Los intereses económicos sobre las tierras y territorios en Colombia han estado en función de implementar proyectos agroindustriales que representan una serie de beneficios económicos y políticos para quienes se lucran de estas actividades. Estas iniciativas de tipo empresarial afectan a las comunidades rurales campesinas, indígenas y afrocolombianas, especialmente porque el uso y control de las tierras se encuentra subordinado a los propósitos de acumulación, mientras que la relación cultural, económica y social que mantienen las comunidades rurales se encuentra relegada.
Respaldamos en su totalidad la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 1776 de 2016, y le solicitamos respetuosamente a la Corte Constitucional declare inconstitucional esta ley, por ser un instrumento jurídico que incentiva la concentración y el control de la tierra en Colombia, mediante la creación de zonas especiales para promover proyectos agroindustriales de tipo extractivista, que afecta los agroecosistemas, vulneran los derechos territoriales y los tejidos socieconómicos de las comunidades rurales, también afectan los medios de vida, los sistemas productivos locales, la soberanía y la autonomía alimentaria del país.
