2-11-2017, Momarandu
Productores agropecuarios de varias localidades de Corrientes ratificaron con un plenario abierto en Boquerón la defensa de la vida en el campo y se manifestaron en contra del desarraigo, la concentración y extranjerización de tierras y la violencia institucional contra campesinos y comunidades originarias en territorio correntino. "Basta de concentración y venta de tierras y basta de violencia, basta de veneno", expresaron
La organización que los agrupa es la Federación Campesina-Guaraní, una entidad nobel con sede en varias localidades, que, a su vez, se integra como rama campesina en el movimiento socioambiental y libertario Guardianes del Yberá al Movimiento de Trabajadores Excluidos -MTE- y, desde este último, a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular -CTEP-, con sede en Capital Federal.
Distribuidos en cinco mesas -gestión, producción, tierras, género y violencia institucional-, productores oriundos de numerosas localidades, principalmente de Lavalle, Concepción, Capital, Jahaveré, Tatacuá, Itá Corá, Chavarría y Boquerón, planificaron durante dos días estrategias para "dar afrenta" a sus necesidades y a las dificultades que identifican mutuamente en su vida cotidiana.
Hacia su cierre, programaron un plan de lucha que los llevará hasta el Congreso en los próximos días, no sin luego pasar por el gobierno correntino, con protestas para las oficinas de Producción encargadas de la gestión de tierras fiscales y de programas y proyectos de promoción y de control agropecuario y de Agroindustria en esta Provincia.
Los productores se movilizarán hasta la Cámara de Diputados de la Nación el próximo 8 de noviembre en reclamo de sanción definitiva para la prórroga de la Ley de Emergencia Indígena -20.160- y volverán a convocarse en Lavalle, Corrientes, por tierra y alimentos "sin veneno", el 23 de este mes.
Luego, marcharán en contra de la extranjerización y la concentración de tierras hasta el ICAA -Instituto Correntino del Agua y el Ambiente- y el Registro de Inmuebles el 10 de diciembre próximo, en la Ciudad de Corrientes.
Los productores que participaron del Plenario dicen que la concentración y la extranjerización de tierras en la Provincia continúa bajo "formas solapadas" de negocio facilitadas a propietarios de grandes extensiones de tierras por funcionarios en el Estado y que el control sobre la agroindustria es poco efectivo y genera riesgos para las comunidades.
DEFENSA DE COMUNIDADES Y CAMPESINOS
La defensa de la vida campesina y originaria será una cuestión central durante las protestas debido a que -de acuerdo a las conclusiones del plenario- los productores tienen más problemas que antes para mantener activas las tierras bajo su dominio, en especial, aquellas afectadas por inundaciones causadas por acumulacion de aguas en tierras contiguas bajo la titularidad de empresas donde las construcciones ilegales producen impactos no declarados.
Los conflictos por tierras o bienes campesinos y de comunidades originarias en litigio o aún sin seguimiento del Estado, serán un punto crucial adherido al anterior. La mayoría de los productores presentes durante el plenario aseguraron que en los últimos años se agudizaron las diferencias sobre los límites de las tierras comunitarias bajo dominio campesino u originario y de aquellas bajo título de empresas caudalosas.
Esto, debido a la “ausencia de controles” de dominio territorial y a la negativa del Estado correntino a publicar los títulos de propiedad declarados en su registro para el ejercicio de un monitoreo abierto y ciudadano amparado por la Constitución provincial sobre el manejo del gobierno en su administración de tierras fiscales, señalaron a momarandu.com.
Los productores también remarcan que, pese a manifestarse afectados por la adversidad climática esta temporada, muchos de ellos permanecen omitidos de asistencia y de las exenciones de tributos que el Estado prevé para quienes se hallan en situación de emergencia agropecuaria. Otros, que, pese a haber iniciado gestiones, continúan produciendo sin asistencia para la protección aérea de sus plantaciones.
Los productores también harán un llamado de atención a las autoridades sobre la necesidad de establecer mecanismos de protección para las comunidades campesinas y originarias con derechos vulnerados y en condiciones de aislamiento por ausencia de caminos transitables de entrada o salida en sus territorios a causa del encuentro de trazados imprecisos o ilegales de proporciones concentradas por terratenientes y la omisión de mediación estatal efectiva sobre la ambigüedad de estos límites.
Los productores dicen que la vida campesina y originaria no sólo está siendo afectada por problemas como estos, en los cuales restricciones y omisiones impuestas por terratenientes vulneran derechos esenciales, sino también amenazas y agresiones a campesinos e indígenas. En esto último, con intervención de efectivos policiales y funcionarios judiciales, se enumeran una significativa cantidad de hechos de violencia en los cuales campesinos e indígenas son amedrentados para que oculten su identidad, abandonen su idioma y sus costumbres tradicionales y desalojen sus tierras.
