Entrega de recursos de Argentina a China juega carrera con la ley de tierras

19-9-2011, La Gran Época

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“Manual de instrucciones  para la entrega de tierras” es como denominan los detractores un acuerdo que se compromete a entregar 254 mil hectáreas (Has) del valle inferior y medio de Río Negro y un puerto a una de las principales empresas agropecuarias chinas, además de liberar a la misma de todo tipo de impuestos, entre otros beneficios.

El debate sobre el acuerdo estalló en los medios nacionales a fines de agosto de este año, cuando fue oficializado por el Gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, y el representante de la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang –un gigante que alimenta al 10% de la población china– Yueyang Weng en una conferencia de prensa.

Sin embargo, la polémica viene desde fines de 2010, cuando organizaciones ambientalistas difundieron el convenio firmado ya en ese entonces, luego de aproximadamente un año de tratativas “en secreto”, según los denunciantes.

Matices de una entrega de tierras

Poco después de una publicación exhaustiva sobre el tema en la edición de febrero de este año de La Gran Época, el Gobierno Nacional, con la presidenta Cristina Fernández a la cabeza, comenzó a impulsar con fuerza la concreción del proyecto de ley de tierras para regular el dominio de tierras por parte de extranjeros. La noticia fue publicada en idioma chino por la agencia oficial de noticias del régimen chino, Xinhua; evidentemente era algo que tocaba los intereses chinos.

Tras el anuncio oficial del convenio de Río Negro, Cristina Fernández volvió a pedir un rápido tratado de la ley de tierras, enfatizando que “haya un límite para la propiedad de los extranjeros”.

Como tantos otros puntos del tratado, la forma de la entrega de las 254 mil hectáreas –lo que pudo comprobar La Gran Época en el convenio–  o 330 mil hectáreas –según se difundió–, permanece tan polémica como difusa.  

El Gobernador declaró en la conferencia de prensa junto al representante chino que “no se venderán tierras a China”, puesto que los terrenos son privados, por lo que la empresa china debería lidiar con los productores. En cualquier caso, las condiciones del usufructo de las tierras no distarían mucho del concepto del colonialismo moderno.

El mismo Yueyang Weng, representante de Heilongjiang Beidahuang en el país, declaró que el convenio con Río Negro se inspira en tratados que el Estado chino viene ejecutando con varios países de África. Vale decir que dichos tratados han sido duramente cuestionados, especialmente en el marco de la Unión Europea y de la ONU, por su carácter “colonialista”, ya que los emprendimientos de inversión china están orientados a la apropiación masiva de los recursos naturales locales con utilización de mano de obra china o local de bajo costo, acompañados por la invasión de productos chinos de bajo costo que atentan contra el desarrollo de las industrias locales.

Ante la pregunta de un periodista, el empresario chino admitió que existe interés en avanzar con tratados similares en otras provincias. “El primer paso es Río Negro. Después se podrá negociar con otras provincias. Se verá qué es lo que ofrece cada una”, dijo.

Meses antes, el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se refirió directamente a esta ‘llaga’ de la polémica en torno al convenio, al expresar en la Cámara de Diputados, en el marco del tratamiento de la ley de tierras, que “Nos parece que es complejo convivir con un Estado soberano dentro del nuestro”.

Domínguez considera que el proyecto debía pasar por la legislatura provincial, ya que, constitucionalmente, “no se le pueden otorgar 300.000 hectáreas a una empresa estatal extranjera”.

El proyecto y el discurso provincial

El Gobierno de Río Negro presenta el compromiso como un “proyecto de inversión agro alimenticio”  y una alternativa a la negativa del gobierno nacional de aportar recursos para crear infraestructura de riego.

Según el convenio firmado a principios de 2011, la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang invertirá inicialmente 20 millones de dólares en establecer su sistema de irrigación en forma experimental sobre 3 mil Has. Asimismo, el gobierno provincial se compromete a entregar otras 254 mil Has, esperando, según la organización internacional GRAIN, una inversión final de 1.450 millones de dólares en 20 años, con la entrega de un total de 320 mil hectáreas.

“Se trata de una alternativa más para el desarrollo de la frontera agrícola rionegrina, de entre 200.000 y 300.000 hectáreas que aún están improductivas y que es una economía extensiva que actualmente no genera ni valor agregado ni puestos de trabajo”, dijo el Ministro de Producción rionegrino, Juan Accatino, a mediados de diciembre de 2010 en la legislatura provincial, cuando fue convocado por primera vez a defender el proyecto frente a los legisladores provinciales.

En la conferencia de prensa de fines de agosto de 2011, el gobernador Saiz fue más audaz y adelantó que el proyecto “permitirá crear más de 100.000 puestos de trabajo”.

Un visión muy distinta

Sin embargo, la ONG internacional GRAIN afirma que, en realidad, el acuerdo “es simplemente una entrega de territorio para la producción industrial de soja con un enorme listado de beneficios incondicionales para la empresa estatal china a cambio de nada”.

Los activistas encuadran lo que está ocurriendo en Río Negro dentro del “landgrabbing” (apropiación de tierras), como llaman a la tendencia de acaparamiento de tierras en países en desarrollo por parte de potencias. En este sentido, la organización GRAIN afirma que las autoridades rionegrinas han calcado el patrón de la mayoría de los casos de acaparamiento, en los que “los gobiernos [locales] son funcionales a los requisitos de otros países o empresas para operar libremente en los territorios a los que llegan. No existe ningún tipo de consulta a la comunidad, ni de evaluaciones de impactos mientras los intereses de los pueblos son vulnerados y pisoteados”.

“Cuando dentro de veinte años la empresa se retire (ese es el plazo de la concesión, aunque el puerto se entrega por cincuenta años con renovación automática por otros cincuenta) la tierra estará degradada y los territorios serán desiertos que estarán heredando las futuras generaciones como prueba clara del compromiso del gobierno de la Provincia con ellos”, declara la ONG en un artículo publicado en enero bajo el título, “Acaparamiento de tierras en Argentina:  un ‘manual de instrucciones’ para entregar el territorio”.
Por su parte, la legisladora Silvia Horne (PJ), citada por el periódico local El Ciudadano, ratificó su rechazo al acuerdo: “Está absolutamente exento de todo impuesto y libre de tasas, sellos y otros”, declaró Horne, y agregó que “Se ceden, por un precio irrisorio, tierras y agua y el uso del puerto por 50 años con la renovación automática, una vez cumplido el plazo”.

Horne advirtió además, a principios de año, sobre antecedentes negativos de otras provincias que realizaron convenios en el marco de tratados bilaterales de inversión, al decir que “muchos de ellos se han traducido en demandas internacionales contra la Argentina, cuando ésta tardíamente trató de poner límites a los abusos por la afectación de nuestra soberanía o nuestros derechos”.

Saiz confirmó que doce técnicos chinos se encuentran actualmente en la provincia realizando estudios. Calculan que para principios de 2012 podrán comenzar los primeros cultivos.
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