La tenencia y el despojo de la tierra fueron los aspectos que debatió la primera mesa de trabajo del Congreso, en el día inicial de discusiones. Mandatar es luchar por la liberación de los territorios y el poder de los pueblos, dijeron las personas que deliberaban, mientras se negaron a reconocer las leyes y políticas impuestas por el gobierno.
Las organizaciones campesinas, indígenas y estudiantiles que participaron en este espacio caracterizaron la situación actual como un periodo neoliberal de gran concentración de la propiedad, que cada vez está más en pocas manos (el 3% de la población tiene cerca del 48% de la tierras). Según explicaron varias de las personas en sus intervenciones, problemas como el desplazamiento forzado, el despojo y la violación de derechos humanos se generan por culpa del modelo de desarrollo neoliberal y sus principales responsables son las multinacionales, los terratenientes y el gobierno nacional, que con ayuda de fuerzas estatales y paraestatales aterrorizan las poblaciones con tácticas de guerra sucia como amenazas y masacres hacia la población indefensa.
La dinámica que se utilizó para lograr escuchar las inquietudes y los aportes fue la división por grupos de trabajo de no más de 60 personas. De esta forma se logró garantizar que los diferentes grupos que asistieron al evento (de indígenas, campesinos, comunidades afrocolombianas, trabajadores y estudiantes) pudieran hacer sus aportes y contribuir a la construcción de los mandatos.
Un comité que aglutina 12 municipios del Cesar mostró su descontento frente a la forma de legislar del gobierno, pues en ella no se consulta, ni se tiene en cuenta la opinión de las comunidades. El
Comité de Integración Social de Cimitarra destacó, en ese sentido la importancia del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías como un espacio de decisión creado por los pueblos y para los pueblos.
Entre los mandatos más importantes que definen los participantes aparecen: el respeto a la vida, la repartición justa de la tierra, otorgándola a las personas que la trabajan, la cuidan y la respetan; la búsqueda de soberanía y autonomía alimentaria, que implican la apropiación del territorio por parte de las comunidades y su posterior uso de acuerdo con las necesidades. Además, se propuso sacar a las multinacionales y transnacionales que han ayudado a empobrecer el campo y combatir el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno; así lo sugirieron de la Universidad del Valle y la Universidad Nacional y su propuesta se aceptó en la reunión plenaria.
Hubo un consenso en cuanto a que la capacidad de legislar se le debe arrebatar al Estado, y se propuso que este Congreso y las organizaciones que confluyen en el deben desencadenar movilizaciones en todo el país para luchar conjuntamente por los derechos de todas las comunidades.