DECLARACIÓN DE BIENES PÚBLICOS
Otro aspecto que destaca del plenario es la necesidad de dar vida a un plan de "reforma de tierras" basado en el reconocimiento a la labor campesina y a la preexistencia de las comunidades originarias en territorio provincial. Los productores aseguran que solo de este modo se dará marcha atrás al desempleo, el desarraigo y a la migración marginalizada de los jóvenes del campo hacia las ciudades capitales del norte y el centro del país.
Los campesinos y karais de las comunidades originarias están de acuerdo en que Corrientes debe implementar un programa de redistribución equitativa con alcance a todo el territorio provincial y abierto con exclusividad a los habitantes "más humildes" para que accedan a una porción de tierras en la cual les sea posible construir una casa y sembrar producción mínima de subsistencia. Todo esto, bajo tutela de los organismos públicos, de acuerdo a pautas de trabajo que permitan el cese definitivo de la conflictividad en territorios acaparados por grandes terratenientes o "en la mira" de capitales extranjeros.
No obstante, aclaran, esto debe suceder con participación y bajo monitoreo de las organizaciones de representación campesina y originaria. La propuesta implica que el Estado declare públicamente un mapa de tenencia de tierras, con el que las organizaciones sociales intentarán monitorear la constitucionalidad del criterio de entrega de tierras a extranjeros, de acuerdo a como establece la norma fundamental de Corrientes, y elaborar propuestas de promoción para la implementación de políticas públicas en línea con el Artículo 75 de la Constitución Nacional. "Toda persona humilde tiene derecho al acceso a la tierra. Que las tierras de Corrientes estén en manos de los correntinos", se señaló.
Desde una perspectiva agroecológica, las comunidades campesinas y originarias interpretan el aumento de la actividad agroindustrial, ampliamente favorecido por el discurso político y empresarial como factor de rigor para el “progreso económico” de la Provincia, como la continuidad de una política de violencia contra la vida campesina y originaria, con excesos en la "permisividad" con que el Estado provincial y los gobiernos municipales mantienen su intervención dentro de la regulación vigente para el control de fumigaciones y de tránsito de venenos químicos y la promoción de monocultivo forestal y la industria de pasta celulosa.
Productores agropecuarios de varias localidades de Corrientes ratificaron con un plenario abierto en Boquerón la defensa de la vida en el campo y se manifestaron en contra del desarraigo, la concentración y extranjerización de tierras y la violencia institucional contra campesinos y comunidades originarias en territorio correntino. "Basta de concentración y venta de tierras y basta de violencia, basta de veneno", expresaron
La organización que los agrupa es la Federación Campesina-Guaraní, una entidad nobel con sede en varias localidades, que, a su vez, se integra como rama campesina en el movimiento socioambiental y libertario Guardianes del Yberá al Movimiento de Trabajadores Excluidos -MTE- y, desde este último, a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular -CTEP-, con sede en Capital Federal.
Distribuidos en cinco mesas -gestión, producción, tierras, género y violencia institucional-, productores oriundos de numerosas localidades, principalmente de Lavalle, Concepción, Capital, Jahaveré, Tatacuá, Itá Corá, Chavarría y Boquerón, planificaron durante dos días estrategias para "dar afrenta" a sus necesidades y a las dificultades que identifican mutuamente en su vida cotidiana.
Hacia su cierre, programaron un plan de lucha que los llevará hasta el Congreso en los próximos días, no sin luego pasar por el gobierno correntino, con protestas para las oficinas de Producción encargadas de la gestión de tierras fiscales y de programas y proyectos de promoción y de control agropecuario y de Agroindustria en esta Provincia.
Los productores se movilizarán hasta la Cámara de Diputados de la Nación el próximo 8 de noviembre en reclamo de sanción definitiva para la prórroga de la Ley de Emergencia Indígena -20.160- y volverán a convocarse en Lavalle, Corrientes, por tierra y alimentos "sin veneno", el 23 de este mes.
Luego, marcharán en contra de la extranjerización y la concentración de tierras hasta el ICAA -Instituto Correntino del Agua y el Ambiente- y el Registro de Inmuebles el 10 de diciembre próximo, en la Ciudad de Corrientes.
Los productores que participaron del Plenario dicen que la concentración y la extranjerización de tierras en la Provincia continúa bajo "formas solapadas" de negocio facilitadas a propietarios de grandes extensiones de tierras por funcionarios en el Estado y que el control sobre la agroindustria es poco efectivo y genera riesgos para las comunidades.
