de personas en el preciso instante en el que talaban árboles dentro de su territorio situado en la Amazonía de Perú. Lo irónico es que la escena ocurrió justo cuando los indígenas de Santa Clara revisaban la delimitación de sus tierras, luego de que en enero la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) aprobara la ampliación de su territorio en 1544 hectáreas. La comunidad, precisa Flores, confirmó una vez más ese día la alta vulnerabilidad en la que viven.

Ese 17 de agosto, a las 8:30 de la mañana, los comuneros shipibos rodearon e increparon a los extraños quienes en medio del bosque y con machetes en mano, ya habían acopiado los árboles talados de la especie bolaina para trasladarlos. Pese a la evidencia, narra Iván Flores, los hombres intentaron justificar su presencia bajo la excusa de que estaban “limpiando el camino”. La intervención y el arresto de los invasores quedaron registrados en un video y en fotografías que la abogada de la comunidad, Linda Vigo Escalante, presentó como evidencia horas después ante la Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali.

“No es la primera vez que ocurre. Siempre están intentando usurpar el terreno de la comunidad de distintas maneras. Desde que Santa Clara de Uchunya inició el linderamiento de su territorio han encontrado mucha más deforestación, usurpación de tierras e incluso sembríos de hoja de coca”, dijo Vigo en una entrevista con Mongabay Latam. Tras la denuncia, la policía y los fiscales llegaron hasta la comunidad donde permanecían detenidos los hombres. De acuerdo a la abogada, si bien la fiscalía pidió la prisión preventiva, el juez dejó en libertad a los acusados amparado en la emergencia por el COVID-19.

Además de esta denuncia, precisa Vigo, hace unas semanas presentaron otra por usurpación de terrenos contra una persona que ha sido identificada por la comunidad como un trabajador de Wilfredo Caballero Carrasco, quien figura en la lista de investigados por presuntamente integrar una organización criminal liderada por el empresario checo-estadounidense Dennis Melka, el principal financista de la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C. La investigación está hoy en manos de la primera fiscalía contra la criminalidad organizada.

¿A qué se enfrentan los habitantes de Santa Clara de Uchunya? Mongabay Latam narra en este reportaje la historia de una comunidad indígena que lleva años enfrentándose a invasores y traficantes de tierra, así como a los intereses de una palmicultora acusada de deforestación. Mientras los shipibos esperan que la justicia se pronuncie sobre su caso, la compañía continúa operando sin contar con una certificación ambiental del Estado que garantice la sostenibilidad de sus actividades en el territorio que reclama la comunidad.

Convivir con la amenaza

Carlos Hoyos Soria, de 35 años, dirigente indígena y exjefe de Santa Clara de Uchunya relata que sobrevivió a dos ataques de presuntos traficantes de tierras, uno en diciembre de 2017 y otro en julio de 2018. En ambas ocasiones, los sujetos armados repelieron con balas a Hoyos y a sus acompañantes cuando supervisaban los territorios de la comunidad, incluidas las áreas deforestadas. Hoyos lamenta que al no contar con protección permanente, le toca a la comunidad enfrentarse a todos esos peligros y convivir con el miedo.

“Toda esta situación me ha afectado bastante. En primer lugar como indígena, ha afectado mi cultura y mi modo de estar en la comunidad porque ahora no puedo vivir tranquilo, no puedo caminar libremente por mi territorio”, narra el dirigente a Mongabay Latam. Hoyos recuerda que en el 2018, la fiscalía inició una investigación por el presunto delito de tráfico de tierras contra funcionarios claves del gobierno regional. De acuerdo al caso denominado Cocha Anía, los entonces trabajadores regionales de Ucayali adjudicaron 128 predios (aproximadamente 3600 hectáreas del territorio que reclama como suyas la comunidad Santa Clara de Uchunya) a personas particulares en el 2015.

