La Ecuarunari inició ayer un análisis interno del proyecto de Ley de Tierras, cuyo informe está listo para entrar en primer debate en la Asamblea Nacional. El articulado definido por la Comisión de Soberanía Alimentaria es cuestionado por los dirigentes indígenas, ya que consideran que favorece a grandes empresas agroexportadoras o terratenientes sin tener en cuenta la realidad de las comunidades.
“Queremos una verdadera reforma agraria integral que incluya la redistribución de la tierra, sancionando al acaparador, al concentrador de la tierra, que es quien hace prácticas depredadoras con el ambiente”, dijo Carlos Pérez Guartambel. Según sus cifras, apenas el 5% de propietarios privados concentra el 60% de las tierras aptas para el cultivo.
En este sentido, y aparte de que se sancione el acaparamiento de tierra, la Ecuarunari espera que en la propuesta de normativa se incorporen otros tres elementos: que se exonere del pago del impuesto predial a quienes tengan menos de 10 hectáreas de terreno que sea destinado al cultivo, que se deje en libertad para parcelar la tierra y que en territorios ancestrales se permita a las comunidades ejercer la autodeterminación.
Los argumentos
Fernando Cabascango, presidente del Consejo de Gobierno del Pueblo Kitu Kara, aseguró que al plantear que las tierras tienen una función social porque debe estar destinada a la productividad, cierra la posibilidad de activar el tema agrario a las comunidades.
“Las que pueden activar el tema de la productividad son las empresas privadas, no las comunas y comunidades, por falta de acceso a créditos”, manifestó Cabascango. Esta dificultad impediría acceder a las tierras productivas que se quedarían en manos de quienes tienen recursos para producir, es decir grandes empresas.
Por su parte, Delfín Tenesaca, representante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas y Sociales de Chimborazo, concuerda en que la finalidad de la normativa es favorecer los intereses de los agroexportadores. “No se quiere topar los problemas serios que hay en el país. Por ejemplo, tocar la distribución y redistribución de tierras, tampoco se respeta los territorios de los pueblos indígenas, las tierras comunitarias como son los páramos”, explicó el dirigente.
El asambleísta Mauricio Proaño (PAIS), vicepresidente de la Comisión, descarta las inquietudes de los sectores indígenas. Asegura que el acceso a la tierra estará acompañado de todo un proceso de apoyo a las comunidades. “Cuando estamos hablando de productividad estamos hablando de acceso a crédito, de seguro agrícola, de asistencia técnica, capacitación, comercialización”, aseguró el legislador. (HCR)
El Dato
En el informe se recomienda al pleno que se convoque a consulta prelegislativa.
