El expresidente Álvaro Uribe sabía de las formas de acaparamiento de baldíos en la altillanura y no lo conoció por los medios de comunicación sino por carta del Grupo multinacional Monica Semillas, denunció el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias Castillo.
Las irregulares modalidades de acumulación de baldíos, descritas en las investigaciones sobre Cargill, Riopaila Castilla o Timberland Holding, le fueron explicadas al entonces presidente Álvaro Uribe por la multinacional brasileña y de ello dieron noticia los medios especializados de la época, precisó el congresista del Polo.
Por ello, Arias Castillo interpuso una denuncia contra el exmandatario ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el congresista Arias, en febrero de 2012. En los anexos de la causa penal, el parlamentario sostiene que en la mencionada carta, cuyos comprometedores apartes reprodujo la revista "El Cerealista", Monica Semillas le explica a Uribe cómo vienen procediendo en esa zona del país con el fin de lograr "plasmar proyectos agrícolas".
En su denuncia Arias recuerda fragmentos de dicha misiva: “En síntesis, inversionistas nacionales o foráneos con capacidad de explotar grandes extensiones se ven limitados porque no pueden adquirir terrenos que sobrepasen la mensura establecida en hectáreas para la UAF. Este solo hecho desestimula la inversión, pues hace necesario recurrir a la creación de muchas sociedades, para poner en cabeza de socios o de terceros, cada UAF que se adquiere para plasmar proyectos agrícolas (…)”, dijo el Grupo brasileño al entonces presidente Uribe.
Sin embargo, el gobierno de Uribe no sólo omitió las denuncias, sino que premió la acumulación de baldíos mediante fraccionamiento empresarial. Según información del Ministerio de Agricultura, en respuesta al derecho de petición formulado por el representante Arias, se reporta que entre 2009 y 2010 se le entregó a 4 de las 7 empresas creadas para acumular baldíos, $3.659 millones de pesos mediante Agro Ingreso Seguro.
Según Arias Castillo, "es evidente que Uribe Vélez conocía de antemano la estrategia de fraccionar predios y empresas, que diferentes empresarios nacionales y extranjeros, utilizaron no solo para acceder a subsidios del Estado, sino también para acaparar tierras violando las restricciones legales. La responsabilidad penal y política de Álvaro Uribe y Andrés Felipe Arias frente a estos hechos es palmaria".
Pero en esa modalidad de permitir la acaparación de tierras, el gobierno de Santos es continuista: sus proyectos de Ley han pretendido "legalizar" dichas transacciones, puntualizó el parlamentario del Polo Democrático.
