África: Llamado a la transparencia ante significativo aumento de la venta de tierras

10-5-2012, Global Voices

En el blog Global Development del periódico británico The Guardian, se informa [en] que una coalición internacional de investigadores y ONG difundió la mayor base de datos pública del mundo sobre la compra y venta internacional de tierras [en]. Esta publicación es crucial, ya que destaca un problema del desarrollo que ha recibido poca atención en el ciclo de noticias internacionales.

En el informe se asegura que, desde el año 2000, casi un 5% de las tierras agrícolas del África fueron compradas o arrendadas por distintos inversionistas. También se enfatiza que no se trata de una práctica nueva, pero  que la cantidad de negocios relacionados con la compra-venta de tierras se incrementó excesivamente durante los últimos cinco años.

Varios analistas alertan cada vez con más frecuencia que tales manejos de las tierras se llevan a cabo en los países más pobres del mundo, afectando directamente a sus poblaciones más vulnerables: los pequeños agricultores. Por otro lado, los beneficios para la población general resultan mínimos, en parte debido a la falta de transparencia propia de este tipo de negociados.

En otro informe realizado por la ONG Global Witness, titulado Dealing with Disclosure (Negociando abiertamente) [en], se resalta la imperiosa necesidad de transparencia durante la elaboración de los contratos de compra y venta de tierras.

El objetivo: las naciones más pobres del mundo

El informe de Global Witness ofrece una lista de 754 casos identificados de venta de tierras, la mayoría de las cuales se produjo en países africanos, abarcando un total aproximado de 56,2 millones de hectáreas.

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Los países más afectados por la venta de tierras a extranjeros. Fuente: Land Matrix Project

Los territorios en los que estos negocios abundan suelen pertenecer a algunas de las naciones más pobres del mundo. Los países más afectados son Mozambique (92 casos), Etiopía (83), Tanzania (58) y Madagascar (39). Algunos de dichos negociados ocuparon titulares destacados en los medios de comunicación, dado que su verdadero objetivo era controlar las importaciones de alimentos en momentos en que las regiones implicadas enfrentaban graves crisis alimentarias.

En un detallado informe presentado en 2008 por la ONG GRAIN, se precisa la verdadera causa de preocupación:

Las actuales crisis alimentaria y financiera, juntas, desencadenaron un nuevo ciclo mundial de apropiación de tierras. Los gobiernos con “inseguridad alimentaria”, que dependen de las importaciones para alimentar a sus pueblos, se están adueñando rápidamente de tierras agrícolas extranjeras que les permitan producir sus propios alimentos fuera del país. Las corporaciones de venta de alimentos y los inversionistas privados, ávidos de ganancias en medio de la profundización de la crisis financiera, encuentran en la inversión en tierras agrícolas extranjeras una nueva e importante fuente de ingresos. Como resultado, las tierras agrícolas fértiles son privatizadas y concentradas cada vez en menos manos. De continuar este proceso, el acaparamiento mundial de tierras podría significar el fin de la agricultura de pequeña escala y del campo como medio de vida y sustento en varias regiones del planeta.

En Malawi, la venta de tierras se incrementa sin cesar, perjudicando directamente a los agricultores locales. En un informe realizado en Bangula se describen los desafíos que enfrentan los agricultores malauíes [en]. Este es el caso de Dorothy Dyton y su familia:

Al igual que la mayoría de los agricultores minifundistas de Malawi, no contaban con los títulos de propiedad de la tierra en la que Dyton nació y, en 2009, el jefe local le informó a ella y a unos 2.000 agricultores más que poblaban el área, que las tierras que ocupaban habían sido vendidas y que ellos ya no podrían cultivar allí. […] Desde entonces, cuenta Dyton, “la vida se volvió muy dura para nosotros”. Dado que la comunidad está “encerrada” entre un coto de caza, el río Shire y la frontera de Mozambique, no tiene acceso a otras tierras cultivables. Hoy, los miembros de la familia de Dyton sobreviven a duras penas gracias a la venta de leña que obtienen de un bosque cercano.

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Preparación de la tierra en Madagascar. Fotografía por Foko Madagascar, publicada con permiso del autor.

Los agricultores de Madagascar comparten inquietudes similares, ya que tampoco poseen títulos de propiedad de las tierras que cultivan, y sus gobiernos no han implementado aún una reforma efectiva para la tenencia de la tierra. La asociación malgache Terres Malgaches encabeza las acciones de protección de las tierras para la población local. En sus informes aseguran que [fr]:

 Les familles malgaches ne possèdent pas de document foncier pour sécuriser leurs terres contre les accaparements de toutes sortes. En effet, depuis la colonisation, l’obtention de titres fonciers auprès de l’un des 33 services des domaines d’un pays de 589 000 km2 nécessite 24 étapes, 6 ans en moyenne et jusqu’à 500 dollars US. (..) .  Face aux convoitises et accaparements dont les terres malgaches font l’objet actuellement, seule la possession d’un titre ou d’un certificat foncier, seuls documents juridiques reconnus, permet d’entreprendre des actions en justice en cas de conflit.

