28-11-2012, El Periódico
José María Vera
Les planteo la asociación de estas dos situaciones que forman parte de nuestro día a día. En España, miles de familias vulnerables son sacadas de sus casas, a menudo con una deuda hipotecaria colgada del cuello de por vida. En América Latina y en África, miles de familias son expulsadas de las tierras que cultivan por multinacionales que acaparan millones de hectáreas de tierras.
Hace ya años que vivimos de cerca el drama de los desahucios. Sus causas: la avaricia y la manipulación desde la posición de poder. Y sus consecuencias, familias en la calle o con el miedo a perder su hogar en cualquier momento. A unos miles de kilómetros de aquí se vive una situación de acaparamiento de tierras. En 10 años, más de 100 millones de hectáreas de tierra en países en desarrollo fueron adquiridas por inversores internacionales, lo que equivale a la extensión de un campo de fútbol por segundo. Lo que esta tierra produce no se dedica a alimentar a la población local, ya que los expulsados suelen ser los pequeños productores. Todo el producto se exporta, buena parte para la producción de biocombustibles, para alimentar coches en vez de personas, en una tierra que podría dar de comer a millones de personas que hoy pasan hambre.
En marzo del 2011, cerca de 800 familias campesinas fueron expulsadas por la fuerza del valle de Polochic, en Guatemala. Sus viviendas y cultivos fueron quemados y tres campesinos murieron en el desalojo. Detrás de todo ello, un cúmulo de intereses de oligarcas, especuladores y un Gobierno cómplice. Las dos situaciones tienen diferencias con los desahucios, pero encontramos dramáticas similitudes. En lo humano con un sentimiento de miedo, impotencia y rabia por el destierro, las vidas truncadas, la pérdida del medio de vida, del hogar y de la raíz, de lo construido con el esfuerzo de décadas de trabajo.
Y hay similitudes en la raíz económica, según la definición del acaparamiento de tierras de la Coalición Internacional por la Tierra. Se indica que son casos en los que hay una violación de los derechos humanos y, en particular, de los derechos de las mujeres. El derecho a la vivienda queda arrasado en los desahucios y con frecuencia son mujeres, solas o al cargo de una familia, las expulsadas de sus casas o de las tierras que cultivan para sostener a sus hijos y sus comunidades. Se desatiende el principio de consentimiento libre, previo e informado de los usuarios de la tierra afectados.
En los desalojos de tierras la falta de alternativas es flagrante como en los desahucios. Se pierde la libertad, al final solo queda la calle. Se ignoran los impactos en las relaciones sociales, económicas y de género. La destrucción del tejido social y de las relaciones, de lo común que tienen ambas formas de violencia. Otro elemento es que se evitan contratos transparentes con compromisos claros y vinculantes sobre el empleo y la distribución de los beneficios. La manipulación en la negociación de los contratos expulsa a los campesinos sin las compensaciones mínimas debidas.
En España sabemos que los contratos de compra fueron todo menos transparentes y que su presentación y negociación lo fue aún menos. La mentira desde el abuso de una posición de poder fue presentada a veces con violencia, a veces con engaño seductor. Y finalmente, la elusión de la planificación democrática, la supervisión independiente y la participación sustantiva. Detrás de la mayor parte de las injusticias está la falta de reglas, de leyes. Es indignante lo que cuesta que el Gobierno lance una ley para frenar los desahucios. No parece que ese mismo celo existiera a la hora de poner freno a una burbuja de la que algunos sacaron mucho dinero en forma de recalificaciones, comisiones y bonos en puestos directivos.
LA CONCLUSIÓN: los mecanismos de acaparamiento/exclusión son similares en el mundo entero. Una avaricia sin control, sin reglas ni autoridad que la limite, cayendo el Estado en connivencia con quienes no se conforman y quieren acaparar, siempre más, pasando por encima de lo que sea. Hay otro punto común en ambas situaciones, y es la respuesta de movimientos sociales a las mismas. En España se han organizado plataformas ciudadanas que han frenado numerosos desahucios al tiempo que ponían este drama sobre la mesa. En los países en desarrollo, algunas oenegés como Intermón Oxfam apoyamos a movimientos campesinos que resisten, que luchan, que se aferran a su medio de vida, la tierra, que exigen alternativas y una reparación justa. Aprendamos unos de otros. La reacción ciudadana pacífica pero contundente es la única y mejor respuesta a una injusticia que tiene muchas caras pero una misma alma, oscura como el carbón. Director general de Intermón Oxfam.
