27-2-2014, ABC
Luis de Vega / bafatá (guinea bissau)
«Esta tierra nos pertenece aunque nos cueste la vida», afirma decidido Alaye Malam Mbayo, un hombre de la combativa etnia mandinga en el pueblo de Bjini (Guinea Bissau). Junto a los vecinos de Djana se han rebelado y han impedido que la empresa española Agrogeba ocupe tierras de estas comunidades para el cultivo de arroz. Otras, como las de Sare Djae o Sintchan Ioba, de etnia peul, han sucumbido al poder de la compañía, que llegó hace cuatro años al país africano de la mano del Gobierno local sin tener en cuenta a los habitantes que tradicionalmente disfrutaban las parcelas.
Se trata de uno más de los casos de acaparamiento y ocupación ilegal de tierras que tienen lugar especialmente en África y Asia, como denuncian las ONG Alianza por la Solidaridad e Intermon Oxfam en un informe hecho con fondos del Ministerio de Exteriores español que calcula en 600 las personas desplazadas de sus tierras tradicionales de cultivo y pastoreo por el conflicto con la empresa en el entorno del río Geba, en el noreste del país. Agrogeba reconoce que hay problemas pero se defiende de las acusaciones y afirma que llegó al país por el «déficit de arroz» y que los terrenos estaban «abandonados».
«Para nosotros el principal responsable es el Gobierno», afirma Filomeno Barbosa, secretario ejecutivo de la ONG local Aprodel, que trabaja desde hace más de una década en la provincia de Bafatá. «Queremos empresas privadas, pero este sistema no es bueno», recalca el director provincial de Agricultura, dependiente del Gobierno. Ambos se quejan del avión con el que fumiga Agrogeba y del uso indiscriminado de fertilizantes, herbicidas e insecticidas.
Un país hundido
Guinea Bissau está a la cola en el Índice de Desarrollo Humano (país 176 de 186) y dos tercios de su población, que se alimenta principalmente de arroz, viven bajo el umbral de la pobreza. La historia desde su independencia de Portugal en 1974 ha sido escrita a base de golpes de Estado, como el que defenestró hace dos años al primer ministro Carlos Gomes Jr., que fue el que abrió las puertas a Agrogeba a finales de 2009.
El objetivo era que la empresa española, que ha invertido 4,5 millones de euros, se erigiera en modelo de las ansias de desarrollo del país y cultivara 3.000 hectáreas para dejar de importar arroz desde Asia, pero con las 300 que explotan en la actualidad esa realidad queda muy lejos. «Si sé que solo íbamos a trabajar 300 me quedo en España», señala Jaume Pons, gerente de Agrogeba en el interior de la fábrica, abandonada en 1992 por una empresa portuguesa.
Para poner fin al actual fiasco, el gerente no descarta una posible ayuda de fondos de la UE y reconoce su amistad con el español Joaquín González-Ducay, embajador de la UE en Bissau. Dos de los cuatro inversores de Agrogeba son dueños de la petrolera catalana Petromiralles, acusada con otras de un fraude de cien millones de euros en el pago del IVA, pero Pons no cree que esto vaya a afectar al proyecto en Bafatá.
Fincas defendidas con fusil
La llegada de Agrogeba, que pagará en total unos 1.000 euros anuales por las 6.000 hectáreas durante los próximos 99 años, supone «una contradicción para el desarrollo», entiende Filomeno Barbosa. «Aquí puede venir quien quiera a luchar contra la pobreza pero no a hacernos más pobres», dice Alaye Malam Mbayo recordando el día que un millar de personas de Bjini y Djana fueron a recuperar en manifestación las fincas en las que los empresarios españoles habían apostado un guardia armado. «Si no quieren que entremos, no entramos. Yo no quiero una guerra», dice Pons.
Hasta los niños trabajan estos días apaleando la paja para separarla del grano en esas tierras. Dicen que el hambre no conoce edad legal para colaborar ni en las tareas más duras. Apenas a un kilómetro, en esa antigua fábrica de titularidad portuguesa que les han cedido, Agrogeba dispone en sus instalaciones de una máquina que hace lo mismo a un ritmo de dos toneladas cada hora. Dos mundos el uno junto al otro.
La mayoría de las pocas decenas de vecinos de los pueblos que trabajan para los españoles ganan un sueldo de 2.000 francos (tres euros) al día y a veces reciben parte del salario en arroz. Las quejas se multiplican a la sombra de un gran mango, donde se reúnen un centenar de vecinos de Sare Djae de todas las edades. Reina el pesimismo mientras por detrás ven pasar de regreso del campo uno de los tractores de Agrogeba dejando una nube de polvo en el poblado de casas de adobe con techo de paja. «Pagamos a un tractorista más de lo que gana en Guinea Bissau un profesor», asegura el gerente de la empresa, cuya moto tipo `quadŽ despierta la atención de los vecinos.
