15-5-2019, UMOYA
Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo donde más del 70 % de sus seis millones de habitantes viven por debajo del umbral de pobreza nacional, de 2 dólares al día. [1] La promoción de inversiones extranjeras a gran escala en el sector agrícola se ha convertido en una prioridad de los sucesivos gobiernos del país, con la esperanza de que un aumento de la producción agrícola pueda conducir a una reducción de la pobreza.
Es en este contexto en el que, SOCFIN Société de Agriculture Sierra Leona Ltd (SAC) llegó en 2011 a la jefatura de Malen, situada en la provincia meridional de Sierra Leona, en el marco de una gran inversión en aceite de palma. Cabe recordar que SOCFIN es una multinacional agroalimentaria controlada por un empresario belga (Hubert Fabri) y el grupo francés Bolloré, cuyo imperio comercial se extiende por numerosas regiones de África y Asia.
Es impactante ver cómo un gobierno traiciona y vende a su pueblo: al principio, el ministro de Agricultura, Bosques y Seguridad Alimentaria (MAFFS) de Sierra Leona había firmado un contrato de arrendamiento con más de 6.500 hectáreas de tierras en la jefatura de Malen con el jefe supremo (BVS Kebbie) y 28 terratenientes por un período de 50 años, renovable por 25 años más. El mismo día, las tierras han sido subarrendadas por el Ministerio a la SOCFIN Sociedad Agrícola de Sierra Leona (SAC). La parte de las tierras de 6.500 hectáreas adquiridas al principio aumentaba cada año y, en diciembre de 2017, SOCFIN ha confirmado poseer 18.473 hectáreas de tierras en concesión en Sierra Leona. Las proyecciones hechas por la SOCFIN en 2010 sobre la base del censo nacional de 2004 estimaban que alrededor de 28.135 personas en las jefaturas de Malen, Bum, Lugbu y Bagbo estarían afectadas por el proyecto. [2]
Desde el principio, las comunidades locales han denunciado el contrato de arrendamiento como ilegítimo. Organizados en la Asociación de Propietarios y Usuarios de las Tierras Afectadas de Malen (MALOA), han expresado sus preocupaciones en una carta a las autoridades del distrito de Pujehun el 2 de octubre de 2011. Sus quejas incluían: falta de consulta de los propietarios de las tierras antes del acuerdo de arrendamiento; presión, intimidación y amenazas tendentes a obligar a los propietarios a ceder sus tierras; falta de transparencia y altos niveles de corrupción en el proceso de adquisición de tierras; indemnización insuficiente e impago de indemnizaciones; fracaso de SOCFIN en delimitar tierras familiares antes de su desbroce; condiciones de trabajo extremadamente mediocres en la plantación SOCFIN; destrucción de los medios de subsistencia de los propietarios de las tierras de la región; impacto sobre el derecho a una alimentación adecuada; destrucción de los ecosistemas de la zona y su impacto negativo sobre la biodiversidad. [3]
Recientemente, el conflicto en Malen ha degenerado como consecuencia de los violentos incidentes que se han desarrollado entre el 16 y el 25 de enero de 2019. El 21 de enero, tras una escaramuza entre miembros de la comunidad, la policía y el ejército protegiendo las posesiones de SOCFIN, dos personas han sido abatidas. Poco tiempo después se han efectuado incursiones policiales y militares en las aldeas circundantes. Se cree que numerosas personas han sido heridas por las acciones de las fuerzas de seguridad. En la noche del 23 de enero, otros tres miembros de MALOA han sido detenidos por la policía y por militares en compañía de personas consideradas partidarias del Jefe Supremo Kebbie. Han sido conducidos al tribunal de Malen, donde han sido golpeados y luego detenidos en una celda de la policía.
La policía ha detenido a otras 15 personas, entre ellas al Honorable Shiaka Sama, un candidato independiente de la región afectada que ha ganado las elecciones legislativas de 2018 en la circunscripción electoral 104. Está especialmente acusado de incitación al odio por el jefe supremo Kebbie, la muerte de las dos personas que han sido asesinadas; obstrucción de las operaciones de SOCFIN. Esto se ha añadido a una larga lista de detenciones arbitrarias y acoso extrajudicial contra militantes de los derechos a la tierra de la organización comunitaria MALOA.
