La red indígena ALDAW (Ancestral Land/Domain Watch) de Filipinas está sumamente preocupada por los descubrimientos de un estudio que realizó recientemente en Palawan Sur. La investigación muestra que el desarrollo de la palma aceitera está empobreciendo a las comunidades indígenas locales y destruyendo un medio ambiente biológicamente diverso. El estudio de caso de ALDAW, “The Palawan Oil Palm Geotagged Report 2013. The Environmental and Social Impact of Oil Palm Expansion on Palawan UNESCO Man & Biosphere Reserve (The Philippines)”, está disponible en http://www.regenwald.org/files/pdf/The-Palawan-Geotagged-Oil-Palm-Report-Part-1.pdf y http://www.regenwald.org/files/pdf/The-Palawan-Oil-Palm-Geotagged-Report-Part-2.pdf.
A continuación resumimos algunas partes del informe referentes al acaparamiento de tierras que conlleva la expansión de la palma aceitera.
La expansión actual de las plantaciones industriales de palma aceitera
Desde la época del ex dictador Ferdinando Marcos hasta la actual presidencia de Benigno Aquino III, los beneficios potenciales de la palma aceitera (por ejemplo, la erradicación de la pobreza y una mayor independencia económica con respecto al aceite importado) han marcado la pauta de las políticas oficiales al respecto.
Los planes de plantación de palma han sido principalmente iniciativas de inversores privados (propietarios y directores de fábricas de aceite, y productores/cultivadores de palma), con el apoyo de organismos gubernamentales como el Ministerio de la Reforma Agraria (DAR), el Ministerio de Agricultura (DA), el Ministerio de Industria y Comercio (DTI), y también las Unidades Locales de Gobierno (LGU).
Según datos de 2009, aportados por el Consejo Filipino de Desarrollo de la Palma Aceitera (PPODC), ya se ha plantado un total de 46.608 hectáreas de palma aceitera. Esto representa un aumento del 160% en un lapso de sólo cuatro años.
En Filipinas, las compañías de palma aceitera tienen dificultades para adquirir grandes parcelas para convertirlas en plantaciones. De hecho, en aplicación de la Ley General de Reforma Agraria (CARL) aprobada el 10 de junio de 1988, se distribuyeron tierras a un sinnúmero de agricultores – a título individual o en forma de cooperativas o asociaciones – con el propósito de aumentar la justicia social y para mejorar la calidad de vida de los campesinos sin tierra. A su vez, esto debía estimular la producción agrícola en tierras públicas y privadas.
El acaparamiento de tierras provocado por la industria del aceite de palma
Hoy en día, en las zonas en que las parcelas tienen propietarios individuales gracias a la obtención de un Certificado de Propiedad de la Tierra (CLO), las compañías de palma aceitera intentan agrupar tierras fragmentadas y agricultores individuales en cooperativas con las cuales llegan a diversos tipos de acuerdos.
El Plan Filipino de Desarrollo de la Palma Aceitera establece también que el área potencialmente disponible para ese fin incluye unas 304.000 ha de tierras ociosas o poco explotadas. Sin embargo, la mayoría de esas tierras supuestamente “ociosas” o “poco explotadas” son utilizadas por poblaciones indígenas y rurales para diversos fines (recolección de productos no leñosos y plantas medicinales, agricultura itinerante, etc.). Esas zonas incluyen también los ríos que proveen de agua potable a las familias rurales.
Además de la alarmante expansión de las minas de níquel en la provincia de Palawan, los pueblos indígenas y los agricultores de los llanos se enfrentan ahora a las amenazas que plantea el desarrollo de la palma aceitera.
En Palawan, al menos 15.000 ha de las 20.000 previstas para el desarrollo de la palma aceitera han sido plantadas por tres compañías: Agusan Plantations Group, Palawan Palm and Vegetable Oil Mills Inc. (PPVOMI) - del cual el 60% pertenece a Singapur y el 40% a Filipinas - y su empresa asociada Agumil Philippines Inc. (AGPI).
Es escasa la información pública sobre los procesos y procedimientos por los cuales se otorga a las compañías de palma aceitera de Palawan los permisos de conversión de tierras y las autorizaciones ambientales. La evaluación realizada por ALDAW sobre el terreno reveló que los procedimientos para la adquisición de tierras y la obtención de permisos por parte de las compañías de palma aceitera han perjudicado y marginalizado a las comunidades indígenas de las tierras bajas, y contribuido a una pérdida masiva de biodiversidad.
La mayoría de los miembros de comunidades indígenas que han “arrendado” porciones de sus campos a las compañías de palma aceitera no tienen una idea clara de la naturaleza de esos “acuerdos”, ni poseen contratos escritos firmados por las compañías. No sólo los derechos de los pueblos indígenas sino también los de los agricultores que participaron en los acuerdos parecen haber sido violados de una u otra forma. La capacidad de los agricultores de hacer frente a la escasez de alimentos y a la pérdida de cosechas está en riesgo, puesto que no pueden intercalar otras plantas comestibles dentro de las plantaciones sin permiso de la compañía; además, no les está permitido el cultivo intercalado de arroz irrigado.