José María Vera
Les planteo la asociación de estas dos situaciones que forman parte de nuestro día a día. En España, miles de familias vulnerables son sacadas de sus casas, a menudo con una deuda hipotecaria colgada del cuello de por vida. En América Latina y en África, miles de familias son expulsadas de las tierras que cultivan por multinacionales que acaparan millones de hectáreas de tierras.
Hace ya años que vivimos de cerca el drama de los desahucios. Sus causas: la avaricia y la manipulación desde la posición de poder. Y sus consecuencias, familias en la calle o con el miedo a perder su hogar en cualquier momento. A unos miles de kilómetros de aquí se vive una situación de acaparamiento de tierras. En 10 años, más de 100 millones de hectáreas de tierra en países en desarrollo fueron adquiridas por inversores internacionales, lo que equivale a la extensión de un campo de fútbol por segundo. Lo que esta tierra produce no se dedica a alimentar a la población local, ya que los expulsados suelen ser los pequeños productores. Todo el producto se exporta, buena parte para la producción de biocombustibles, para alimentar coches en vez de personas, en una tierra que podría dar de comer a millones de personas que hoy pasan hambre.
En marzo del 2011, cerca de 800 familias campesinas fueron expulsadas por la fuerza del valle de Polochic, en Guatemala. Sus viviendas y cultivos fueron quemados y tres campesinos murieron en el desalojo. Detrás de todo ello, un cúmulo de intereses de oligarcas, especuladores y un Gobierno cómplice. Las dos situaciones tienen diferencias con los desahucios, pero encontramos dramáticas similitudes. En lo humano con un sentimiento de miedo, impotencia y rabia por el destierro, las vidas truncadas, la pérdida del medio de vida, del hogar y de la raíz, de lo construido con el esfuerzo de décadas de trabajo.
Y hay similitudes en la raíz económica, según la definición del acaparamiento de tierras de la Coalición Internacional por la Tierra. Se indica que son casos en los que hay una violación de los derechos humanos y, en particular, de los derechos de las mujeres. El derecho a la vivienda queda arrasado en los desahucios y con frecuencia son mujeres, solas o al cargo de una familia, las expulsadas de sus casas o de las tierras que cultivan para sostener a sus hijos y sus comunidades. Se desatiende el principio de consentimiento libre, previo e informado de los usuarios de la tierra afectados.
En los desalojos de tierras la falta de alternativas es flagrante como en los desahucios. Se pierde la libertad, al final solo queda la calle. Se ignoran los impactos en las relaciones sociales, económicas y de género. La destrucción del tejido social y de las relaciones, de lo común que tienen ambas formas de violencia. Otro elemento es que se evitan contratos transparentes con compromisos claros y vinculantes sobre el empleo y la distribución de los beneficios. La manipulación en la negociación de los contratos expulsa a los campesinos sin las compensaciones mínimas debidas.
En España sabemos que los contratos de compra fueron todo menos transparentes y que su presentación y negociación lo fue aún menos. La mentira desde el abuso de una posición de poder fue presentada a veces con violencia, a veces con engaño seductor. Y finalmente, la elusión de la planificación democrática, la supervisión independiente y la participación sustantiva. Detrás de la mayor parte de las injusticias está la falta de reglas, de leyes. Es indignante lo que cuesta que el Gobierno lance una ley para frenar los desahucios. No parece que ese mismo celo existiera a la hora de poner freno a una burbuja de la que algunos sacaron mucho dinero en forma de recalificaciones, comisiones y bonos en puestos directivos.
LA CONCLUSIÓN: los mecanismos de acaparamiento/exclusión son similares en el mundo entero. Una avaricia sin control, sin reglas ni autoridad que la limite, cayendo el Estado en connivencia con quienes no se conforman y quieren acaparar, siempre más, pasando por encima de lo que sea. Hay otro punto común en ambas situaciones, y es la respuesta de movimientos sociales a las mismas. En España se han organizado plataformas ciudadanas que han frenado numerosos desahucios al tiempo que ponían este drama sobre la mesa. En los países en desarrollo, algunas oenegés como Intermón Oxfam apoyamos a movimientos campesinos que resisten, que luchan, que se aferran a su medio de vida, la tierra, que exigen alternativas y una reparación justa. Aprendamos unos de otros. La reacción ciudadana pacífica pero contundente es la única y mejor respuesta a una injusticia que tiene muchas caras pero una misma alma, oscura como el carbón. Director general de Intermón Oxfam.