Según algunas fuentes, la policía y el ejército habrían hecho un uso excesivo de la violencia: algunas personas habrían sido golpeadas, casas destrozadas, propiedades saqueadas y cientos de personas habrían huido de sus hogares por miedo a la violencia. Alrededor de 80 personas, entre ellas mujeres y niños huyendo de sus aldeas, han sido vistas en la aldea de Kassey. Las aldeas sitiadas de la jefatura de Malen están ahora sometidas a un toque de queda entre las 18:00 y las 6:00 horas, a partir del 21 de enero de 2019, lo que restringiría las libertades de los ciudadanos.
La magnitud de la brutalidad de la seguridad del Estado puede ser calificada como “sin precedentes” en la jefatura desde el inicio del conflicto sobre la tierra, tras la llegada de la Sociedad Agrícola (SAC) SOCFIN, que se extiende desde el bajo Malen hasta Bendu y desde Nganyahun Malen hasta el alto Malen. Testigos presenciales han identificado un vehículo de seguridad de SOCFIN transportando personal de seguridad del Estado durante las incursiones. Estos acontecimientos han sido denunciados por la sociedad civil nacional e internacional. [4]
Durante estos acontecimientos, SOCFIN se habría reunido con las fuerzas de seguridad y las autoridades de la jefatura para discutir la gestión de la crisis y sus vehículos habrían sido puestos a disposición de la policía y del ejército. Las organizaciones de defensores de los derechos humanos en Sierra Leona han reiterado las peticiones de MALOA y apelan al Gobierno de Sierra Leona para que inicie una investigación sobre las acciones ocurridas en enero de 2019 en la región de Malen; poner de inmediato de relieve las formas de criminalización de los activistas de los derechos sobre la tierra y de los miembros de MALOA; facilitar una solución pacífica y duradera del conflicto por la tierra en Malen.
Estos graves acontecimientos se produjeron cuando las comunidades afectadas por el conflicto sobre las tierras en Malen habían visto una posible solución tras las promesas electorales del nuevo presidente, Maada Bio, de resolver el conflicto y esfuerzos de diálogo realizados por el gobierno en los últimos meses. La complicidad del Gobierno con SOCFIN en el arrendamiento de tierras no solo ha traicionado la confianza de la comunidad en sus autoridades, sino que también ha puesto en peligro sus vidas.
Fian Belgium acaba de publicar un nuevo informe [5] sobre este asunto que proporciona una buena documentación sobre la miseria soportada por la comunidad de Malen desde la llegada de SOCFIN hasta marzo de 2019. En colaboración con otros organismos de la sociedad civil en Bélgica, AEFJN seguirá prestando su apoyo a esta comunidad.
Notas:
[1] Sierra Leone ranks 179th out of 185 countries in a recent human development index. UNDP. 2016 Human Development Index. p. 204. Available at: hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_develop- ment_report.pdf
[2] 22 Head Lease Agreement (Zone A) between the Government of Sierra Leone and the Malen Chiefdom authorities. 15 October 2012. Available at: www.fian.be/IMG/pdf/2012-communities-sl_headlease_15oct2012-zone_a_completed.pdf
[3] MALOA. Grievances of land owners in Malen Chiefdom. 2 October 2011. Letter to Pujehun District Officer. Available at: www.fian.be/IMG/pdf/maloa_grievances_of_land_owners_october_2011.pdf
[4] SiLNoRF, Green Scenery et al. “In Sierra Leone, Land rights defenders under attack”. Press Statement. 23 January 2019. Freetown disponible à: www.fian.be/IMG/pdf/malen_incident_press_release.pdf
[5] « Land Grabbing for Palm Oil in Sierra Leone: Analysis of the SOCFIN Case from a Human Rights Perspective« . Disponible à: https://www.fian.be/Land-Grabbing-for-Palm-Oil-in-Sierra-Leone?lang=fr
Fuente: Odile Ntakirutimana (1 de abril de 2019).
"Espoirs anéantis et aggravation de la situation de Malen",
en AEFJN.
Traducido por M. Isabel Celada para Umoya.
Sierra Leona: Esperanzas destruidas y empeoramiento de la situaciĆ³n de Malen