21-10-2015, Adital
Marcela Belchior, Adital
En varias partes del mundo, grandes corporaciones y gobiernos han discutido sobre cómo invertir y explotar de manera responsable, tierras y florestas. Pero los recursos hoy utilizados, de hecho, ¿respetan los ecosistemas o simplemente respaldan una demanda cada vez más elocuente de la sociedad? Quien pregunta es la organización internacional Grain, que apoya a campesinos y movimientos sociales en la lucha por el mantenimiento de la biodiversidad y el control comunitario de los sistemas alimentarios. En un informe, la entidad alerta sobre los riesgos de medidas vacías del Estado y de empresas para contener la exigencia global de cuidados del medio ambiente.
La organización llama la atención sobre el hecho de que son las propias corporaciones las que más presionan para que haya normas, directrices, protocolos y regulaciones relacionadas con la monopolización de tierras. Según la Grain, esas corporaciones necesitan de tales marcos de referencia para proseguir con sus negocios y continuar obteniendo lucros, sin que la insatisfacción de la población crezca.
"Y los gobiernos y las agencias intergubernamentales les han seguido la corriente: en los últimos años han producido una inmensa variedad de nuevas directrices y principios para regular el acaparamiento de tierra”, complementa el informe de la Grain. Otro importante actor en este juego de intereses en torno de la explotación de los recursos naturales serían las organizaciones de la sociedad civil, a medida que éstas ejercen presión para que se aprueben normas y acuerdos sobre la explotación de tierras.
De acuerdo con la entidad, sin embargo, la llamada inversión responsable en tierras agrícolas es una "mala noticia”. La organización explica: "A primera vista puede parecer buena idea. ¿Quién podría oponerse a un código de ética que orientase las inversiones del agronegocio? Pero políticamente y en la práctica, la inversión ‘responsable’ rara vez funciona en favor de las comunidades locales”, afirma.
Según la Grain, tales acuerdos y normas crean una ilusión de responsabilidad que responde a las necesidades de los inversores, de las agencias donantes y de elites políticamente influyentes, no a las demandas de las comunidades. "En concreto lo que testimoniamos en el terreno donde ocurren los acontecimientos es que casi todos los llamados esquemas de inversión responsable no son sino mecanismos de relaciones públicas”, critica la organización.
En el informe, la Grain explica que debido a la creciente fiscalización pública, las corporaciones se ven cada vez más presionadas a hacer algo para no ser calificadas de monopolizadoras de tierra, o para que no sean vinculadas con la devastación de florestas y otros impactos sociales y ambientales negativos, que devienen de las inversiones agrarias. "Para evitar el boicot de los consumidores o medidas legales que pudiesen restringir sus actividades, se están apresurando a generar sus propias normas internas o a adoptar normas externas, para poder ponerle el sello de ‘inversión responsable’ a sus plantaciones, fondos de tierra agrícola, sus participaciones accionarias o sus cadenas de abastecimiento”, indica.
En el documento se observa también que los gobiernos, principalmente los de los países industrializados, también han multiplicado esfuerzos para facilitar las inversiones responsables en tierras agrícolas, tratando de convertir en legislación nacional las llamadas "Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la posesión de tierra, de la pesca y de las florestas, en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”. Varias organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales también han promovido la inversión responsable como una cuestión estratégica, sin que se tengan en cuenta, de hecho, las necesidades de las comunidades directamente afectadas.
Qué hacer
Para contener este tipo de tendencia, la Grain sostiene que es preciso permanecer presionando al Estado y a las grandes corporaciones, a través del trabajo en los medios de comunicación, cuestionamientos públicos, campañas, movilizaciones, investigaciones, resistencias y acciones directas. Además, la organización alerta sobre la importancia de denunciar lo que los monopolios realmente significan: procesos de violencia y devastación, corrupción, violación de derechos humanos, evasión de impuestos y otros delitos, que comprometen directamente la vida de las poblaciones locales.
"Por supuesto, se necesitan diversas estrategias y tácticas. Pero para los grupos de la sociedad civil es importante desde el punto de vista político fijar un límite y no buscar que las inversiones en acaparamiento de tierra sean más amables, menos agresivas, más inclusivas o menos abusivas. El acaparamiento de tierras, incluso si se lleva a cabo de la mejor forma posible es incompatible con la soberanía alimentaria, los derechos humanos y el bienestar de las comunidades locales. El acaparamiento debe ser denunciado y es urgente detenerlo”, alerta la Grain.