Las familias malgaches no poseen la documentación necesaria para garantizar la propiedad de las tierras en las que viven. De hecho, desde la época colonial, para poder obtener tal documentación se requiere atravesar un proceso de aproximadamente 24 pasos que conlleva casi 6 años de duración y puede demandar hasta 500 dólares estadounidenses. En el mundo entero existen solo unos 33 organismos capaces de otorgar este tipo de documentos a los habitantes de un país de 589.000 kilómetros cuadrados […]. Frente a la creciente captación de tierras que amenaza hoy a Madagascar, este certificado es el único documento que podría habilitar una acción legal en caso de conflicto.

La asociación también informa acerca de la actividades que realiza una explotación minera de la empresa Sheritt en Ambatovy. Sheritt es reconocida en el ámbito de la blogósfera local debido a sus malas prácticas comerciales y a las preocupaciones medioambientales [en] que provoca entre las poblaciones locales afectadas (fuente: MiningWatch Canada [en]):

El proyecto que lleva a cabo Sherritt International en Ambatovy, al este de Madagascar —con un costo de infraestructura de $5,5 mil millones, y cuya puesta en funcionamiento pleno fue programada para este mes de mayo— incluye una gran cantidad de minas a cielo abierto (…) y se mantendría en funcionamiento durante 29 años. Los miles de habitantes locales que viven cerca de la nueva explotación ya se muestran sumamente preocupados por el proyecto. Dicen que sus campos son destruidos, el agua está sucia, los peces de los ríos aparecen muertos y se han producido deslizamientos de tierra en sectores cercanos al pueblo. Durante las pruebas de funcionamiento de la nueva planta se produjeron al menos cuatro filtraciones diferentes de dióxido de azufre provenientes de la planta hidrometalúrgica, y los habitantes sostienen que al menos dos adultos y dos bebés murieron por envenenamiento, y que al menos 50 personas más están ahora enfermas. En enero, algunos obreros de Ambatovy que fueron despedidos por la empresa comenzaron una huelga no autorizada argumentando que la empreza prometió contratarlos una vez terminada la obra, pero no lo hizo. La población de ciudades cercanas, como Moramanga, afirma que sus hijas son empleadas en forma creciente como prostitutas.

¿Soluciones para la población local? 

La grave situación que enfrentan los agricultores malgaches podría estar cambiando lentamente. Según este informe [en], las conversaciones por una reforma de la tenencia de la tierra están progresando:

De acuerdo a un escrito [en] presentado en la Conferencia Internacional sobre Acaparamiento de Tierras (Global Land Grabbing) de 2011, entre los años 2005 y 2010 se anunciaron unos 50 proyectos agropecuarios, 30 de los cuales continúan en actividad y cubren un área total aproximada de 150.000 ha. Estos proyectos incluyen plantaciones para obtener biocombustibles a partir de caña de azúcar, mandioca y jatrofa.
Para detener los efectos negativos del acaparamiento de tierras, (la ONG) EFA, financiada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estableció modelos sociales para inversores. El objetivo es ayudar a los inversores a negociar con los habitantes de las áreas en las cuales desean implementar sus proyectos, de modo de prevenir problemas futuros.

Joachim Von Braun, ex miembro del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés), se expresó en relación a los negocios por las tierras de la siguiente manera [en]:

Estos acuerdos se negocian adecuadamente teniendo en cuenta los intereses a largo plazo de los inversionistas, los gobiernos locales y la población aledaña implicados. Las prácticas que llevamos a cabo son sustentables y los beneficios obtenidos son compartidos. Dado que la naturaleza de tales acuerdos es transnacional, ningún mecanismo institucional podría garantizar tales resultados por sí solo. Lo que se necesita, en cambio, es una combinación de leyes internacionales, políticas gubernamentales y el involucramiento de la sociedad civil, los medios y las comunidades locales, de modo de minimizar las amenazas y materializar los beneficios.

La necesidad de transparencia en los procesos de compra y venta de tierras es también enfatizada por Megan MacInnes [en], una de las principales defensoras de la campaña por las tierras de Global Witness:

Demasiadas personas ignoran los negocios que incluyen enormes cantidades de tierras y que podrían destruir sus viviendas y sus medios de vida. Todos entienden que esto debe cambiar, pero la manera de realizar ese cambio no es clara. Por primera vez, este informe (Dealing with Disclosure [en]) propone en detalle las herramientas que los gobiernos, las empresas y los ciudadanos podrían adoptar para descorrer el velo de secretos que cubre a los procesos de adquisición de tierras. Para aumentar la transparencia en otros sectores es necesario aprender de los esfuerzos realizados y observar todo lo que implica el trabajo por la tierra. Los encargados de demostrar que realmente no están generando daños son las empresas, y no las comunidades con un acceso restringido a la información y sin el poder necesario para demostrar que la venta de sus tierras los está afectando negativamente.

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