DEFENSA DE COMUNIDADES Y CAMPESINOS
La defensa de la vida campesina y originaria será una cuestión central durante las protestas debido a que -de acuerdo a las conclusiones del plenario- los productores tienen más problemas que antes para mantener activas las tierras bajo su dominio, en especial, aquellas afectadas por inundaciones causadas por acumulacion de aguas en tierras contiguas bajo la titularidad de empresas donde las construcciones ilegales producen impactos no declarados.
Los conflictos por tierras o bienes campesinos y de comunidades originarias en litigio o aún sin seguimiento del Estado, serán un punto crucial adherido al anterior. La mayoría de los productores presentes durante el plenario aseguraron que en los últimos años se agudizaron las diferencias sobre los límites de las tierras comunitarias bajo dominio campesino u originario y de aquellas bajo título de empresas caudalosas.
Esto, debido a la “ausencia de controles” de dominio territorial y a la negativa del Estado correntino a publicar los títulos de propiedad declarados en su registro para el ejercicio de un monitoreo abierto y ciudadano amparado por la Constitución provincial sobre el manejo del gobierno en su administración de tierras fiscales, señalaron a momarandu.com.
Los productores también remarcan que, pese a manifestarse afectados por la adversidad climática esta temporada, muchos de ellos permanecen omitidos de asistencia y de las exenciones de tributos que el Estado prevé para quienes se hallan en situación de emergencia agropecuaria. Otros, que, pese a haber iniciado gestiones, continúan produciendo sin asistencia para la protección aérea de sus plantaciones.
Los productores también harán un llamado de atención a las autoridades sobre la necesidad de establecer mecanismos de protección para las comunidades campesinas y originarias con derechos vulnerados y en condiciones de aislamiento por ausencia de caminos transitables de entrada o salida en sus territorios a causa del encuentro de trazados imprecisos o ilegales de proporciones concentradas por terratenientes y la omisión de mediación estatal efectiva sobre la ambigüedad de estos límites.
Los productores dicen que la vida campesina y originaria no sólo está siendo afectada por problemas como estos, en los cuales restricciones y omisiones impuestas por terratenientes vulneran derechos esenciales, sino también amenazas y agresiones a campesinos e indígenas. En esto último, con intervención de efectivos policiales y funcionarios judiciales, se enumeran una significativa cantidad de hechos de violencia en los cuales campesinos e indígenas son amedrentados para que oculten su identidad, abandonen su idioma y sus costumbres tradicionales y desalojen sus tierras.
DECLARACIÓN DE BIENES PÚBLICOS
Otro aspecto que destaca del plenario es la necesidad de dar vida a un plan de "reforma de tierras" basado en el reconocimiento a la labor campesina y a la preexistencia de las comunidades originarias en territorio provincial. Los productores aseguran que solo de este modo se dará marcha atrás al desempleo, el desarraigo y a la migración marginalizada de los jóvenes del campo hacia las ciudades capitales del norte y el centro del país.
Los campesinos y karais de las comunidades originarias están de acuerdo en que Corrientes debe implementar un programa de redistribución equitativa con alcance a todo el territorio provincial y abierto con exclusividad a los habitantes "más humildes" para que accedan a una porción de tierras en la cual les sea posible construir una casa y sembrar producción mínima de subsistencia. Todo esto, bajo tutela de los organismos públicos, de acuerdo a pautas de trabajo que permitan el cese definitivo de la conflictividad en territorios acaparados por grandes terratenientes o "en la mira" de capitales extranjeros.
No obstante, aclaran, esto debe suceder con participación y bajo monitoreo de las organizaciones de representación campesina y originaria. La propuesta implica que el Estado declare públicamente un mapa de tenencia de tierras, con el que las organizaciones sociales intentarán monitorear la constitucionalidad del criterio de entrega de tierras a extranjeros, de acuerdo a como establece la norma fundamental de Corrientes, y elaborar propuestas de promoción para la implementación de políticas públicas en línea con el Artículo 75 de la Constitución Nacional. "Toda persona humilde tiene derecho al acceso a la tierra. Que las tierras de Corrientes estén en manos de los correntinos", se señaló.
Desde una perspectiva agroecológica, las comunidades campesinas y originarias interpretan el aumento de la actividad agroindustrial, ampliamente favorecido por el discurso político y empresarial como factor de rigor para el “progreso económico” de la Provincia, como la continuidad de una política de violencia contra la vida campesina y originaria, con excesos en la "permisividad" con que el Estado provincial y los gobiernos municipales mantienen su intervención dentro de la regulación vigente para el control de fumigaciones y de tránsito de venenos químicos y la promoción de monocultivo forestal y la industria de pasta celulosa.
