¿Precursor de una nueva forma internacional de toma de decisiones?

Por Sofia Monsalve, FIAN Internacional

La primera sesión del reformado Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), que concluyó el día 16 de octubre, había sido ansiosamente esperada. Por lo menos cinco asuntos muy relevantes aparecían en la agenda: la seguridad alimentaria en crisis prolongadas, la volatilidad de los precios de la alimentación, el desarrollo de un Marco Estratégico Global para la Seguridad Alimentaria, y el tema de la tenencia de la tierra y la inversión internacional en la agricultura.

Ya la introducción del tema de tierra entre los asuntos claves de la agenda del CSA merece reconocimiento. La falta de acceso a la tierra y los recursos naturales de los/-as pobres urbanos y rurales sigue siendo una de las principales causas del hambre y la pobreza en el mundo. Ahora más que nunca, a la luz del auge actual de conflictos por tierras y recursos naturales, de desalojos forzosos y masivos, de desplazamientos violentos y de la (re)concentración de tierra y recursos naturales en las manos de unos pocos/-as, debido a las nuevas formas de acaparamiento de tierras. En cierto modo, el dar una respuesta internacional a los problemas actuales sobre la tierra pone a prueba la efectividad del CSA.

En concreto, el CSA debatió dos iniciativas en la mesa redonda sobre políticas: las Directrices Voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tierra y los recursos naturales (DV) y los Principios para unas Inversiones Responsables en la Agricultura que respeten los derechos, los medios de subsistencia y los recursos (IRA).

Durante el foro de la sociedad civil, celebrado con anterioridad al CSA, las organizaciones, entre las que se incluían los/-as miembros del grupo de trabajo del CIP sobre reforma agraria y territorio, tales como La Vía Campesina, el Consejo Internacional de Tratados Indios, la Coalición de Mujeres Asiáticas Rurales, PROPAC, Focus on the Global South y FIAN , junto con otras organizaciones como OXFAM, desarrollaron una posición común que fue presentada en la mesa redonda sobre políticas del CSA.

Esta posición incluía los siguientes puntos clave:

1. Recordar la importancia de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR), e instar a los Estados para que implementen los compromisos que adoptaron en la declaración final de la CIRADR, en lo relativo al acceso seguro y control sobre la tierra y los recursos naturales para productores de alimentos a pequeña escala, una reforma agraria genuina y políticas para el desarrollo rural sostenible.

2. Pedir al CSA que apoye las Directrices de la FAO para la tierra y los recursos naturales, con atención especial a lo siguiente:

• Reiterar la importancia de basar las directrices en instrumentos vigentes del derecho internacional de derechos humanos.
• Establecer un grupo de trabajo intergubernamental para construir adecuadamente un consenso sobre el texto de las directrices.
• Estas directrices son un paso crucial en el fortalecimiento del régimen existente de protección de los derechos de los productores y proveedores locales de alimentos; otras medidas e iniciativas deberán seguir fortaleciendo dicho régimen, por ejemplo, regulando las operaciones financieras internacionales, el comercio internacional, etc.

3. Pedir al CSA que no aprueben los IRA, ya que no son un instrumento adecuado para regular las inversiones privadas; además, los principios IRA se han formulado mediante un proceso exclusivo sin la participación de las comunidades y sectores sociales más afectados por las inversiones agrícolas, especialmente las inversiones privadas. Sin duda, se necesitan marcos legales internacionales ejecutables y regulaciones públicas para todas las inversiones relacionadas con la tierra, incluyendo provisiones sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados, para regular y hacer responsable a las compañías privadas de sus operaciones en el extranjero.

4. Pedir una moratoria para las grandes adquisiciones de tierras (contrato o compra) por compañías privadas, dada la urgencia de los problemas de despojo, desalojos y desplazamientos generados por la inversión privada a gran escala.

5. Solicitar al CSA el comienzo de un debate abierto e inclusivo sobre los tipos de inversiones agrícolas que se necesitan para garantizar una producción agrícola y alimentaria agro-ecológica, con una debida atención para los distintos tipos de productores de alimentación (pueblos indígenas, pastores nómadas, pescadores artesanales, y campesinos/-as), teniendo consideración especial con las necesidades de las mujeres y los/-as jóvenes.