Uno de los implicados en este caso es el exdirector regional de Agricultura de Ucayali, Isaac Huamán Pérez, quien fue detenido en el 2018 acusado de ser el cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de tierras. Según la investigación fiscal, Huamán Pérez sería el responsable de autorizar certificados de posesión a favor de personas vinculadas a trabajadores de la dirección regional de agricultura para que luego las vendan a “una empresa internacional de palma”, en este caso, a ex Plantaciones de Pucallpa. Junto a él, se detuvo al exdirector de Titulación y Formalización de Predios. Huamán está bajo arresto domiciliario desde mayo de este año.

Carlos Hoyos Soria es enfático al señalar que la principal lucha de su comunidad es lograr la titularidad de todos sus territorios ancestrales, cuya área calculan en 20 mil hectáreas. Ahí están incluidas las más de 7 mil hectáreas ocupadas y deforestadas por ex Plantaciones de Pucallpa para la siembra de palma aceitera. Ese fue el mensaje que, en diciembre de 2018, el dirigente shipibo llevó junto a una delegación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No estamos pidiendo un favor, estamos reclamando por un derecho. El tráfico de tierras continúa y por eso pedimos una respuesta inmediata del Gobierno Regional de Ucayali. También estamos a la expectativa del fallo del Tribunal Constitucional”, precisó el dirigente.

 Hoyos se refiere a la demanda de amparo que presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) —máxima instancia de justicia del país— el 26 de mayo de 2016 en contra de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y la empresa ex Plantaciones de Pucallpa S.A.C. La demanda exige anular las 222 constancias de posesión emitidas a favor de personas ajenas a la comunidad que terminaron vendiendo esos predios a la empresa.

La demanda solicita también el cese inmediato de todas las actividades de la empresa ex Plantaciones de Pucallpa S.A.C. que provoquen la deforestación y degradación del bosque. En el documento del TC que admite a trámite la demanda, la sala a cargo señala que “los reclamos relacionados con el derecho a la propiedad de comunidades indígenas, campesinas o nativas, reviste un especial carácter de urgencia si es que se considera que, en muchas de ellas, el lugar en que habitan tiene una especial conexión con la obtención de recursos naturales para el desarrollo de su propio entorno”. La audiencia se realizó el 25 de septiembre del año pasado y ahora esperan el fallo.

Mientras tanto, los indígenas shipibos conviven con la violencia. Efer Silvano Soria (34), actual jefe de la comunidad Santa Clara de Uchunya, confiesa que todos los días lidia con la inseguridad tras haber sido víctima de amenazas de muerte. Sin embargo, sostiene que el compromiso por defender su territorio está por encima de su integridad personal. “No solo peligra mi vida, peligra la vida de toda la población”, explica del otro lado del teléfono. El jefe de la comunidad narra que también estuvo el día en que expulsaron a los extraños que talaban ilegalmente árboles en su territorio. Silvano Soria comenta que, lejos de que la detención y la denuncia tuvieran un efecto disuasivo en los invasores, estos han ingresado nuevamente a sus bosques.

“El tráfico de terreno continúa y por eso estas personas insisten. Hace una semana entramos a la misma zona y los encontramos haciendo chozas. Siento que el Estado no nos hace caso. Nosotros sacrificamos mucho cada vez que salimos de la comunidad a hacer una denuncia, es una inversión de tiempo y dinero que no tenemos. A veces a costa de dejar sin comer a nuestras familias”, se lamenta el dirigente shipibo.

“A mí me dijeron tú vas a ser el próximo”, revela Iván Flores, y trae a la conversación el asesinato de seis agricultores en el caserío de Bajo Rayal, el 1 de setiembre de 2017, para dejar en claro el peligro al que están expuestos en Nueva Requena. La muerte de estas personas se produjo por un conflicto entre traficantes de tierras que se disputaban la posesión de 450 hectáreas de un bosque de protección permanente (BPP). Flores dice que los bosques de la región se han convertido en un botín muy atractivo para los traficantes.

“La comunidad —añade Iván Flores— está dispuesta a tomar acciones por sus propias manos porque nos sentimos decepcionados y abandonados. Es como vivir una guerra interna dentro de nuestro propio país. Es un dolor muy grande para nosotros porque nos dicen que se debe cuidar un árbol, que no está bien deforestar pero estamos frente a un monstruo de la palma aceitera que lo hace y no hay sanción”.

