Cuando un gran proyecto de biocombustible se convierte en trampa mortal

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“Lo han matado de un disparo a bocajarro”, informa por teléfono Yusuf Barro, portavoz del colectivo de defensa de los intereses y de las tierras de Fanaye en Senegal.

Mediapart (via Viento Sur) | 27 de noviembre de 2011

Senegal
Cuando un gran proyecto de biocombustible se convierte en trampa mortal

Mehdi Meddeb (Mediapart)

Sobre el papel, el proyecto parecía perfecto. Tractores senegaleses impulsados por bioetanol, miles de habitantes de Fanaye y los alrededores con empleo, escuelas, centros de salud, carreteras, una tierra árida que pronto sería verde, más de un millón de euros para luchar contra la pobreza… Era la firme promesa de una vida mejor para esta población al norte de Senegal, a pocos kilómetros de la frontera con Mauritania. A Fanaye le iba a tocar la lotería. Pero todo era demasiado bonito para ser cierto. Hasta el 26 de octubre.

Ese día, el consejo rural de esta localidad debate sobre la atribución de 20.000 hectáreas a Senhuiles-Senéthanol, empresa filial de una sociedad italiana desconocida en el sector del biocombustible: Tampieri Financial Group. Delante de la sede oficial del consejo, numerosos habitantes enfurecidos intentan manifestarse. Partidarios del proyecto italiano abren fuego: un hombre cae al suelo.

“Lo han matado de un disparo a bocajarro”, informa por teléfono Yusuf Barro, portavoz del colectivo de defensa de los intereses y de las tierras de Fanaye. “Unas cuarenta personas fieles al presidente del consejo rural estaban armadas con fusiles tradicionales y machetes”, prosigue, “no nos han dado ninguna oportunidad de expresarnos.” En total mueren dos personas y hay más de veinte heridos.

Hace ya meses que el conflicto estaba latente en Fanaye. Los ganaderos oían hablar de un proyecto grandioso sin que nadie les consultara. Extranjeros que invierten pero que serán poco respetuosos. Circulan rumores sobre la profanación de un cementerio para construir un canal de riego. El mismo nombre de Senhuiles-Senéthanol ya despierta sospechas. “Pensábamos que querían hacer alcohol aquí, en un país musulmán”, explica un habitante contactado por teléfono.

El proyecto se puso en marcha en el mes de abril: instalación de un invernadero de 300 hectáreas, llegada de semillas de girasol, etc. Se dice que incluso habían empezado a trabajar un millar de jornaleros. Senhuiles-Senéthanol promete crear 2.500 empleos directos. Es decir, trabajo para casi todo el mundo. “Imposible, no somos tantos en Fanaye”, fulmina Yusuf Barro.

En estas tierras, la empresa pretende cultivar girasol: piensa exportar 180.000 toneladas de grano a Europa el año que viene, “es decir, el 100 % de los granos para producir aceite de girasol”, según el director de operaciones de Senhuiles-Senéthanol, Momath Ba. Lo que pasa es que esto es ilegal, ya que la ley senegalesa de 2010 sobre los biocombustibles dispone que la mitad de los granos debe venderse en el mercado nacional. Sin embargo, desde los hechos sangrientos del 26 de octubre, todo está en el aire. “El proyecto está congelado, en compás de espera,“ señala Momath Ba. “Es cuestión de unos días.” Cabe dudarlo.

Incumplimiento de normas ambientales

En efecto, el conflicto en Fanaye ha adquirido una dimensión nacional, una importancia jamás vista en Senegal. Sobre el telón de fondo de la campaña para las elecciones presidenciales de febrero de 2012, la problemática del acaparamiento de tierras, durante mucho tiempo ignorada por el Gobierno, vuelve como un peligroso bumerán. El primer ministro ha suspendido las actividades de Senhuiles-Senéthanol.

“Más allá de las maniobras electoralistas, el acaparamiento de tierras ha adquirido proporciones peligrosas,” señala Amadú Kanuté. “En diez años, 17 operadores privados senegaleses o extranjeros se han hecho con 650.000 hectáreas, el equivalente a cerca del 17 % de las tierras cultivables en Senegal.” Para el responsable de CICODEV Africa, una ONG afincada en Dakar, el país se halla en rumbo de colisión. “Han cerrado los ojos durante demasiado tiempo. Ahora la gente despierta, se rebela, y todo esto degenerará en conflicto.” En efecto, el caso de Fanaye no es una excepción. La cuestión de la tierra se convierte, con la globalización “verde”, en una baza de primer orden en toda África.

En Senegal, CICODEV y otras asociaciones han constituido una plataforma que propugna una reforma agraria. Planteado repetidamente, el proyecto de aclarar la cuestión de la atribución de tierras ha fracasado siempre en el Parlamento. El consejo rural puede asignar tierras no explotadas, pero de acuerdo con el derecho consuetudinario, la tierra pertenece siempre a los habitantes. “Teóricamente, el suelo senegalés no se puede vender, arrendar ni prestar,” explica el investigador Sheij Umar Ba. “Pero este principio no suele respetarse.”