Los/-as participantes, tanto los/-as representantes de los gobiernos como de la sociedad civil expresaron un apoyo universal para continuar con el proceso de elaboración de las Directrices de la FAO. El debate se centró en cómo, y sobre todo, cuándo aprobar las Directrices. Mientras la Unión Europea quería que las Directrices fuesen adoptadas en la próxima Conferencia de la FAO en junio 2011, China, Afganistán, y México no querían concretar una fecha exacta para su aprobación. Entonces, FIAN intervino vigorosamente e instó a los gobiernos para que tomasen acción sin retraso en uno de los temas más urgentes de nuestro tiempo; esta intervención dio lugar al compromiso acordado: las Directrices se presentarán en la próxima sesión del CSA en octubre del 2011. En cuanto a la modalidad de la negociación, el CSA aceptó la propuesta de las CSO de establecer un grupo de trabajo intergubernamental para revisar el primer borrador de las Directrices, que será presentado por el equipo de Tenencia de Tierra de la FAO a principios de 2011.

Sobre los IRA, varios gobiernos, particularmente Sur África, Egipto, en nombre del grupo del oriente próximo, China y los/-as representantes de la sociedad civil expresaron una fuerte oposición a la aprobación de los IRA. Como las OSC, los gobiernos adujeron que no había habido un proceso consultativo adecuado en lo relativo a esta iniciativa. Al final, el CSA no endorsó este proceso, pero sólo tomó nota de él y decidió, en línea con su papel, comenzar un proceso inclusivo de consideración de los IRA en el seno del CSA.

Ambas decisiones del CSA representan un logro importante del grupo de trabajo del CIP para la reforma agraria y el territorio.Si los movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil pueden discutir en igualdad de condiciones con sus gobiernos, se marca una gran diferencia en los resultados. El Banco Mundial y otras agencias de la ONU no pueden seguir promoviendo los IRA, legitimando de este modo la adquisición de tierras a gran escala. Sin duda, los IRA se vieron debilitados. Un debate inclusivo sobre cómo regular todas las inversiones relacionadas con la tierra, incluyendo provisiones sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados en la regulación y en hacer a las compañías responsables de sus operaciones en el extranjero, sin duda está a la orden del día. En este punto, quizás no estemos de acuerdo con los países que bloquearon el debate sobre los IRA en el CSA. En general, esperamos que el CSA aborde, en sus debates del año que viene, la siguiente pregunta clave: ¿Qué tipos de inversión agrícola son necesarios para apoyar la producción agrícola y alimentaria agro-ecológica con una debida atención a los distintos tipos de productores de alimentos (pueblos indígenas, pastores nómadas, pescadores artesanales, y campesinos/-as), y teniendo consideración especial para las mujeres y los/as jóvenes?

Por otro lado, esperamos un proceso serio de negociaciones sobre las Directrices de la FAO, para que se revistan de una legitimidad y apoyo fuerte, y movilicen la voluntad política necesaria para garantizar una protección efectiva y la realización de los derechos a la tierra y los recursos naturales de las mujeres, los/-as jóvenes y los pueblos indígenas, pastores nómadas, campesinos/as, pescadores artesanales, y comunidades tradicionales. Las Directrices de la FAO pueden convertirse en un instrumento importante para combatir el acaparamiento de tierras, pero indiscutiblemente, no son el único instrumento necesario para prevenir el acaparamiento de tierras. Otras iniciativas, como regulaciones estatales obligatorias y estrictas para los inversionistas en varios campos, como por ejemplo, mercados financieros, inversiones, agricultura y políticas de comercio, también deben ser desarrollados.

Mientras se lleve a término este proceso, reiteramos nuestra llamada a una moratoria en las adquisiciones de tierras a gran escala (contrato o compra) por compañías privadas dada la urgencia de los problemas de despojo, desalojos, y desplazamientos surgidos a causa de la inversión privada a gran escala. También nos comprometemos a apoyar la lucha de las comunidades locales contra el acaparamiento de tierras y a construir alianzas fuertes que mantengan la tierra en manos de los/as campesinos/as, pueblos indígenas, pescadores artesanales, pastores nómadas, y comunidades tradicionales.