29-4-2013, El Nuevo Día
Casi desapercibido para los colombianos debido a que no tuvo el eco y la transcendencia que un tema de estos amerita, pasó el foro “Territorio, Extranjerización y Acaparamiento de la Tierra”, que se llevó a cabo en la capital de país la semana anterior, organizado por el Incoder , y al cual asistieron expertos de la materia. Lo relevante en sí mismo, no es el evento, sino las conclusiones a las cuales se llegaron por parte de algunos.
Resulta que quedó claro que pese a este mundo globalizado en que nos movemos, de tratados de libre comercio, de acuerdos comerciales, de corporaciones multinacionales que tienen más plata que muchos estados, nuestro país pareciera no estar preparado –y lo que es peor- no estar dando los pasos rápidos y certeros para evitar la extranjerización de nuestro territorio.
Esa extranjerización se entiende como la compra que otros países o naciones hacen de extensiones de tierra en nuestro país; ellos o empresas multinacionales los adquieren para desarrollar sus actividades económicas. El problema es que no nos hemos preocupado por regular dichos procesos de compra, los alcances, hasta que parte del suelo son dueños, que pueden hacer allí, por cuántos años, en qué momento el estado puede recuperar dichos predios, cuántos es lo máximo que pueden comprar para que con ello no afecten nuestra propia economía, la soberanía y, por qué no, la seguridad alimentaria futura del pueblo colombiano.
Y es que según el propio ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, y la directora nacional de dicha entidad, Miriam Villegas, es necesario ponerle la mayor atención al asunto por diferentes razones: el país no tiene un censo rural actualizado, es más, se calcula que hace más de 40 años no se hace uno; tampoco se cuenta con un catastro rural con datos precisos que diga cuántos baldíos hay en Colombia.
No se tiene certeza de qué está pasando en zonas donde se han usurpado tierras por parte de grupos al margen de la ley, narcotraficantes, sitios donde hay despejo de tierra e informalidad en el manejo de la misma.
Nuestro país tiene 114 millones de hectáreas según se calcula y en uso para temas agrícolas solo hay cinco millones. Sin duda, para países con superpoblaciones o que no tiene tierra para cultivar o desarrollar actividades productivas con el agua requerida dentro de sus fronteras, el aprovechar una “papaya” como la falta de regulación y control de un país como el nuestro con tanta tierra ahí, sin darle uso, sin ponerle atención al tema o regularlo, el llegar a comprar tierra con nuevos contratos de derechos sobre superficies por fuera de su nación, pero considerando estas nuevas tierras parte de su territorio con derechos plenos sobre él.
Pareciera un cuento chino, una fábula india o un poema japonés con sentido político, pero precisamente es de allí de donde provienen las amenazas sobre nuestra tierrita. Ojalá con el embeleco en que estamos de la inversión extranjera directa en Colombia, ese temita sea bien definido y podamos ver a nuestros gobernantes y senadores –incluidos por supuesto quienes le deben su credencial al Tolima- ocupándose más del tema y menos en cocteles capitalinos.
Casi desapercibido para los colombianos debido a que no tuvo el eco y la transcendencia que un tema de estos amerita, pasó el foro “Territorio, Extranjerización y Acaparamiento de la Tierra”, que se llevó a cabo en la capital de país la semana anterior, organizado por el Incoder , y al cual asistieron expertos de la materia. Lo relevante en sí mismo, no es el evento, sino las conclusiones a las cuales se llegaron por parte de algunos.
Resulta que quedó claro que pese a este mundo globalizado en que nos movemos, de tratados de libre comercio, de acuerdos comerciales, de corporaciones multinacionales que tienen más plata que muchos estados, nuestro país pareciera no estar preparado –y lo que es peor- no estar dando los pasos rápidos y certeros para evitar la extranjerización de nuestro territorio.
Esa extranjerización se entiende como la compra que otros países o naciones hacen de extensiones de tierra en nuestro país; ellos o empresas multinacionales los adquieren para desarrollar sus actividades económicas. El problema es que no nos hemos preocupado por regular dichos procesos de compra, los alcances, hasta que parte del suelo son dueños, que pueden hacer allí, por cuántos años, en qué momento el estado puede recuperar dichos predios, cuántos es lo máximo que pueden comprar para que con ello no afecten nuestra propia economía, la soberanía y, por qué no, la seguridad alimentaria futura del pueblo colombiano.
Y es que según el propio ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, y la directora nacional de dicha entidad, Miriam Villegas, es necesario ponerle la mayor atención al asunto por diferentes razones: el país no tiene un censo rural actualizado, es más, se calcula que hace más de 40 años no se hace uno; tampoco se cuenta con un catastro rural con datos precisos que diga cuántos baldíos hay en Colombia.
No se tiene certeza de qué está pasando en zonas donde se han usurpado tierras por parte de grupos al margen de la ley, narcotraficantes, sitios donde hay despejo de tierra e informalidad en el manejo de la misma.
Nuestro país tiene 114 millones de hectáreas según se calcula y en uso para temas agrícolas solo hay cinco millones. Sin duda, para países con superpoblaciones o que no tiene tierra para cultivar o desarrollar actividades productivas con el agua requerida dentro de sus fronteras, el aprovechar una “papaya” como la falta de regulación y control de un país como el nuestro con tanta tierra ahí, sin darle uso, sin ponerle atención al tema o regularlo, el llegar a comprar tierra con nuevos contratos de derechos sobre superficies por fuera de su nación, pero considerando estas nuevas tierras parte de su territorio con derechos plenos sobre él.
Pareciera un cuento chino, una fábula india o un poema japonés con sentido político, pero precisamente es de allí de donde provienen las amenazas sobre nuestra tierrita. Ojalá con el embeleco en que estamos de la inversión extranjera directa en Colombia, ese temita sea bien definido y podamos ver a nuestros gobernantes y senadores –incluidos por supuesto quienes le deben su credencial al Tolima- ocupándose más del tema y menos en cocteles capitalinos.