Lejos de las leyes de Bissau sobre las que se apoya Agrogeba, los vecinos de aferran al derecho consuetudinario que les otorga el uso y disfrute de las tierras. En teoría deberían contar con la ayuda del régulo de Cosara, jefe tribal de la zona, pero entienden que este está de parte de la empresa, de la que recibe arroz. «El rey no sabe nada de la cesión de tierras por 99 años», afirma Mama Nene Balde, el régulo, hablando de sí mismo en tercera persona a la entrada de su casa, cuyo camino ha sido arreglado, como él mismo reconoce, por Agrogeba.
Más malaria y más abortos
Como en Sare Djae, tampoco hay luz, agua corriente ni nada parecido al progreso de nuestros días en Sintchan Ioba. Maimuna Balde, matrona, se queja de que «Agrogeba ha desplazado los mosquitos fumigando con su avión, por lo que la malaria se ha extendido y, unido a la malnutrición, ha elevado los abortos». «Nos sentimos abandonados por las autoridades y como extranjeros», añade Siraboi, otra vecina. Observan casi en un silencio sepulcral decenas de niños mugrientos, descalzos y con camisetas raídas y agujereadas, algunas con el nombre de Ronaldo o Messi.
El conflicto del arroz parece tomar tintes tragicómicos cuando habla el joven Serifo Dembo, de 26 años. Es otro ex empleado de Agrogeba que se queja de las condiciones laborales. Llega cojeando y con un pie inflamado por la picadura de una serpiente. Por toda cura lleva un trozo de tela de colores anudado del empeine a la planta. «No han cumplido sus promesas de llevar a cabo obras sociales como una mezquita, un centro de salud o una escuela». «Además retienen a nuestras vacas (cuando entran en los cultivos de arroz) y nos piden 40.000 francos (unos 60 euros)» para liberarlas.
«Es verdad», reconoce Pons refiriéndose a esas promesas. La escuela «se hará cuando nuestras inversiones vayan mejor». ¿Y las vacas? «Cuando no puedo ya más pillo la vaca y les pongo una multa. Pero en un año no han sido más de tres o cuatro».
luis de vega
Vecinos de Sara Djae durante una reunión sobre el problema de la llegada de la empresa Agrogeba
Vecinos de Sara Djae durante una reunión sobre el problema de la llegada de la empresa Agrogeba
Luis de Vega / bafatá (guinea bissau)
«Esta tierra nos pertenece aunque nos cueste la vida», afirma decidido Alaye Malam Mbayo, un hombre de la combativa etnia mandinga en el pueblo de Bjini (Guinea Bissau). Junto a los vecinos de Djana se han rebelado y han impedido que la empresa española Agrogeba ocupe tierras de estas comunidades para el cultivo de arroz. Otras, como las de Sare Djae o Sintchan Ioba, de etnia peul, han sucumbido al poder de la compañía, que llegó hace cuatro años al país africano de la mano del Gobierno local sin tener en cuenta a los habitantes que tradicionalmente disfrutaban las parcelas.
Se trata de uno más de los casos de acaparamiento y ocupación ilegal de tierras que tienen lugar especialmente en África y Asia, como denuncian las ONG Alianza por la Solidaridad e Intermon Oxfam en un informe hecho con fondos del Ministerio de Exteriores español que calcula en 600 las personas desplazadas de sus tierras tradicionales de cultivo y pastoreo por el conflicto con la empresa en el entorno del río Geba, en el noreste del país. Agrogeba reconoce que hay problemas pero se defiende de las acusaciones y afirma que llegó al país por el «déficit de arroz» y que los terrenos estaban «abandonados».
«Para nosotros el principal responsable es el Gobierno», afirma Filomeno Barbosa, secretario ejecutivo de la ONG local Aprodel, que trabaja desde hace más de una década en la provincia de Bafatá. «Queremos empresas privadas, pero este sistema no es bueno», recalca el director provincial de Agricultura, dependiente del Gobierno. Ambos se quejan del avión con el que fumiga Agrogeba y del uso indiscriminado de fertilizantes, herbicidas e insecticidas.
Un país hundido
Guinea Bissau está a la cola en el Índice de Desarrollo Humano (país 176 de 186) y dos tercios de su población, que se alimenta principalmente de arroz, viven bajo el umbral de la pobreza. La historia desde su independencia de Portugal en 1974 ha sido escrita a base de golpes de Estado, como el que defenestró hace dos años al primer ministro Carlos Gomes Jr., que fue el que abrió las puertas a Agrogeba a finales de 2009.