Marcela Belchior, Adital
En varias partes del mundo, grandes corporaciones y gobiernos han discutido sobre cómo invertir y explotar de manera responsable, tierras y florestas. Pero los recursos hoy utilizados, de hecho, ¿respetan los ecosistemas o simplemente respaldan una demanda cada vez más elocuente de la sociedad? Quien pregunta es la organización internacional Grain, que apoya a campesinos y movimientos sociales en la lucha por el mantenimiento de la biodiversidad y el control comunitario de los sistemas alimentarios. En un informe, la entidad alerta sobre los riesgos de medidas vacías del Estado y de empresas para contener la exigencia global de cuidados del medio ambiente.
La organización llama la atención sobre el hecho de que son las propias corporaciones las que más presionan para que haya normas, directrices, protocolos y regulaciones relacionadas con la monopolización de tierras. Según la Grain, esas corporaciones necesitan de tales marcos de referencia para proseguir con sus negocios y continuar obteniendo lucros, sin que la insatisfacción de la población crezca.
"Y los gobiernos y las agencias intergubernamentales les han seguido la corriente: en los últimos años han producido una inmensa variedad de nuevas directrices y principios para regular el acaparamiento de tierra”, complementa el informe de la Grain. Otro importante actor en este juego de intereses en torno de la explotación de los recursos naturales serían las organizaciones de la sociedad civil, a medida que éstas ejercen presión para que se aprueben normas y acuerdos sobre la explotación de tierras.
De acuerdo con la entidad, sin embargo, la llamada inversión responsable en tierras agrícolas es una "mala noticia”. La organización explica: "A primera vista puede parecer buena idea. ¿Quién podría oponerse a un código de ética que orientase las inversiones del agronegocio? Pero políticamente y en la práctica, la inversión ‘responsable’ rara vez funciona en favor de las comunidades locales”, afirma.
Según la Grain, tales acuerdos y normas crean una ilusión de responsabilidad que responde a las necesidades de los inversores, de las agencias donantes y de elites políticamente influyentes, no a las demandas de las comunidades. "En concreto lo que testimoniamos en el terreno donde ocurren los acontecimientos es que casi todos los llamados esquemas de inversión responsable no son sino mecanismos de relaciones públicas”, critica la organización.
En el informe, la Grain explica que debido a la creciente fiscalización pública, las corporaciones se ven cada vez más presionadas a hacer algo para no ser calificadas de monopolizadoras de tierra, o para que no sean vinculadas con la devastación de florestas y otros impactos sociales y ambientales negativos, que devienen de las inversiones agrarias. "Para evitar el boicot de los consumidores o medidas legales que pudiesen restringir sus actividades, se están apresurando a generar sus propias normas internas o a adoptar normas externas, para poder ponerle el sello de ‘inversión responsable’ a sus plantaciones, fondos de tierra agrícola, sus participaciones accionarias o sus cadenas de abastecimiento”, indica.
En el documento se observa también que los gobiernos, principalmente los de los países industrializados, también han multiplicado esfuerzos para facilitar las inversiones responsables en tierras agrícolas, tratando de convertir en legislación nacional las llamadas "Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la posesión de tierra, de la pesca y de las florestas, en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”. Varias organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales también han promovido la inversión responsable como una cuestión estratégica, sin que se tengan en cuenta, de hecho, las necesidades de las comunidades directamente afectadas.
Qué hacer
Para contener este tipo de tendencia, la Grain sostiene que es preciso permanecer presionando al Estado y a las grandes corporaciones, a través del trabajo en los medios de comunicación, cuestionamientos públicos, campañas, movilizaciones, investigaciones, resistencias y acciones directas. Además, la organización alerta sobre la importancia de denunciar lo que los monopolios realmente significan: procesos de violencia y devastación, corrupción, violación de derechos humanos, evasión de impuestos y otros delitos, que comprometen directamente la vida de las poblaciones locales.
"Por supuesto, se necesitan diversas estrategias y tácticas. Pero para los grupos de la sociedad civil es importante desde el punto de vista político fijar un límite y no buscar que las inversiones en acaparamiento de tierra sean más amables, menos agresivas, más inclusivas o menos abusivas. El acaparamiento de tierras, incluso si se lleva a cabo de la mejor forma posible es incompatible con la soberanía alimentaria, los derechos humanos y el bienestar de las comunidades locales. El acaparamiento debe ser denunciado y es urgente detenerlo”, alerta la Grain.