El largo camino de la justicia

La primera denuncia registrada en Ucayali contra la entonces Plantaciones de Pucallpa S.A.C. data del 29 de mayo de 2015. En ese entonces, el líder cashibo-cacataibo Washington Bolívar Díaz e Iván Flores, como dirigente de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, alertaron que una empresa foránea estaba deforestando el bosque en el sector denominado Tibecocha. Ambos líderes indígenas advirtieron entonces que el bosque primario talado era parte del territorio de uso ancestral de Santa Clara de Uchunya.

Días antes, el 23 de mayo, la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali concluyó, tras una inspección en el lugar y el cruce de información necesaria, que la empresa había deforestado 180 hectáreas de bosque y que no existía ninguna solicitud de cambio de uso de tierras para fines agrícolas.

El 7 de agosto de 2017, la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos Ambientales de Ucayali formalizó la investigación contra el ciudadano checo-estadounidense Dennis Melka, en su calidad de financista y dueño de Plantaciones de Pucallpa S.A.C., y otras 24 personas. De acuerdo a las evidencias reunidas por la fiscalía, ex Plantaciones de Pucallpa compró las tierras de las comunidades indígenas corrompiendo a funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali para plantar palma aceitera en terrenos que no tenían permiso para el cambio de uso de suelo.

La fiscalía ambiental de Ucayali argumentó que los implicados debían ser investigados como organización criminal por el presunto delito contra los bosques y formaciones boscosas agravado, porque la deforestación desde 2013 de bosques primarios —entre los caseríos Naranjal y Unión Progreso, en Nueva Requena—  se habría logrado con el aval de funcionarios regionales como el ex director Regional de Agricultura de Ucayali, Isaac Huamán Pérez,  para establecer ilegalmente sembríos a gran escala de palma aceitera sin contar con un instrumento ambiental.

“Por su complejidad la investigación pasó a la Fiscalía Supranacional de Crimen Organizado desde el año 2017. Todo pasó a Lima, ya no seguimos el caso desde Pucallpa”, dijo escuetamente el fiscal José Luis Guzmán, de la fiscalía ambiental de Ucayali.

Mongabay Latam consultó sobre el estado de la investigación con la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la criminalidad organizada que tiene el caso desde el 31 de enero de 2018. El fiscal Álvaro Rodas, a cargo del caso, dijo que trabajan en desentrañar el conglomerado financiero creado por Dennis Melka. Mencionó también que han logrado sumar al proceso a tres colaboradores eficaces. Sobre los plazos, señaló que en noviembre vencen los 36 meses de investigación y estos podrían ampliarse a 36 más de acuerdo a la complejidad del caso.

El fiscal Rodas confirmó que el 18 de diciembre de 2018, el personal de la fiscalía de crimen organizado y agentes de la policía llegaron hasta las instalaciones de la empresa ex Plantaciones de Pucallpa S.A.C con una medida cautelar que ordenaba el cese de toda actividad de depredación del bosque, además de la paralización de toda su maquinaria. Sin embargo, la medida no fue ejecutada. La empresa argumentó que no son más Plantaciones de Pucallpa S.A.C., que su razón social cambió a Ocho Sur P desde el año 2016 y que no tienen relación alguna con la anterior.

“Levantamos el acta y tomamos nota de todo”, refiere Rodas, quien confesó que solo ingresar a las instalaciones de la empresa implicó un reto para las autoridades porque se asemeja a un búnker.

El 28 de agosto de este año, la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente solicitó al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria dictar el cese de todas las actividades de la empresa Ocho Sur P o cualquier otra persona natural y jurídica que esté operando ilícitamente en ese lugar.

Palma sin instrumento ambiental

En junio de este año, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego (DGAAA) rechazó por segunda vez el pedido presentado en febrero por la empresa Ocho Sur P S.A.C., ex Plantaciones de Pucallpa, para acceder al Programa de Adecuación y manejo Ambiental (PAMA), tras que violaran la ley. El PAMA es un instrumento que otorga el Estado para certificar que las actividades industriales de una empresa cumple con las mínimas leyes ambientales. Obtener el PAMA para Ocho Sur P significa garantizar la sostenibilidad de su actividad agrícola.