Senhuiles-Senéthanol ha hecho malabarismo jurídico. Conforme al protocolo de acuerdo, la empresa ha toreado la ley y “se compromete a pagar 25.000 francos por hectárea en concepto de impuesto sobre la superficie puesta a su disposición”. Ni arrendamiento ni venta, sino puesta a disposición por la módica suma de… 38 euros por hectárea. En cuanto a los impuestos previstos para la comunidad rural, la cantidad también es ridícula: 50.000 euros al año por la superficie atribuida. Se calcula que la exportación de granos de girasol reportará a la empresa 72 millones de euros al año. Es decir, el establecimiento de una empresa de biocombustible en tierras senegalesas se hace a precio de amigo.

No hubo consultas a la población a pesar de una directiva europea de 2009, se aplicaron precios de saldo y ¿qué decir del respeto del medio ambiente? En este terreno también se roza lo grotesco. Como admite por descuido uno de los responsables de la empresa ante la prensa senegalesa, “el estudio de impacto ambiental está en proceso de reactualización”, es decir, se lleva a cabo después de los incidentes, cuando la normativa exige que se realice antes de poner en marcha un proyecto de producción de biocombustible.

“El cultivo del girasol es intensivo,” explica el agrónomo Bruno Legendre, “y estas tierras son frágiles, por lo que se corre el riesgo de causar un deterioro irreversible.” Este investigador, afincado desde hace casi tres decenios en Senegal, conoce bien la región, pues ha vivido allí durante una decena de años. “El país está amenazado en el norte por la desertización y en la costa por el cambio climático, por la salinización de las tierras y la presión demográfica,” explica a su vez el sociólogo Sheij Umar Ba. “La cuestión es de vida o muerte y no se puede atribuir simplemente unas tierras sin el consentimiento de la población local.”

Un riesgo real para la seguridad alimentaria

El caso es insólito porque hasta ahora no se había emprendido ningún proyecto de este tipo en esta región casi desértica. “Desde la década de 1970, estas tierras del norte, alejadas del valle del río Senegal, se dejan en barbecho y sirven de lugar de paso para el pastoreo”, recuerda Bruno Legendre. “Estas tierras no están marginadas, pues encierran efectivamente un enorme potencial, pero es muy arriesgado porque las sumas invertidas son cuantiosas y sobrepasan los 150 millones de euros en 15 años.”

Suena raro, pero el director de operaciones plantea una posible deslocalización de las actividades a otra región de Senegal cuando en Fanaye “se han roturado cerca de 5.000 hectáreas y se está construyendo un centro administrativo para las oficinas,” indica. Está visto que la suspensión del proyecto genera confusión. “Con el conflicto de Fanaye ha estallado la amplitud del acaparamiento de tierras,” subraya Sheij Umar Ba. “El Gobierno no solo tiene que congelar el proyecto, sino decretar una moratoria sobre todos los proyectos similares de producción de biocombustible. Y hay muchos. Nuestros gobernantes han de pensar sobre todo en alimentar a los senegaleses.”

La explotación de Senhuiles-Senéthanol amenaza con convertir a los pastores propietarios de sus tierras en jornaleros desposeídos. Miriam Sow, de ENDA Tiers-Monde, una ONG radicada en Dakar, señala asimismo un verdadero riesgo para la seguridad alimentaria: “Estos títulos de propiedad son un verdadero escándalo, pues representan una forma de colonización de lo más ruin. Se reinventan las plantaciones de algodón de EE UU. Se quiere convertir a los campesinos de Fanaye en esclavos explotados, porque se trata de empleos temporales y sin derechos. Es hora de aplicar políticas agrarias que beneficien a los senegaleses.”

Bruno Legendre corrobora: “El dinero no lo resuelve todo. Este tipo de proyectos comportan una violencia social inusitada. La diferencia es demasiado grande entre las sumas comprometidas y lo que perciben las poblaciones locales. Se va demasiado rápido. Hay que mirar al largo plazo, a 15 años vista, y cuando uno desmonta los argumentos de los dirigentes de esta sociedad, se da cuenta de que las inversiones no representan más que el 10 % de los beneficios previstos, y eso no es justo.” Al final expresa una sospecha: “Hay otros grupos italianos que se han instalado hace algunos años y dicen que producen biocombustibles en otras regiones de Senegal. Lo cierto es que prácticamente han suspendido sus actividades. ¿Por qué? Habría que indagar en la cuestión del blanqueo de dinero.”

Contactada por Mediapart, la empresa Tampieri Financial International –cuyo sitio web en inglés está en construcción– no ha querido responder a nuestras preguntas. En Fanaye están de duelo: “Esperamos justicia porque ha habido muertos”, concluye Yusuf Barro.

22/11/2011

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