Cecilia López Montaño
Vivir en medio de la globalización implica aceptar que todo lo que pasa en cualquier parte del planeta llega necesariamente a Colombia, y por ello es fundamental mirar experiencias en el mundo. Eso es lo que se requiere en el tema de limitar la entrada de extranjeros en nuestras zonas rurales.
Y es el objeto del Acto Legislativo 04 del 2012, contra el cual el Ministro de Agricultura ya planteó su oposición, con el argumento de que no había ningún peligro porque la inversión de extranjeros en el campo colombiano era mínima. Pero los tiempos han cambiado.
Desde el 2009, el Ifpri (International Food Policy Research Institute) analizó el asunto bajo el título de 'Acaparamiento de tierras por parte de inversionistas extranjeros en los países en desarrollo'.
Afirma que, gracias al incremento de los precios internacionales de los alimentos entre el 2000 y el 2009, se convirtió en una gran inversión comprar tierras agrícolas en estos países cuando requieren satisfacer sus necesidades de alimentos, dadas sus limitaciones de tierra y agua, o especular con el precio o producir biocombustibles.
Sostiene el Ifpri que estas inversiones son atractivas porque traen recursos necesarios para la agricultura en zonas donde existen restricciones presupuestales, "pero también surgen preocupaciones sobre la alta posibilidad de que los pobres rurales pierdan el control y el acceso a la tierra de la cual dependen, y sobre su impacto sobre el medio ambiente". Lo crucial "es asegurar que estos negocios de tierras se diseñen de manera que reduzcan los riesgos y faciliten las oportunidades para todos los actores involucrados".
Existe consenso en que los mayores peligros de abrir el campo a la inversión extranjera sin regulaciones claras se dan cuando los campesinos carecen de títulos de sus predios.
Los abusos se multiplican. Los países ricos que no producen suficientes alimentos salen a comprar tierra en donde agua y tierra son abundantes, como lo han hecho en África los países árabes, China, Corea del Sur e India.
Ifpri señala que la escala, los términos y la velocidad de estas adquisiciones de tierra han provocado oposición en Filipinas, donde se bloqueó un contrato con China por problemas legales, y "sobre todo, por su impacto en la seguridad alimentaria local. Mozambique ha resistido el asentamiento de miles de trabajadores rurales chinos en tierras arrendadas, porque limitaría la vinculación de trabajadores locales. En Madagascar, en el 2009, el arriendo de 1,3 millones de hectáreas a Daewoo Logistics Corporation para sembrar maíz y palma contribuyó al conflicto que tumbó al gobierno".
África se saturó, y en América Latina, después de las limitaciones impuestas por Brasil, los chinos y otros están buscando a Colombia (http://www.ifpri.org/publication/land-grabbing-foreign-investors-developing-countries).
A su vez, Oxfam afirma que "resultan familiares las historias sobre comunidades que se han visto obligadas a abandonar sus tierras, habitualmente a punta de pistola, y que se quedan desamparadas y sin posibilidad de alimentar a sus familias". En África, en 10 años, los inversionistas extranjeros han adquirido una superficie equivalente a Kenia.
Ifpri concluye: "Si las adquisiciones en gran escala de tierra rural causan expropiaciones o problemas ambientales, la inversión extranjera en agricultura se vuelve inaceptable políticamente".
Así que el problema no es tan simple, señores del Gobierno.