La DGAAA argumentó que la empresa, entonces con la razón social Plantaciones de Pucallpa, inició en el año 2013 una deforestación progresiva a gran escala para el cultivo de palma aceitera en el fundo Tibecocha sin contar con la autorización de cambio de uso de tierra. El documento firmado por Juan Carlos Castro, director de la DGAAA, concluyó que la empresa incumplió con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (vigente al momento del inicio de sus operaciones).

Los representantes de Ocho Sur P sostienen que en el fundo Tibecocha existió actividad agrícola desde la década de 1990 con cultivos de plátano, yuca, maíz e incluso, suelos en preparación para la siembra de palma aceitera. La DGAAA respondió que hasta el año 2011 solo había registrado una deforestación del 16 % del total de las 7 mil hectáreas del fundo Tibecocha. Sin embargo para el año 2013, fecha en que la ex Plantaciones de Pucallpa inició operaciones, la deforestación se incrementó en un 54 %, lo cual evidencia que el avance de la palma aceitera fue responsable de una deforestación progresiva y a gran escala del bosque.

Ocho Sur P respondió que ellos no deforestaron porque iniciaron operaciones en el 2016 (tras la transferencia de los activos de la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C.) y que adquirieron un derecho de propiedad “libre de cargas”. No obstante, la DGAAA aclaró que la evaluación que se realiza de la deforestación del fundo Tibecocha —territorio ancestral que la comunidad de Santa Clara de Uchunya reclama— no se centra en la propiedad del predio, sino en las actividades que se realizan para prevenir y mitigar los efectos ambientales.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Álvaro Másquez, quien está a cargo de las demandas de Santa Clara de Uchunya, explica que la estrategia de la empresa es lograr esta certificación ambiental para validar sus actividades de siembra y cosecha de palma, que incluyen los cultivos anteriores al 2016.

Másquez señala, además, que la resolución de la DGAAA ha sido enviada a los órganos fiscalizadores peruanos como el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), al Gobierno Regional de Ucayali y a la Contraloría para que procedan con las sanciones. Mongabay Latam confirmó que en agosto de este año, el OEFA inició el procedimiento administrativo sancionador contra Ocho Sur P.  

El abogado de la comunidad añade que no existe una norma específica que obligue a la empresa a paralizar automáticamente sus operaciones pese a la evidencia existente. “Existe un vacío legal que debe resolverse apelando a los principios del derecho ambiental. No conocemos algún antecedente por eso sería importante que se actúe de inmediato”, declaró Másquez.

Mongabay Latam buscó reiteradamente la versión de los representantes de Ocho Sur P respecto a su posición sobre el rechazo del PAMA y las acusaciones de los representantes de la comunidad Santa Clara de Uchunya sobre la violencia y amenazas que atribuyen a la empresa. Hasta el cierre de este reportaje no recibimos sus respuestas. En una entrevista con Mongabay Latam en marzo de 2018, Jorge Ulises Saldaña Bardales, vocero de las empresas Ocho Sur, rechazó cualquier vínculo de las empresas con las amenazas de la comunidad y precisó que estos conflictos se generan por invasiones de terrenos, sobre todo arroceros.

Desde Santa Clara de Uchunya y enterado de la noticia, el jefe de la comunidad Efer Silvano Soria, reconoció como un logro que el Minagri niegue la certificación ambiental a la empresa y exhortó a las autoridades nacionales a poner fin a esta historia de violencia. “Hemos sido baleados, denunciados, agredidos y hasta humillados por defender nuestro territorio. Ahora, exigimos al OEFA que sancione a esta empresa con la paralización total de sus actividades y pedimos al Tribunal Constitucional que nos permita recuperar nuestro territorio ancestral. Son muchos años que venimos esperando justicia”, concluyó Soria.
Original source: Mongabay
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