Los agricultores que cultivan palma aceitera para AGPI son particularmente vulnerables dado que, en el régimen que se aplica a dichas plantaciones, si la compañía no está satisfecha con la manera como manejan la tierra, ésta puede serle transferida. Los agricultores también deben pagar a AGPI una suma que cubre diversos gastos, como la llamada “restauración del proyecto”.
Es necesario realizar una investigación más detallada sobre el carácter ambiguo de los “contratos de alquiler” y “arriendos de tierra” que implican la conversión de tierra ancestral indígena en plantaciones de palma aceitera. La duración de dichos arriendos es de unos 20-25 años (lo cual equivale a la vida productiva de la palma aceitera). Entre otras desventajas ocultas, al final del período de arriendo los ocupantes indígenas tradicionales y los agricultores locales pueden encontrarse con sus campos llenos de viejas palmas moribundas. Luego de años de aplicación intensiva de fertilizantes y plaguicidas, esos campos ya no sirven para cultivos alimenticios. Los suelos agotados ya no sirven para la agricultura tradicional, y cualquier intento de devolverles los nutrientes requerirá intervenciones muy caras que el gobierno difícilmente podrá costear.
En la Municipalidad de Española, varias familias indígenas vendieron sus tierras a precios muy bajo, para obtener una ganancia económica rápida. Esto obligó a su vez a otras familias a vender sus tierras, cuando se encontraron rodeadas de plantaciones de palma aceitera.
En otras provincias se ha sabido que las plantaciones de palma aceitera existentes se superponen en parte al dominio ancestral de los pueblos indígenas (por ejemplo, en Bukidnon, Sultan Kudarat, Augusan, Cotabato). Si una compañía tiene la intención de realizar actividades en esas zonas, debe obtener primero el consentimiento de la comunidad por medio del proceso previsto para el Consentimiento Previo, Libre e Informado (FPIC).
Sin embargo, el equipo de ALDAW encontró que las compañías de palma aceitera recurren a estrategias ilegales para obtener tierras. Según informantes indígenas, en varios casos la comunidad sólo recibió información parcial o falsa sobre los planes y objetivos reales de la compañía. Sin información suficiente, varias comunidades no se opusieron inicialmente a las plantaciones de palma aceitera. Por ejemplo, un representante indígena de Maasin (Brooke’s Point) dijo a ALDAW que lo que él había entendido era que la compañía sólo iba a usar un área limitada para construir un vivero. Para su sorpresa, descubrió luego que, además del vivero, la compañía estaba usando una extensión mucho mayor para plantar palma aceitera. Además, esa extensión forma parte del territorio ancestral de las comunidades de Maasin de la llanura de Palawan.
Para ampliar sus plantaciones de palma aceitera, las compañías han logrado a menudo entrar en tierras boscosas sobre las que hay acuerdos de tenencia, como los Acuerdos de Gestión Forestal Comunitaria (CBFMA), los cuales pueden ser anulados si la agricultura reemplaza a la silvicultura como actividad económica predominante de la zona. De este modo, sus titulares podrían perder la tenencia del bosque y todo privilegio sobre el uso de sus recursos.
Las plantaciones de palma aceitera también se han extendido en zonas utilizadas por los pueblos indígenas para el cultivo de variedades locales de arroz de secano, raíces comestibles y árboles frutales. Esto ha afectado mucho la diversidad de la agricultura tradicional, y las comunidades locales se han vuelto aún más dependientes de los alimentos comprados.
También en las zonas situadas entre los arrozales de la llanura y los bosques de montaña se han extendido las plantaciones de palma aceitera. Dichas zonas coinciden exactamente con las que las comunidades indígenas siempre utilizaron para la agricultura itinerante, donde aplican períodos de barbecho de 4 a 7 años o más. Durante el período de barbecho, indispensable para que la tierra recupere parte de sus nutrientes, la zona puede parecer, para ojos inexpertos, improductiva y no explotada. Sin embargo, los agricultores indígenas volverán a utilizarla cuando termine el período de barbecho o cuando el suelo haya recuperado el mínimo de nutrimentos necesarios para ser nuevamente cultivado. Hoy en día, la expansión de las plantaciones de palma aceitera en tierras en barbecho (benglay) está reduciendo el período que se necesita para que el ciclo de agricultura itinerante sea sustentable; esto lleva a una erosión genética irreversible, así como a la desintegración de la identidad y visión del mundo de los pueblos indígenas.
Las plantaciones de palma aceitera de Palawan ya están compitiendo e invadiendo otras zonas cultivadas y territorios que han permitido a los pueblos conservar su autosuficiencia. En pocas palabras, ese tipo de agricultura intensiva que beneficia a los agricultores que están en mejor situación, a las compañías y a los empresarios, se está apoderando de las tierras agrícolas tradicionales que han asegurado durante generaciones la subsistencia de los pequeños agricultores y los pueblos indígenas.
