Paraguay: impunidad que da placer

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17-3-2014, Argenpress
 

José Antonio Vera

El asesinato selectivo de emergentes dirigentes campesinos se está volviendo un estilo de gobierno en Paraguay, desde el Golpe de Estado del 22 de junio del 2012, barbarie reforzada en el poco más de medio año de la presidencia del empresario Horacio Cartes, se ha verificado un total de 23 crímenes en apenas 21 meses.

Hasta el momento de escribir estas líneas, la última víctima es Eusebio Torres, joven luchador en la dura pelea que llevan los labriegos contra las corporaciones transnacionales del agronegocio, y por la recuperación de algo de las ocho millones de hectáreas fiscales ocupadas desde hace medio siglo por latifundistas, mayoría brasileños.

Pocos días antes de ser acribillado en el patio de su casa en Ytakyry, Torres integró una representación campesina en una gestión de comprobación de esa masiva usurpación, junto con autoridades del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

En la oportunidad, la entidad estatal reconoció 6.800 hectáreas fiscales en el Alto Paraná ocupadas por un terrateniente brasilero que, suponiendo que tiene título de propiedad y que el mismo es legal, igual incurre en una irregularidad por estar en posesión de parte de los territorios destinados a la Reforma Agraria, la siempre postergada, víctima de los conciliábulos de más de medio siglo entre inversores privados, nacionales y extranjeros, con funcionarios estatales corruptos.

Cinco millones de hectáreas, que en virtud de una vieja ley corresponde entregar a los campesinos sin tierra, están ocupadas por terratenientes brasileños en ese departamento y también en Amambay, Canindeyú y en el Chaco oriental, consignan documentos oficiales.

Más de cien personas, mayoría arrancadas de sus chacras (capueras) por orden judicial, están presas desde hace año y medio en varias cárceles, acusadas de sublevarse contra el Estado al reclamar tierra para producir alimentos para sus familias, en una situación que exhibe a este país como una de las mayores prisiones de presos políticos de la región, con una media de un dirigente asesinado cada seis meses en los últimos 25 años.

La mayoría están imputados, algunos procesados y ninguno condenado, debido a que las pruebas aportadas contra ellos carecen de fundamentación seria, hecho comprobado en las diversas comparecencias a las que han sido sometidos por desprolijos procedimientos de fiscales con poca experiencia profesional y, en ciertos casos, vinculados o formando parte de familias latifundistas. Algunos han aportado pruebas de exquisita ridiculez.

La planilla acusatoria es fiel reflejo de la mediocridad que exhibe la Suprema Corte de Justicia, sobre la cual pesa un sinnúmero de reclamos populares para que sus Ministros, indiferentes ante las acusaciones de corrupción probada en el acaparamiento de tierras y otros delitos, sean sometidos a juicio político e, incluso, dirigentes del Partido Patria Querida presentarán ante la Fiscalía General una denuncia por Asociación Criminal, lesión de confianza, enriquecimiento ilícito y la distribución de sumas millonarias de “sobrantes presupuestarios” entre hijos, esposas, amantes, policías y funcionarios dóciles.

Cinco de los campesinos presos están en huelga de hambre (indefinida, afirman) desde el 14 de febrero, un mes ya sin ingerir alimentos, ni recibir atención médica del penal. Uno de ellos, Rubén Villalba, se desvaneció el sábado, otro tiene la mandíbula quebrada por una bala y, en más de un año y medio, jamás se le permitió someterse a una cirugía de recomposición.

Autorizados por la dirección de la prisión, médicos y parlamentarios del Frente Guasu, encabezados por el ex Presidente Fernando Lugo, llegaron en la mañana de este viernes a la tenebrosa Cárcel de Tacumbú, pero fueron rechazados en la puerta “por orden superior”, en principio del Ministerio de Justicia, pero muchas personas no olvidan que durante los 35 años de la tiranía del General Alfredo Stroessner (1954/89), esas mismas tres palabras salían a menudo desde el propio palacio presidencial.

El objetivo de la visita al penal, donde “sobremueren” amontonados unos cuatro mil seres humanos, era prestar atención a la resquebrajada salud de los huelguistas y expresar la solidaridad de numerosos colectivos sociales, misión frustrada por una orden que, de inmediato, ha provocado repulsión en amplios sectores ciudadanos que, quizás por ingenuidad no pueden comprender tanta deshumanización de las autoridades superiores.