El objetivo era que la empresa española, que ha invertido 4,5 millones de euros, se erigiera en modelo de las ansias de desarrollo del país y cultivara 3.000 hectáreas para dejar de importar arroz desde Asia, pero con las 300 que explotan en la actualidad esa realidad queda muy lejos. «Si sé que solo íbamos a trabajar 300 me quedo en España», señala Jaume Pons, gerente de Agrogeba en el interior de la fábrica, abandonada en 1992 por una empresa portuguesa.
Para poner fin al actual fiasco, el gerente no descarta una posible ayuda de fondos de la UE y reconoce su amistad con el español Joaquín González-Ducay, embajador de la UE en Bissau. Dos de los cuatro inversores de Agrogeba son dueños de la petrolera catalana Petromiralles, acusada con otras de un fraude de cien millones de euros en el pago del IVA, pero Pons no cree que esto vaya a afectar al proyecto en Bafatá.
Fincas defendidas con fusil
La llegada de Agrogeba, que pagará en total unos 1.000 euros anuales por las 6.000 hectáreas durante los próximos 99 años, supone «una contradicción para el desarrollo», entiende Filomeno Barbosa. «Aquí puede venir quien quiera a luchar contra la pobreza pero no a hacernos más pobres», dice Alaye Malam Mbayo recordando el día que un millar de personas de Bjini y Djana fueron a recuperar en manifestación las fincas en las que los empresarios españoles habían apostado un guardia armado. «Si no quieren que entremos, no entramos. Yo no quiero una guerra», dice Pons.
Hasta los niños trabajan estos días apaleando la paja para separarla del grano en esas tierras. Dicen que el hambre no conoce edad legal para colaborar ni en las tareas más duras. Apenas a un kilómetro, en esa antigua fábrica de titularidad portuguesa que les han cedido, Agrogeba dispone en sus instalaciones de una máquina que hace lo mismo a un ritmo de dos toneladas cada hora. Dos mundos el uno junto al otro.
La mayoría de las pocas decenas de vecinos de los pueblos que trabajan para los españoles ganan un sueldo de 2.000 francos (tres euros) al día y a veces reciben parte del salario en arroz. Las quejas se multiplican a la sombra de un gran mango, donde se reúnen un centenar de vecinos de Sare Djae de todas las edades. Reina el pesimismo mientras por detrás ven pasar de regreso del campo uno de los tractores de Agrogeba dejando una nube de polvo en el poblado de casas de adobe con techo de paja. «Pagamos a un tractorista más de lo que gana en Guinea Bissau un profesor», asegura el gerente de la empresa, cuya moto tipo `quadŽ despierta la atención de los vecinos.
Lejos de las leyes de Bissau sobre las que se apoya Agrogeba, los vecinos de aferran al derecho consuetudinario que les otorga el uso y disfrute de las tierras. En teoría deberían contar con la ayuda del régulo de Cosara, jefe tribal de la zona, pero entienden que este está de parte de la empresa, de la que recibe arroz. «El rey no sabe nada de la cesión de tierras por 99 años», afirma Mama Nene Balde, el régulo, hablando de sí mismo en tercera persona a la entrada de su casa, cuyo camino ha sido arreglado, como él mismo reconoce, por Agrogeba.
Más malaria y más abortos
Como en Sare Djae, tampoco hay luz, agua corriente ni nada parecido al progreso de nuestros días en Sintchan Ioba. Maimuna Balde, matrona, se queja de que «Agrogeba ha desplazado los mosquitos fumigando con su avión, por lo que la malaria se ha extendido y, unido a la malnutrición, ha elevado los abortos». «Nos sentimos abandonados por las autoridades y como extranjeros», añade Siraboi, otra vecina. Observan casi en un silencio sepulcral decenas de niños mugrientos, descalzos y con camisetas raídas y agujereadas, algunas con el nombre de Ronaldo o Messi.
El conflicto del arroz parece tomar tintes tragicómicos cuando habla el joven Serifo Dembo, de 26 años. Es otro ex empleado de Agrogeba que se queja de las condiciones laborales. Llega cojeando y con un pie inflamado por la picadura de una serpiente. Por toda cura lleva un trozo de tela de colores anudado del empeine a la planta. «No han cumplido sus promesas de llevar a cabo obras sociales como una mezquita, un centro de salud o una escuela». «Además retienen a nuestras vacas (cuando entran en los cultivos de arroz) y nos piden 40.000 francos (unos 60 euros)» para liberarlas.
«Es verdad», reconoce Pons refiriéndose a esas promesas. La escuela «se hará cuando nuestras inversiones vayan mejor». ¿Y las vacas? «Cuando no puedo ya más pillo la vaca y les pongo una multa. Pero en un año no han sido más de tres o cuatro».