Una primera reacción importante se produjo al interior del heterogéneo y poco visible Frente Guasu, cuya conducción informó en conferencia de prensa que rechaza el diálogo propuesto por Cartes a todos los partidos políticos de oposición, calificando esa iniciativa de oportunista en vísperas de la huelga general que se prepara, con amplia participación urbana y campesina, para el próximo miércoles 26.

“Si luchas, puedes perder, si no luchas, ya estás perdido”, se puede leer en una de las planchas de madera terciada que tapia un sótano donde están los cinco, convencidos de que quizás sus cadáveres servirán para que la patria sea liberada, “pues ya hemos perdido hermanos, compañeros, nuestras familias están destruidas, así que no tenemos nada que perder y sí mucho por ganar en esta huelga de hambre que, en definitiva, es continuación de la vida que sufrimos”.

Las oraciones de estos nuevos condenados a la muerte lenta, pareciera que llegaron a oídos de la Conferencia Episcopal, la cual ha comenzado a reaccionar y envió un emisario junto a los presos, tras conversar con el muy devoto Presidente Cartes.

Su antecesor, Federico Franco, el golpista liberal mandado, en sus recordadas e innúmeras fantochadas, declaró que Villalba era un criminal porque, según su irresponsable e infundada opinión, comandó la masacre de 11 labriegos y 6 policías que se produjo el 15 de junio del 2012 en el Departamento de Curuguaty, próximo a la frontera con Brasil, hecho que ha quedado probado por diversos datos como el pretexto y prefacio del Golpe de Estado que, a la semana siguiente, derrocó al Gobierno democrático de Fernando Lugo.

El sitio donde se produjo esa encerrona, cuyos autores y actores continúan gozando de impunidad, es conocido como Marina Cue, un latifundio que desde hace cuatro décadas tiene anexadas 1.800 hectáreas fiscales, usurpadas por un poderoso empresario que fue alto dirigente del omnipresente Partido Colorado y que sus hijos, cultivando el ilícito, mantienen arrendadas a sojeros brasileños.

“La dignidad recorre los pasillos de Tacumbú”, titula una declaración distribuida por el Servicio de Paz y Justicia de Paraguay (SERPAJ), una de las organizaciones que preparan la Huelga General para el 26, contra la política económica y represiva del Gobierno, cuya organización registra signos de que el paro podría convertirse en la más importante suma de fuerzas populares de los últimos años, alimentando hipótesis de que quizás trascienda la mera coyuntura y represente un paso unificador democrático y progresista.

Aparentando ignorar ese despertar ciudadano o quizás para desarticularlo en su reinicio, Cartes mueve sus piezas en los otros dos poderes del Estado, influyendo en la sustitución de fiscales sospechados de haber avanzado mucho en la investigación de parlamentarios corruptos. En su empeño por hacer realidad su consigna de Nuevo Rumbo de Paraguay, el mandatario se apoya sobre una prensa comercial de ultraderecha, que está barriendo las redacciones y estudios de los periodistas con mayor sensibilidad social.

Los sindicatos urbanos reclaman un aumento salarial del 25 por ciento, y rechazan el 10 que decretó Cartes hace unos días con intención de desinflar la protesta, muchas organizaciones demandan tierra para trabajar, con la Federación Nacional Campesina a la cabeza, y colectivos ciudadanos y estudiantiles se movilizan contra las horribles condiciones del transporte de pasajeros y en repudio de la ley de Alianza Público-Privada, un engendro entreguista de las empresas estatales a capitalistas privados.

En medio de ello juega un papel muy activo la Campaña Ñamoseke Monsanto (echemos a Monsanto), que aglutina a numerosos grupos de militantes sociales y a movimientos de labriegos y pueblos originarios, víctimas del robo de las semillas nativas con el cuento corporativo de la patente intelectual, y de la fumigación transgénica, de la deforestación y la expulsión de familias campesinas por las corporaciones del agronegocio.

La huelga general viene precedida de varias semanas de agitación popular contra todas las instituciones de un Estado insensible, cuya indiferencia frente a los graves problemas de exclusión social de un cuarto de la población, y una mitad en una pobreza creciente, hace pensar que sus autoridades, con Cartes a la cabeza, hacen un placer de su impunidad y de la humillación del pueblo, sin conciencia de que su principal soporte en el engaño a la opinión pública, que es la manipulación mediática, ya resulta insuficiente para frenar el hartazgo ciudadano ante tanta corrupción y manoseo de la decencia humana.
Original source: Argenpress
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